Julieta Irene Bacha Cárdenas

Expediente 577/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
577/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Julieta Irene Bacha Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el auto de nueve de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido y es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    I. REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la demanda de cuenta recibida vía electrónica signada por ********, contra actos del Procurador de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 577/2019. II. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de garantías se desprende que la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "LA OMISIÓN A DAR TRÁMITE A LO ORDENADO POR EL C. JUEZ DE CONTROL EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ************ EN AUDIENCIA DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2019 DENTRO DE CARPETA JUDICIAL ***********, EN EL SENTIDO DE ORDENAR QUE SE EJERCITARAN LAS DILIGENCIAS FALTANTES DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CITA.". Asimismo, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso manifestó lo siguiente: "5. QUE EN DICHA AUDIENCIA EL C. JUEZ DE CONTROL TRAS LOS TRÁMITES LEGALES RESOLVIÓ: DEJAR SIN EFECTOS EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENÓ QUE LOS AGENTES A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO REALIZARAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A ENCONTRAR EL PROBABLE RESPONSABLE DEL DELITO ACUSADO DE FRAUDE PROCESAL CIVIL..." Atribuidos a las siguientes autoridades: Procurador de Justicia de la Ciudad de México, ******** Auxiliar del Procurador y ******* Auxiliar del Procurador. Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos que se expondrán. La porción normativa indicada, contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual refiere la exigencia de agotar los recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, esto, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, en el que no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Lo anterior se estima así, dado que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, estableció, en esencia lo siguiente: a) Que se avocaba a determinar si debe agotarse el principio de definitividad previo a promover el juicio de amparo indirecto cuando se reclamen las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, conforme a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. b) Asimismo, destacó que el Alto Tribunal ha establecido en precedentes anteriores que la etapa de investigación dentro del Sistema Penal Acusatorio y Oral, tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que sustenten la acusación y aquellos que garanticen la defensa del indiciado. En ese sentido, la función del Ministerio Público al tener conocimiento de un hecho que pudiera ser delictivo, deberá dirigir y promover una investigación que lleve al esclarecimiento de los acontecimientos lo cual quedará integrado en la carpeta correspondiente. c) De igual manera, agregó que durante esta etapa, la autoridad ministerial puede incurrir en omisiones respecto de su deber de investigar los delitos, al soslayar la ejecución de diligencias y actos necesarios para comprobación de los hechos, de tal manera que si esta situación se presenta sin una justificación legal puede producir una afectación a los derechos fundamentales de las partes. d) Ese órgano del máximo tribunal también agregó que el juez de control tiene dos funciones principales: d.1) De naturaleza cautelar, que se refiere al deber de vigilar las actuaciones realizadas en la etapa de investigación a efecto de garantizar que hayan sido realizadas correctamente a fin de proteger los derechos del inculpado y de la víctima. d.2) De carácter cognitivo, relativa a las pretensiones de las partes, tales como el dictado del auto de vinculación a proceso o de una sentencia dentro de un proceso abreviado. Asimismo, conocerá de las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento o suspensión de la acción penal y en general las determinaciones del ministerio público para controlar su legalidad. e) Además, la Primera Sala indicó que los derechos de las víctimas se consagran en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal, así como en el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre los cuales se encuentra la posibilidad de impugnar las determinaciones que emita el ministerio público en la etapa de investigación de los delitos. f) Lo anterior, toda vez que la reforma constitucional tuvo la intención de otorgar mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos del delito como parte procesal, lo que implica una intervención directa y activa durante las etapas del procedimiento, asimismo, se buscó evitar que el ministerio público fuera un obstáculo de los intereses victímales. g) Resaltó a su vez, que para hacer efectivo el derecho en cuestión, la víctima u ofendido deberá impugnar las determinaciones de no ejercicio de la acción penal o desistimiento de la misma ante el juez de control, con el propósito de que éste pudiera controlar la legalidad de dichas determinaciones. h) Igualmente, indicó que para la actualización del principio de definitividad, es necesaria la existencia de un recurso ordinario previsto en la ley, por lo que analizó si la ley contempla algún medio de defensa ordinario para combatir las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, llegando a la conclusión que derivado de una interpretación sistemática de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido del delito tienen el derecho de impugnar ante el juez de control, todas aquellas omisiones o negligencias en que incurra la autoridad ministerial en la investigación de los delitos, mediante el medio de impugnación innominado que prevé el mencionado artículo 258, a pesar de que la expresión "omisiones" no se comprenda de manera taxativa en su texto. i) De igual manera, agregó que tales determinaciones, no se limitan a las taxativamente previstas en el numeral 258 del citado código (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del ministerio público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. j) En esa tesitura, la Primera Sala concluyó que ante la existencia de un recurso ordinario previsto en la legislación adjetiva de la materia, resultaba indispensable agotar el principio de definitividad antes de promover un juicio de amparo indirecto, cuando se pretendieran reclamar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad de investigación, ya que de lo contrario, se actualizaría una causal de improcedencia teniendo como resultado la improcedencia del juicio de amparo intentado. k) También estableció que en dicho precepto se prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. l) Esa Primera Sala también indicó que si bien el plazo para interponer el recurso de mérito es de diez días posteriores a la notificación de la resolución que se impugnará, la naturaleza de los actos omisivos es diferente ya que éstos se prolongan en el tiempo de momento a momento mientras no se genere una acción que la haga concluir, por ello, el plazo con que contará la víctima u ofendido para hacer valer dicho medio de defensa será de diez días contados, a partir de que tenga conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora. En suma, se determinó que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Conforme a lo que antecede, este juzgador advierte que las consideraciones de la Primera Sala antes referidas, se encuentran en las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10ª.) y 1a./J. 28/2018 (10ª.