Julieta Navarro Contreras

Expediente 1625/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1625/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Julieta Navarro Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por ********************, en su carácter de autorizado de la quejosa ********************, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo que nos ocupa. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias del escrito de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado Federal. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1625/2022, promovido por ********************, contra actos de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el dos del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° SALA REGIONAL DE MORELOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Actos reclamados: "El acuerdo de fecha 01 de julio de 2022". SEGUNDO. El seis de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el asunto con el número de expediente 1154/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1154/2022, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró legalmente incompetente para continuar conociendo del juicio de amparo por conocimiento previo o antecedente en favor de este Juzgado Federal, por lo que ordenó su envió. CUARTO. Con fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós, se recibió en este Juzgado Federal, oficio del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remitió el juicio de amparo 1154/2022, de su índice con motivo de la incompetencia por antecedente. En consecuencia a lo anterior, esta autoridad dictó auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, por el que se avocó al conocimiento del asunto para continuar el procedimiento, se registró con el número de expediente 1625/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: ° El acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, índice de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual se declaró cumplida la sentencia definitiva dictada en ese juicio, y se ordenó el archivo de ese juicio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia. Atento a lo anterior, en relación al acto reclamado consistente en el auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de nulidad número ********************, índice de la autoridad de denominada Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual declaró cumplida la sentencia definitiva dictada en el mismo y ordenó el archivo del expediente citado, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17 ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en el precepto 61 de la Ley de Amparo; luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir, el de quince días. Por otra parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, contiene las reglas generales de temporalidad de la presentación de la demanda de garantías, cuyo cómputo depende de la forma en que la quejosa se haya impuesto de los actos reclamados: "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y en caso de no ejercer dicho derecho dentro de ese plazo, aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido; lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable, así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede desprenderse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, así como aquellos en que suspendan las labores de los órganos jurisdiccionales, determinados por el Consejo de la Judicatura Federal, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de ésta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando este se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en preceptos 17 y 18 de la Ley de la materia; luego el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. Conforme lo anteriormente narrado se advierte, que la parte quejosa fue notificado de la determinación que ahora reclama el día ocho de agosto de dos mil veintidós, tal como se desprende de la página de internet www.tfja.gob.mx/boletín/electrónico, donde fue consultado el boletín electrónico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que constituye un hecho notorio para esta autoridad, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2o., que puede invocarse para la solución del asunto, pues se trata de información de interés público; lo anterior con relación al sello de publicación del acuerdo reclamado, mismo que se aprecia al reverso de la foja 482, del único anexo del presente juicio de amparo. De modo que, la notificación personal surtió sus efectos al día siguiente en que fue practicada en el local del Tribunal señalado como responsable, esto es el nueve de agosto de dos mil veintidós; lo anterior de conformidad con lo que establece el ordinal 70 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (antes de la reforma de trece de junio de dos mil dieciséis). Sin que pase desapercibido la constancia de notificación personal realizada en el local de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, llevada a cabo el diez de agosto de dos mil veintidós, por el Actuario adscrito, lo anterior, en razón de que debe tomarse en cuenta la primera diligencia ya mencionada, que fue medio del boletín del órgano señalado como autoridad responsable. