Julieta Paredes Pérez
Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Julieta Paredes Pérez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, a través del cual se advierte que en el juicio laboral de origen el veinticinco de mayo actual, se dictó el laudo que resuelve en definitiva dicho asunto. En ese orden de ideas, del estado procesal que guardan los autos del sumario en que se actúa, se desprende que los actos reclamados por la impetrante radican en la omisión de dictar el laudo en el expediente J.5/75/2016. Sentado lo anterior se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de los actos de los que se duele la quejosa. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad lo repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, l Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En el caso concreto, como se apuntó, la amparista acude a esta instancia constitucional aduciendo que la autoridad responsable ha omitido dictar el laudo en el expediente J.5/75/2016. No obstante, como lo expuso la responsable en su ocurso de cuenta, el veinticinco de mayo del presente año, dictó el laudo en el expediente J.5/75/2016, lo que acredita con la documental que adjunta a su informe. En tales condiciones, se pone de manifiesto que cesaron los efectos de la omisión combatida, porque, como se expuso, la responsable dictó el laudo correspondiente; de ahí que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos de los actos que motivaron el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pusiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley ... Por tal motivo, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con diez minutos del nueve de junio de dos mil veintidós. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa para formular manifestaciones con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que se procede a calificarlo. Mediante ejecutoria pronunciada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 300/2021, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: 1. Dejar insubsistente el acto reclamado. 2. En su lugar emitir una nueva resolución en la que una vez de reiterar lo que no fue materia del amparo, dictar una en la que dé respuesta, con plenitud de jurisdicción, al agravio relativo a que de proceder los alimentos provisionales para la tercera interesada, el porcentaje por la totalidad de los acreedores, no debe sobrepasar el cincuenta por ciento de la totalidad de sus ingresos, sobre todo que el rubro de vivienda se encuentra cubierto a través de la medida cautelar decretada por la referida autoridad. 3. Hecho lo cual, resuelva lo que en derecho proceda. Es decir, atendiendo los efectos del amparo, primero se debe dejar insubsistente el acto reclamado, luego dictar una nueva determinación en la que: a) Se reitere lo que no fue materia del amparo; y b) Con plenitud de jurisdicción, dar respuesta al agravio formulado por el quejoso; esto es: - En el que planteó que de proceder los alimentos provisionales para la tercera interesada, el porcentaje por la totalidad de los acreedores no debe sobrepasar el cincuenta por ciento del total de sus ingresos, en el entendido que al momento de que se verifique ese estudio, debe partirse de que el rubro de vivienda se encuentra cubierto a través de una medida cautelar que ya fue decretada. c) Hecho lo cual, resolver lo que en derecho corresponda. Luego, en proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo que, en cumplimiento a lo requerido, a través del oficio presentado en la Oficialía de Partes Común el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Tercero Familiar de Naucalpan de Juárez, Estado de México, remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós y de la resolución interlocutoria pronunciada el mismo día; determinaciones de las que se advierte que el Juez responsable: Dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de cinco de abril de dos mil veintiuno -acto reclamado-. En su lugar, emitió una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, determinó que resultaban procedentes los alimentos, en virtud de que Diana Lucía Becerra Juárez, durante el matrimonio, se dedicó al cuidado de los hijos, lo que la puso en un roll estereotipado respecto a las actividades que socialmente la mujer debe hacer, colocándola en un piso pegajoso -expresión utilizada para referirse a las tareas a las que se ha relegado a las mujeres, salir de ese espacio natural representa un obstáculo para su desarrollo profesional-, lo que le ocasionó un perjuicio, pues quedó en desventaja y desequilibrio económico; aunado a que al haberse dedicado al trabajo del hogar, no estaba en las mismas condiciones para desarrollarse profesional y laboralmente que el otro cónyuge -aquí quejoso-, principalmente, debido a que no puede brindar a ese objetivo el mismo tiempo y diligencia. Por tanto, revocó el auto recurrido y en su lugar emitió un acuerdo en el que determinó, entre otras cosas: "[.] atendiendo a la resolución del amparo en revisión 357/2021-II en la cual mencionaba que no deberá ser mayor al cincuenta por ciento de las percepciones del deudor alimentario, y asimismo tomando en consideración que en el expediente acumulado ya existe decretada una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos y con el fin de no crear una disminución del patrimonio del deudor alimentario, se estima decretar como PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, a favor de DIANA LUCÍA BERRERA JUÁREZ, la cantidad que resulte del DIEZ POR CIENTO del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias, que percibe JUAN MANUEL LLAMAS LÓPEZ como empleado del COLEGIO CEDROS NORTE [.]". Sin embargo, a consideración del suscrito, no se ha cumplido totalmente con la ejecutoria de amparo, pues la autoridad responsable fue omisa en lo siguiente: Analizar el agravio del aquí quejoso en el planteó que de proceder los alimentos provisionales para la tercera interesada, el porcentaje por la totalidad de los acreedores no debe sobrepasar el cincuenta por ciento del total de sus ingresos de la parte quejosa, sobre todo porque el rubro de vivienda se encuentra cubierto a través de una medida cautelar que ya fue decretada. En efecto, se estima que el Juez responsable, después de analizar la procedencia de los alimentos, se limitó a precisar que era procedente modificar al auto impugnado, dictando uno nuevo donde sustancialmente indicó que atendiendo a la resolución del amparo en revisión 357/2021-II en la cual mencionaba que el porcentaje de alimentos no debería ser mayor al cincuenta por ciento de las percepciones del deudor alimentario, y asimismo tomando en consideración que en el expediente acumulado ya existe decretada una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos y con el fin de no crear una disminución del patrimonio del deudor alimentario, determinó decretar como pensión alimenticia provisional a favor de Diana Lucía Berrera Juárez la cantidad que resulte del diez por ciento del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias, que percibe Juan Manuel Llamas López como empleado del COLEGIO CEDROS NORTE. Siendo que en la ejecutoria de amparo no se ordenó aplicar cierto porcentaje, sino que lo que se indicó es que debía reiterar lo que no fue materia de amparo y con plenitud de jurisdicción contestar el referido agravio del quejoso, resolviendo lo que en derecho correspondía, sin que se advierta que haya respondido expresamente tal planteamiento. Por tanto, en términos de los dispuesto por el artículo 17 Constitucional, que consigna el derecho relativo a la administración de justicia pronta y expedita, concatenado con lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se requiere a la autoridad responsable Juez Tercero Familiar de Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que tenga conocimiento de este acuerdo, dé cumplimiento total a la sentencia protectora en los términos en que fueron establecidos, debiendo adjuntar las constancias fehacientes que acrediten dicha circunstancia. En el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en autos. Finalmente, respecto a los escritos a través de los cuales la parte quejosa y tercera interesada realizaron manifestaciones con relación al cumplimiento por parte de la autoridad responsable, dígase que deberán estarse a lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese, vía electrónica a quien así lo haya solicitado.
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