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son de rubros siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". En efecto, como se asentó, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus jurisprudencias referidas, ya que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario que establece la ley que rige el acto reclamado, de forma previa a instar el juicio constitucional, es decir, no interpuso el control judicial previsto en el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, a mayor abundamiento, conviene precisar que el contenido del numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 20. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido. [...] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". Dicho precepto constitucional prevé los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, mismo que reconoce los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destaca el derecho a impugnar a través de la vía jurisdiccional, entre otros actos, las abstenciones u omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos. Por tanto, constituye un derecho de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones y determinaciones que el ministerio público puede emitir dentro de la carpeta de investigación. Ahora bien, para el estudio del acto reclamado, no se cumple con el agotamiento del principio de definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso denominado control judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;.". De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. En concordancia con lo anterior, en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". El normativo referido sujeta a control judicial las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Para tal efecto, la víctima u ofendido podrá impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los diez días siguientes a que le sean notificadas. Por tanto, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado con los diversos numerales anteriormente analizados, concreta el derecho de impugnación contenido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional. En ese orden de ideas, es importante señalar que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos, y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; de tal forma que los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten sus pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y actuaciones del ministerio público en la fase de investigación, por lo que, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. En ese sentido, es de destacarse que la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido -esto es no realizar diligencias para esclarecer los hechos denunciados y no resolver sobre el ejercicio de la acción penal-, constituye una omisión que vulnera los derechos de la víctima u ofendido para acceder a la justicia que busca; omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del ministerio público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, atendiendo a que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las omisiones o determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones de investigación de los hechos denunciados y de realizar diligencias dirigidas a su indagatoria, como lo es la omisión de pronunciarse o determinar la carpeta; de ahí que la contienda constitucional que se promueve no es la vía idónea para reclamar las omisiones y abstenciones de la representación social que aduce la parte quejosa, pues ante éstas se prevé un recurso ordinario, mismo que compete a un juez de control del sistema penal acusatorio. De ahí que el principio de definitividad, establezca una causa de improcedencia de la acción constitucional que impide el análisis de los actos que se reclamen, esto en razón de encontrase relacionado íntimamente con los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, aunado a que su justificación radica en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional. Sin que se soslaye la circunstancia de que los actos los reclama del Procurador de Justicia de la Ciudad de México y sus auxiliares, en virtud de que la lectura integral de la demanda se advierte que la omisión reclamada va encaminada a la falta de realización de diligencias para la correcta integración de la carpeta de investigación *************, ordenadas por el Juez de Control y la dilación en su integración; por tanto, resulta patente que tales omisiones deben ser impugnables ante el Juez de Control. En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. III. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud de que se señaló para tal efecto los estrados; por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, al profesionista que menciona, en virtud de que al ingresar a la página http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que se encuentra legalmente acreditado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho; y por facultada, únicamente para oír y recibir comunicaciones, de conformidad con el párrafo segundo del numeral 24 del citado ordenamiento legal, a la restante persona que menciona. Por otra parte, como lo solicita el promovente y dado que el usuario *******, cuenta con la autorización para la consulta del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones aun las de carácter personal vía electrónica. Ello en apoyo a los lineamientos señalados en el Título Cuarto de los Servicios Electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, Capítulo Primero, ordinales 79, párrafo primero, 81, 82 y 83 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los procesos de Oralidad Penal en los Centro de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anterior, cabe indicar que, en el presente caso surge la obligación de la parte quejosa de ingresar al sistema establecido para los fines aludidos, todos los días, con el objeto de obtener la constancia referida en el diverso 31, fracción III, de la Ley de Amparo, durante un plazo máximo de dos días, con el propósito de acreditar la práctica de esa diligencia, y en caso contrario, el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional asentará la razón correspondiente en base al numeral 30, fracción II de la legislación referida. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el arábigo 21, párrafo tercero, de la indicada ley, se faculta al actuario judicial adscrito a practicar las notificaciones personales en días y horas inhábiles que surjan en este juicio. V. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. VI. PUBLICACIÓN DE DATOS. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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