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VIII.2o. J/22, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 652, Registro 194811, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR EXTEMPORÁNEA CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN A PARTIR DE UNA PRIMERA NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO SE HAYA PRACTICADO OTRA POSTERIOR. Cuando se desprenda de autos que la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa siguiendo los lineamientos que al efecto establezca la ley adjetiva aplicable, y luego, motu proprio, el actuario respectivo realiza otra notificación, debe desecharse por extemporánea la demanda de amparo que se intenta, si su presentación se realiza fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, computado tal plazo a partir de la primera notificación puesto que, mientras no se declare su nulidad, surte sus efectos y es desde ese momento cuando empieza a correr el citado término.". De igual forma la jurisprudencia 1a./J. 18/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 201, Registro 167683, Materia Común, Novena Época, que contenido literal siguiente: "NOTIFICACIONES EN AMPARO. SI NO SE ORDENÓ SU PRÁCTICA EN UNA FORMA ESPECÍFICA, Y SE REALIZARON DOS O MÁS DILIGENCIAS RESPECTO DE UNA MISMA RESOLUCIÓN, SE TOMARÁ EN CUENTA, PARA TODOS LOS EFECTOS PROCESALES, LA PRIMERA QUE SE HAYA LLEVADO A CABO. Cuando respecto de una misma resolución en un juicio de amparo se practiquen dos o más notificaciones a las partes, se tomará en cuenta para todos los efectos procesales aquella diligenciada en primer lugar, salvo que se haya ordenado su realización en determinada forma, pues en este caso debe atenderse a la que se practicó en el modo específicamente ordenado. Lo anterior obedece a que con la primera notificación se cumplen cabalmente los fines de las notificaciones, es decir, dar a conocer a las partes o a los interesados las resoluciones de los juzgadores y fijar un punto de partida para efectuar el cómputo del plazo de las actuaciones procesales.". Ese sentido, se parte de la premisa de que tuvo conocimiento del acto de molestia por lo menos el ocho de agosto de dos mil veintidós, cuando se realizó la publicación del boletín electrónico, por lo que su término legal de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo transcurrió en exceso, esto es, del diez al treinta de agosto, sin contar los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto, todos de dos mil veintidós, por ser inhábiles, término considerado de conformidad con el artículo 70 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (antes de la reforma de trece de junio de dos mil dieciséis), que constituye la materia del acto reclamado; en tales consideraciones, se entiende que a partir de ese momento y hasta el día en que interpuso la demanda de amparo, esto es, el uno de septiembre de dos mil veintidós, ha transcurrido en exceso el término legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; entonces, es evidente que la demanda de amparo que se estudia, en cuanto al acto reclamado es notoriamente extemporánea. Atento a lo anterior, para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que exista, que se produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las proposiciones siguientes: 1. Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con el mismo, o bien, media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y, 2. Será tácito cuando no se impugna a través del medio ordinario de defensa, o bien, por la acción de amparo y dentro de los plazos que se conceden para ello. En tanto que las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido son, precisamente, la existencia de uno anterior que se haya tolerado y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Da sustento a lo expuesto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, Volumen 139-144, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232527, de la literalidad siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, con registro digital 163172, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por tanto, al acreditarse que la presentación de la demanda fue extemporánea, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, se decreta el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de ese ordenamiento legal. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy quince de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, los oficios signado por la Secretaria en funciones de Magistrada de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante los cuales está dando cumplimiento al requerimiento que obra en autos; en consecuencia de lo anterior, se tienen por hecha la comunicación vertida, así como satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad antes mencionada, y con los oficios de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar un anexo colocándole carátula de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. Ahora bien, se precisa que el anexo referido en el párrafo que antecede no será digitalizado ni formará parte del expediente electrónico, ello es así tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Horacio Jiménez Melgar, Síndico municipal, Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal y Jessica Salgado Manjarrez, Directora de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual refieren dar contestación al requerimiento formulado por auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, informando que los recursos que conforman el gasto no etiquetado son insuficientes para dar cumplimiento a los adeudos que tiene ese Ayuntamiento; sin embargo, solicita a este juzgado requiera a la parte quejosa con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, para evitar dilaciones procesales dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la citada autoridad oficiante, así también, la información solicitada deberá proporcionarla directamente a la autoridad responsable, por lo anterior y para su conocimiento córrasele traslado con el oficio de cuenta. Ahora, no obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Horacio Jiménez Melgar, Síndico municipal, Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal y Jessica Salgado Manjarrez, Directora de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, dar debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en los presentes autos, situación que deberá acreditar dentro del término de cinco días contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente acuerdo, esto es, realice pago alguno en favor de la quejosa, ya que no le efectúa depósito alguno, ello atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, los cuales no desconoce, así como a las demás gestiones que realiza para obtener presupuesto ante las autoridades competentes, de lo ya cual ya está sabedora. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano