Julieta Orta López

Expediente 888/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
888/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Julieta Orta López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    ... se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Julieta Orta López, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 888/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, autoridad responsable: - La omisión de dictar el auto de radicación, respecto de la demanda laboral promovida en contra del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS) En el presente caso, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]". La fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica forma o adjetiva. De ahí que de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, destacó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, como lo es por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° Constitucional. En tanto que debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. En ese contexto, por regla general, el amparo indirecto solo procede contra omisiones en materia laboral que provoquen una dilación procesal excesiva en el procedimiento de origen, esto es, cuando la autoridad laboral dicte proveídos, laudos o realizar cualquier diligencia, después de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que debió pronunciarse, o bien, diligenciar los actos procesales correspondientes. Del criterio jurisprudencial anterior, se advierte, en lo que aquí interesa, que si bien la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, dicho criterio encuentra su excepción cuando el Juez de Distrito advierta del escrito de demanda que existe una abierta demora del procedimiento, o bien, su paralización total, pues en ese sentido el juicio de derechos será procedente, por lo que estableció, que tratándose de materia laboral el juicio de amparo será procedente cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que haya concluido el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse los actos procesales, es decir, el gobernado podrá instar la instancia constitucional y reclamar la dilación procesal que impera en un juicio laboral cuando haya transcurrido el término de ley con el que contaba la autoridad para realizar determinada actuación procesal más cuarenta y cinco días naturales, pues solo en ese supuesto será procedente el referido juicio. Lo anterior es así, en razón de que en la Jurisprudencia en análisis se estableció que dicho término (cuarenta y cinco días naturales) es el periodo máximo de tiempo que prevé la Ley Federal del Trabajo para que un juicio laboral permanezca inmóvil, y, por ende, éste podía utilizarse como estándar mínimo objetivo a fin de ofrecer seguridad jurídica a las partes en el juicio. Sobre este tema, es necesario tener presente el contenido de la norma que prevé el plazo que tiene la responsable para dictar el correspondiente auto de radicación de demanda laboral. El numeral transcrito establece que cuando se presente demanda laboral dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha presentación el tribunal dictará auto de radicación señalando fecha y hora de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, ordenando emplazar a la parte demandada, corriéndole traslado con las copias simples de la demanda, documentos anexos y del acuerdo de radicación. En resumen, la lectura de la norma transcrita pone de manifiesto el plazo de tres días hábiles para que la autoridad dicte el auto de radicación una presentada la demanda laboral. Sobre tales bases, si el trece de mayo de dos mil veintidós, la impetrante presentó escrito de demanda laboral en contra del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), el plazo de tres días que le otorga la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, para dictar el auto de radicación transcurrió a partir del dieciséis al dieciocho de mayo del presente año, previo descuento de los días inhábiles. Ahora bien, como se dijo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la transcrita jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Posteriormente, en diverso criterio jurisprudencial 2a/J. 33/2019 (10a), la referida Segunda Sala del máximo Tribunal del País, estableció un estándar mínimo objetivo para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, y determinó que para efectos de la promoción de éste contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De lo cual se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la omisión combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos. Lo anterior es así, pues como se dijo, el plazo de tres días que le otorga la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, a la autoridad responsable para dictar auto de radicación transcurrió del dieciséis al dieciocho de mayo del presente año, previo descuento de los días inhábiles. Luego, el periodo de cuarenta y cinco días naturales establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzará a computarse a partir del día siguiente de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente se debió emitir el auto de radicación de la demanda laboral -diecinueve de mayo de dos mil veintidós-. Por lo que, el plazo de cuarenta y cinco días transcurre del diecinueve de mayo al dos de julio de este año, periodo que a la fecha no transcurrido. De manera que a partir de la data siguiente de que fenezca, comenzará la dilación excesiva que facultaría al quejoso concurrir al juicio de amparo indirecto a impugnarla. De ahí que la demanda de amparo promovida por Julieta Orta López, conforme al criterio jurisprudencial últimamente invocado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. En consecuencia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y los criterios jurisprudenciales mencionados en el cuerpo de esta determinación, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ángel Moran Delgadillo, Cruz Donjuan Vázquez y María de los Ángeles Ibarra Castro, toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la promovente se ostenta como la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Notifíquese personalmente.

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