Julieta Lizarraga Gutiérrez

Expediente 602/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
602/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Julieta Lizarraga Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado a las partes, sin que hubieran realizado manifestación alguna respecto a la vista que se les otorgó en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracciones I y II de la Ley de Amparo. ...En consecuencia, se tiene a las partes por conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. ...se ordena remitir físicamente el presente juicio de amparo, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con treinta y dos minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, asistido de Gerardo Montejo Aragón, secretario de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el secretario del juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda y con las demás constancias de autos. I. Relación de constancias. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración. Se abre el periodo de pruebas. El secretario hace constar y certifica que la parte quejosa y las autoridades responsables Consejo Delegacional Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el titular de dicha institución, ofrecieron pruebas documentales relativas al acto reclamado, las cuales obran en el expediente en que se actúa, así como las diversas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, ofrecidas por la quejosa, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Periodo de alegatos. En el que se tienen por formulados los alegatos expresados por la parte quejosa, en su escrito de registro 21893, así como el alegato ministerial 796/2019, hecho por la representante social; al no existir otro escrito en ese sentido, se cierra este periodo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Visto, para resolver el amparo 602/2019, promovido por Julieta Lizárraga Gutiérrez, contra actos del Consejo Consultivo Delegacional en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguientes: Autoridades responsables: Consejo Consultivo Delegacional en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán. Secretario adscrito a aquél. Acto reclamado: La omisión de resolver el recurso de inconformidad interpuesto el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, contra la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía en edad avanzada, de veintidós de abril anterior. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El diecisiete de septiembre pasado se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades responsables su informes con justificación, se ordenó dar vista a la representante social adscrita, y se señaló hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, inició en términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia para resolver el juicio, acorde con los artículos 33 fracción IV y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado y reformado mediante su similar 2/2016. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el actos reclamados es: La omisión de resolver el recurso de inconformidad C.C.SIN. 229/2019 interpuesto el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, contra la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía en edad avanzada 19/699473, de veintidós de abril anterior. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión de resolver el recurso de inconformidad de trato, pues al margen de la negativa de las responsables, apenas el tres de octubre pasado se admitió a trámite (foja 60), y luego se adujo que al ocho de octubre siguiente aquélla aún se encuentra en proceso de integración (fojas 26 y 46). Además, el estado procesal del recurso de origen se corrobora con las actuaciones del expediente, con valor pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Procedencia del juicio. Las autoridades responsables solicitaron que se sobreseyera en el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que alegan que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad responsable, para efecto del juicio de amparo. No asiste razón a las autoridades responsables por las siguientes razones: La Ley de Amparo dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Además, la porción normativa del artículo 5° transcrita, se desprende que tiene la calidad de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por su parte, la Ley del Seguro Social, dispone: "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos." Como se ve, el artículo transcrito establece que cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. En este sentido, dicho procedimiento establecido, de naturaleza administrativa en forma de juicio, constituye un medio de defensa que el asegurado tiene contra las determinaciones adoptadas por el Instituto, por lo que la falta de resolución del mismo, impide el acceso del inconforme a la resolución de su pretensión y, con ello, se violenta tanto el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la variante de acceso a instancia administrativa, como del numeral 8º del mismo cuerpo primario, al devenir aquél en una especie precisa del derecho de petición. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto tribunal, siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." (Registro 2015591, Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 48, Noviembre de 2017; Tomo I; Pág. 151. 1a./J. 103/2017 (10a.).) Apoya lo anterior, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES. En los sistemas jurídicos tradicionales el concepto "justicia" se ha asimilado al conjunto de instituciones, procedimientos y operadores que intervienen en la dinámica de la resolución de desacuerdos legales dentro del aparato jurídico formal. De acuerdo con esta concepción formalista, las únicas autoridades que se encontrarían obligadas a la observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante, esta visión restringe la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la propia Norma Suprema, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes." (Registro 2008956, Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 17, Abril de 2015; Tomo II; Pág. 1655. I.1o.A.E.48 A (10a.).) Así, el acceso a la resolución de la controversia mediante el recurso de inconformidad, se encuentra tutelado por el artículo 17 constitucional, que constituye especie del derecho de petición establecido en el diverso 8º primario, habiendo establecido la jurisprudencia que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la violación de este derecho, atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." (Registro 2011948, Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 31, Junio de 2016; Tomo II; Pág. 898. 