Julieta Pineda Cortes
Expediente 2001/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2001/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/01/2022
Partes del expediente
- Julieta Pineda Cortes
- Comité Ejecutivo Sindical del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
Actuaciones
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de enero de dos mil veintidós. Parte quejosa solicita devolución de billete. ..., -parte quejosa-, solicita la devolución del billete de depósito ..., expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión definitiva decretada a su favor, en determinación del dieciocho de febrero de dos mil veinte. Atento a su contenido, dígasele que deberá estar a lo acordado en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se indicó que una vez que transcurriera el plazo de seis meses que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, se pondría a disposición de la parte quejosa el billete de mérito, por lo que toda vez que aún no fenece el plazo indicado, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado. No obstante lo anterior, dígasele que se encuentra a su disposición el diverso billete de depósito número ..., expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, a nombre del quejoso ... que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional), que exhibió a efecto de garantizar la suspensión provisional concedida en el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia y se requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "..VII. DECISIÓN 28. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Presidente Municipal de Ocoyucan, Puebla, en un plazo que no podrá ser superior a los cinco días hábiles siguientes al en que cause ejecutoria esta determinación, proceda a dar respuesta congruente, fundada y motivada a lo solicitado por la parte quejosa mediante sus escritos presentados el dieciséis y veintiuno de julio del año en curso y, hecho lo anterior, se la notifique dentro del plazo legal. 29. En el entendido que el derecho fundamental de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre las solicitudes que se le formulen más no a que se dicten conforme a sus pretensiones.". Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 2001/2021-V. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo1 autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; con relación a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tenga certeza y plena convicción2 . 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 2 Al caso resulta ilustrativa la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." (Novena Época, Registro: 186605, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia(s): Común, Tesis: 2a. LXXI/2002, Página: 448.) .. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen3 . Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que puede desecharse una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se 3 Al caso resultan aplicables los criterios de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." (Época: Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." (Época: Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) ... reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto".4 Con base en estas premisas, el desechamiento de la demanda de amparo deriva, esencialmente, del hecho consistente en que la procedencia del juicio se encuentra supeditada a que el acto que se reclame constituya un acto de autoridad, tal como lo disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, 4 Época: Décima Época Registro: 2013364 Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2016 (10a.), Página: 5 . modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran, entre otras, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de tales relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en . ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. Dicho lo anterior, a fin de determinar la procedencia o no de la acción de amparo, se debe atender al caso particular, es decir, al tipo de petición que planteó la parte quejosa el diecisiete de febrero y uno de septiembre, ambos de dos mil veintiuno, pues la protección de ese derecho fundamental a través del juicio de amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En efecto, el derecho de petición constituye uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos. Así es, ese derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, el cual consiste en la facultad que tiene el gobernado de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. En ese orden de ideas, el derecho de petición supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente público, obligado como tal a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.- El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001, Página: 126). Bajo esas premisas, tal como se adelantó, debe atenderse al tipo de solicitud que se formuló para conocer si el juicio de amparo resulta procedente. En el caso concreto, a través de los escritos recibidos el diecisiete de febrero (uno) y el uno de septiembre (veintidós), ambos de dos mil veintiuno, dirigidos al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, la parte quejosa presentó diversas propuestas sindicales para cubrir plazas vacantes en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, plantel 8 de Tehuacán. En esa tesitura, este juzgado federal encuentra que las peticiones que elevó la parte quejosa se ubican en el marco de una relación de coordinación entre esta última y la autoridad que señala como responsable, pues derivan, esencialmente, del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla y el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Puebla (en adelante SITRACOBP). Se afirma lo anterior, ya que las peticiones tienen como propósito que el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla cubra las vacantes temporales o definitivas, los puestos de nueva creación y las contrataciones por otra o tiempo determinado, con personal propuesto por el propio SITRACOBP; ello en términos de los artículos 10 y 11 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el referido Colegio y el SITRACOBP, que disponen: "CLÁUSULA 10.- FORMAS DE CONTRATACIÓN. El Colegio se obliga a cubrir todas las vacantes temporales o definitivas, los puestos de nueva creación y las contrataciones por obra o tiempo determinado, con personal propuesto por el SITRACOBP, en un plazo no mayor de tres días hábiles. El colegio solicitará por escrito al SITRACOBP, el personal necesario para cubrir las plazas; precisando en la solicitud: el nombre del puesto, categoría presupuestal, plantel de adscripción, turno, horario, escolaridad, experiencia requerida, descripción de las funciones inherentes al puesto, fecha de inicio de labores, periodo de registro de aspirantes y, en general, todo lo relativo a la prestación del servicio que deben cubrir. CLÁUSULA 11.