2a./J. 66/2016 (10a.).) En esa tesitura, resulta evidente que las autoridades llamadas a juicio sí tienen el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, por lo que se desestima la causa de improcedencia invocada. En una segunda causal de improcedencia invocada, las responsables alegaron que debía sobreseerse en el juicio, de conformidad con la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la quejosa debió de agotar, previo al juicio de amparo el juicio contencioso administrativo, en razón de que el silencio de la autoridad al no emitir la resolución correspondiente en el recurso debía de entenderse como una confirmativa ficta del acto respecto del cual se inconformó, al ser aplicables supletoriamente los artículos 37 y 131 del Código Fiscal de la Federación; resolución ficta que aseveró es impugnable en el juicio de nulidad conforme al artículo 3, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dicha causal de improcedencia también es infundada. Véase. La Ley del Seguro Social que establece lo siguiente: "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos.". Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.". Por su parte los artículos 1, 2 y 6 del Reglamento del Recurso de Inconformidad establecen lo siguiente: "Artículo 1. El recurso de inconformidad señalado en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, se tramitará conforme a las disposiciones de este Reglamento y a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles o el derecho común, siempre que las disposiciones de dichos ordenamientos no contravengan la Ley del Seguro Social o sus reglamentos. (.) Artículo 2. Los consejos consultivos delegacionales son competentes para tramitar y resolver el recurso de inconformidad. El Secretario del Consejo Consultivo Delegacional correspondiente, tramitará el recurso con apoyo de los Servicios Jurídicos Delegacionales y estará facultado para dejar sin efectos el acto impugnado, en aquellos casos en que se advierta notoriamente que el mismo encuadra en alguna de las causales que señalan los artículos 38 o 238 del Código Fiscal de la Federación Artículo 6. El recurso de inconformidad se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto definitivo que se impugne. El escrito en que se interponga el recurso será dirigido al Consejo Consultivo Delegacional y se presentará directamente en la sede delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad emisora del acto impugnado.". Como se puede apreciar, en los primeros numerales se prevé el recurso de inconformidad respecto de aquellos actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que consideren definitivos. Asimismo, deja su tramitación procesal a lo expresamente dispuesto en el Reglamento del Recurso de Inconformidad, e incluso, da la posibilidad al gobernado de elegir -para combatir ese acto- la interposición de dicho medio de impugnación o bien el ejercicio de una acción ante los tribunales laborales y/o administrativos según corresponda en términos de lo establecido en el diverso numeral 295 de la citada ley. Por su parte, los numerales relativos al Reglamento del Recurso de Inconformidad prevén: a) la posibilidad de aplicar supletoriamente, entre otros, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal del Trabajo para aquellos supuestos no previstos en el reglamento del recurso de inconformidad y b) la competencia de la autoridad administrativa encargada de resolver el medio de impugnación, la cual recae de forma primordial en el Consejo Consultivo Delegacional. Por otra parte, el mencionado numeral 295 de la Ley del Seguro Social establece textualmente que las controversias entre los asegurados o beneficiarios con el Instituto en relaciones con prestaciones que la propia ley -del seguro social- otorga, deben ser resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dejando para la competencia de los tribunales administrativos únicamente aquellos conflictos entre el Instituto con los patrones. De lo anterior, se advierte que la interpretación que al efecto se realice de los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social no puede ser únicamente para el efecto de recalcar la posibilidad de elección del gobernado entre el recurso de inconformidad, o bien, de una acción ordinaria. Ello, porque si bien el primero de los preceptos legales no hace -como el segundo- una distinción expresa en relación con la naturaleza de los actos motivo de controversia, sí debe de ser tomada en consideración para efecto de determinar la aplicación supletoria de una ley al momento de resolver el recurso administrativo. Se afirma lo anterior, porque si bien la resolución de dicho medio de impugnación se emite por una autoridad inminentemente administrativa, la materia sobre la cual versa el acto impugnado es la que determina la competencia del órgano jurisdiccional que posteriormente, en una distinta instancia, -ordinaria o vía juicio de amparo- determinará lo conducente. Lo dicho, involucra además la aplicación supletoria que al respecto se realice en aquellos casos no previstos en el recurso de inconformidad, esto es, el Código Fiscal de la Federación o la Ley Federal del Trabajo; ello, porque si no en todo caso el citado numeral 1º del Recurso de Inconformidad únicamente habría previsto solo una de esos ordenamientos legales, lo cual evidencia que lo que el legislador realmente quiso fue hacer una distinción en cuanto a que ley aplicar dependiendo de la naturaleza del acto cuya nulidad se controvierte. De ahí que se afirme que si el acto respecto del cual se presentó el recurso de inconformidad es inminentemente laboral, la resolución que al efecto se emita en el recurso involucra un aspecto de esa naturaleza y por lo tanto le son aplicables supletoriamente las normas relativas a la Ley Federal del Trabajo; no así el Código Fiscal de la Federación, de ahí que la quejosa no debía agotar el juicio contencioso administrativo. Es aplicable, solo en su parte conducente, el criterio aislado sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. Cuando los beneficiarios de un trabajador pretendan combatir la resolución que suspendió o modificó una pensión por viudez u orfandad previamente otorgada, pueden interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social; o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el artículo 295 del mismo ordenamiento. Ahora bien, si por estimar que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de agotar el principio de definitividad, el afectado por la modificación de esos beneficios, realizada unilateralmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve el juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, toda vez que ese acto, a pesar de ser formalmente administrativo, afecta una prestación de carácter laboral establecida en favor de los beneficiarios de un trabajador asegurado, por riesgo de trabajo, invalidez o muerte.". (Registro 172963, Localización: [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Marzo de 2007; Pág. 707. 