- PROCEDIMIENTO PARA OCUPAR PLAZAS VACANTES. Cuando existan plazas vacantes en alguno de los planteles del Colegio o de la Dirección General, el procedimiento para ocuparlas será el siguiente: I. Se dará a conocer por parte de la autoridad de la Unidad en cuestión, al Secretario General Seccional las plazas u horas vacantes quien, a su vez, informará a los trabajadores docentes y no docentes, para que en caso de que alguno de ellos pesa el perfil adecuado y tenga la posibilidad de tiempo y horarios, las solicite. La autoridad deberá informar por escrito a todos los trabajadores de la Unidad, quienes, tendrán como máximo tres días hábiles para solicitar la plaza. II. Si en el plantel o Unidad de trabajo no es solicitada la plaza vacante, se boletinará a las demás Unidades de trabajo, mediante publicación visible, que será avalada por el Secretario General del Comité ejecutivo del SITRACOBP y el Secretario Seccional de cada Unidad de Trabajo, quien solicite la plaza vacante tendrá como máximo tres días, a partir de la fecha de publicación. III. Una vez realizado lo señalado en las fracciones I y II, y de no existir personal para cubrir la plaza, el SITRACOBP propondrá personal de nuevo ingreso, en un plazo no mayor de tres días después de la segunda publicación de vacantes en el interior del Colegio. IV. En caso de que se presente dos o más aspirantes a ocupar una misma plaza docente, o administrativa, se le otorgará a quien tenga mejor desempeño, preparación académica en el área correspondiente, y antigüedad en el Colegio. V. En caso de que no existan dos o más aspirantes que cumplan con las condiciones señaladas en la fracción IV, se recurrirá a la aplicación de un examen que de manera conjunta, Dirección General y Comité Ejecutivo acordarán y evaluarán." De ahí que el ejercicio del derecho de petición que nos ocupa, se encuentra inserto en el marco de una relación de coordinación entre la mencionada autoridad y la parte quejosa. Al respecto, resulta ilustrativo a lo aquí considerado, el criterio sostenido por el Primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ENTIDAD PÚBLICA QUE EJECUTA LA PÓLIZA DE FIANZA PACTADA EN UN CONTRATO ADMINISTRATIVO. Los contratos de ejecución de obra pública que celebra una entidad del Estado con personas físicas o morales, evidencian un acuerdo de voluntades que genera obligaciones y derechos mutuos, cuyo incumplimiento provoca consecuencias pactadas al momento de suscribirse el documento, las cuales, si bien en determinadas condiciones otorgan facultades a favor de una de las partes, no por eso implica que la relación entre las contratantes corresponda a la de supra a subordinación que existe entre una autoridad y un particular, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación voluntaria. Por lo anterior, la ejecución de una póliza de fianza contractualmente pactada, es el resultado de una facultad que se ejerce cuando no se acatan las obligaciones contraídas, y no constituye un acto unilateral que extinga por sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del gobernado, independientemente de que se ejecute sin necesidad de acudir ante los órganos judiciales, pues esa determinación se origina por el incumplimiento de las cláusulas relativas, lo que demuestra que no se trata de un acto de autoridad, sino de la consecuencia del incumplimiento del contrato. De ahí que deba estimarse que no es autoridad para efectos del juicio de amparo la entidad pública que ejecuta la póliza de fianza pactada en el contrato administrativo, por advertirse vicios ocultos."5 Por último y aunque la parte quejosa también reclamó la negativa a recibir las propuestas sindicales para cubrir las plazas vacantes del Colegio de Bachilleres, plantel 8, turno Matutino de Tehuacán, Puebla; debe precisarque que respecto de dicho acto también se actualiza la causa de improcedencia en estudio, consistente en que el acto que se reclame constituya un verdadero acto de autoridad pues, como ha sido precisado, dicho reclamo se ubica en el marco de una relación de coordinación entre la parte quejosa y la autoridad que señala como responsable, pues deriva, esencialmente, del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla y el SITRACOBP. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley respecto del acto y autoridades señaladas. 5 Registro digital: 2022316, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: (IV Región)1o.22 A (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1788 Tipo: Aislada No se soslaya que en diversos criterios, entre los que destacan las jurisprudencias 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un análisis profundo para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se advierte de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado, siempre que la improcedencia resulte clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican. Por lo tanto, en este caso, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un análisis profundo para determinar la improcedencia del juicio de amparo, ya que no se requiere hacer un ejercicio de esa naturaleza, pues tan solo se reproduce lo sostenido en las jurisprudencias antes transcritas, es decir, únicamente se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento."6 Autorizados. Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) 6 Época: Décima Época Registro: 2007580 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a). Página: 1224 en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Representante común. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud en torno que se designe como representante común a Nohemí Moreno Muñoz. Lo anterior, en virtud de que dicha figura procesal se encuentra prevista por la Ley de Amparo para el supuesto de que exista una pluralidad de partes con la misma legitimación procesal; sin embargo, en el presente asunto todos los suscribientes de la demanda acuden al presente juicio de amparo como integrantes del Comité Ejecutivo Sindical del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 8, Turno Matutino, es decir, como una unidad procesal. Exhorto para mejorar comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020,7 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se les solicita que a la brevedad proporcionen a este 7 "Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente." juzgado un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 288 del referido Acuerdo General9 , y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: 8 "Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea." 9 Y tomando en cuenta lo preceptuado en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, los diversos 3o., 5o. y 6o., del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada (FIREL) y al Expediente Electrónico, además de lo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del citado Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ? Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. ? La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU ? Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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