2a. XVII/2007.) De igual forma es aplicable, en su parte conducente, la tesis aislada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO DE INCONFORMIDAD QUE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE COTIZACIONES PARA EL INCREMENTO DE UNA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Atento a la naturaleza del acto impugnado y al artículo 295 de la Ley del Seguro Social, las controversias suscitadas entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que otorga el ordenamiento mencionado, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mientras que las surgidas entre ese organismo y los patrones o demás sujetos obligados, se llevarán ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al artículo 14, fracción I, de su ley orgánica abrogada. Así, cuando la controversia se suscita entre un pensionado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de una resolución recaída a un recurso de inconformidad, en la que se negó el reconocimiento de cotizaciones para el incremento de una pensión de cesantía en edad avanzada, debe considerarse que ese acto afecta una prestación social y, por ende, su conocimiento corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.". (Registro 2015422, Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 47, Octubre de 2017; Tomo IV; Pág. 2416. I.8o.A.133 A (10a.).) Finalmente, no se advierte improcedencia de oficio que deba estudiarse, conforme a la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo; así que se analiza la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación, en atención a su causa de pedir. Básicamente, la quejosa aduce que la dilación procesal por omisión de resolver de manera pronta, completa e imparcial el recurso de origen transgrede el artículo 17 Constitucional. En ese sentido, la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo y omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: a) La autoridad no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos legales, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. b) La autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio a la tramitación del procedimiento respectivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." En cuanto al trámite procesal del recurso de inconformidad, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 22, del Reglamento del Recurso de Inconformidad, cuyo contenido se transcribe a continuación: "Artículo 16. Admitido el recurso, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional pedirá de oficio los informes conducentes a las dependencias del Instituto, las cuales deberán rendirlos en el término de diez días naturales. Dicho Secretario, en vista de las circunstancias, podrá señalar un término mayor dentro del cual habrá de rendirse el informe solicitado. (.) Artículo 21. Las pruebas deberán desahogarse en un plazo de quince días contados a partir de su admisión, que podrá ser prorrogado por un plazo igual y una sola vez, a juicio del Secretario del Consejo Consultivo Delegacional. Artículo 22. Concluido el término de desahogo de pruebas, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional elaborará, dentro del término de treinta días, los proyectos de resolución.". De lo antepuesto se desprende de forma general el procedimiento a seguir para el trámite del recurso de inconformidad, el cual faculta a la autoridad para solicitar los informes que estime pertinente, así como una etapa procesal para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, la cual una vez culminada será el punto de partida para el plazo de treinta días con que cuenta la autoridad administrativa para emitir la resolución correspondiente. En el caso concreto, obra la documental consistente en el acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social en el expediente administrativo C.C.SIN. 229/2019, por medio del cual (foja 60): 1) Admitió a trámite el recurso de inconformidad que presentó la quejosa el veinticuatro de abril pasado en contra de la cuantía contenida en la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía en edad avanzada número 19/699473 de veintidós de abril del mismo año; 2) Solicitó los informes respectivos a las autoridades involucradas y 3) Ordenó que una vez acontecido lo anterior se turnara el expediente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Así, desde la presentación del recurso de inconformidad, a saber, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, a la presentación de la demanda de amparo el trece de septiembre de dos mil diecinueve han transcurrido casi cinco meses aproximadamente, sin que la autoridad hubiese dictado y notificado la resolución correspondiente en dicho procedimiento administrativo. Así las cosas, la omisión reclamada deriva de una conducta dilatoria imputable a las autoridades responsables al prescindir en el dictado de la resolución correspondiente en el recurso de inconformidad, lo cual constituye una demora prolongada en el procedimiento administrativo de origen y, por lo tanto implica una transgresión a su derecho humano a una tutela jurisdiccional pronta, se insiste, a la fecha de la elaboración de la presente sentencia no se ha obtenido información al respecto. Ante lo fundado del concepto de violación se concede el amparo solicitado. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo para que las autoridades responsables realicen, en el ámbito de sus competencias, lo siguiente: 1. En caso de no haberlo hecho, inmediatamente haga todas las acciones necesarias para integrar el procedimiento administrativo C.C.SIN. 229/2019, y dicte con plenitud de jurisdicción la resolución que al efecto corresponda con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa mediante escrito recibido el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. 2. Hecho lo anterior, notifique a la brevedad y de forma personal a la quejosa la citada resolución relativa al recurso de inconformidad. Por lo expuesto, con apoyo en los artículos 76 a 79, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Julieta Lizárraga Gutiérrez, contra las autoridades precisadas en el resultando primero, por los actos y efectos expuestos en los considerandos segundo y último de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Alegatos. Se tiene por recibido el escrito enviado vía electrónica por Ricardo Ramírez de Jesús, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza el promovente; las cuales serán consideradas en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Cumple requerimiento. Se tiene por recibido el oficio y anexos, que remite la Jefa del Departamento Contencioso en ausencia del Secretario del Consejo Delegacional Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en representación de dicho Consejo, por el cual, en atención al requerimiento realizado por este juzgado de Distrito, remite copias legibles y certificadas del expediente relativo al recurso de inconformidad C.C.SIN. 229/2019, de su índice. II. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional; con lo anterior dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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