Julieta Hernandez Cazares

Expediente 285/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
285/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Julieta Hernandez Cazares
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a uno de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del original y copia de los escritos de expresión de agravios remitidos con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y autoridad responsable, el cual quedó registrado con el número 133/2022; asimismo, solicita se remita el expediente original del juicio de amparo 893/2021-II; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, con independencia de que se habilitó al Tribunal de Alzada la consulta electrónica de este expediente; como lo solicita, remítasele los autos originales del juicio de amparo 893/2021-II del índice de este juzgado, a fin de que esté en posibilidad de substanciar el medio defensivo hecho valer en autos; motivo por el cual se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la comparecencia que antecede de la que se advierte que Ricardo Acosta Salazar, perito en materia de Impacto Ambiental designado como especialista por parte de este juzgado (Perito oficial), ratificó en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial que le fue encomendado en el presente juicio de amparo 1817/2019-IV, recibido ante este Juzgado Federal el día once de enero de dos mil veintidós y registrado bajo el folio 433. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del catorce de marzo del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo que promueve Julieta Hernández Cázares, por su propio derecho, contra actos del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 285/2022-VI, que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la propia Ley. Precisado lo anterior, la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que contienen la hipótesis de improcedencia que se estima oficiosamente actualizada, señala: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas [.]" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio: Tesis I.6o.C. J/37, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto la parte quejosa reclama el acuerdo, de diecinueve de enero de dos mil veintidós dictado por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del juicio laboral 01/659/2017, en el tenor siguiente: ". VISTO EL ESCRITO DE CUENTA DE NÚMERO DE FOLIO 000149 DÍGASE AL PROMOVENTE QUE NO HA LUGAR A ACORDAR LO SOLICITADO RESPECTO A GIRAR OFICIO A LAS DIVERSAS AUTORIDADES QUE REFIERE TODA VEZ QUE, SI BIEN CORRESPONDE A LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS VIGILAR QUE LOS LAUDOS SE EJECUTEN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY, TAMBIÉN LO ES QUE ESTA AUTORIDAD NO CUENTA CON LA FACULTAD INVESTIGADORA, POR LO QUE EL ACTUAR DE DICHO FUNCIONARIO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA PARTE QUE OBTUVO UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE SEA QUIEN IMPULSE LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, EN CONSECUENCIA LA PROSECUCIÓN DEL ESTADIO PROCESAL NO ES OFICIOSA NI PARA LA JUNTA, NI PARA SU PRESIDENTA SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 950 DE LA NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CUYA ÚLTIMA REFORMA FUE PUBLICADA EN FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE NO ES APLICABLE AL PRESENTE ASUNTO YA QUE EL TEXTO VIGENTE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO APLICABLE EN SU ARTÍCULO 945 DICE: Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. FINALMENTE SE ORDENA NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA." En esas condiciones, se establece que el acto reclamado se encuentra inmerso en la etapa de ejecución, por lo que puede combatirse a través del recurso establecido en el capítulo XIV de la Ley Federal del Trabajo -de aplicación vigente al momento en que inició la controversia laboral y, por tanto, de aplicación al trámite laboral subyacente- al tenor de lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley. (. ) Artículo 856. Los Presidentes de las Juntas podrán imponer a la parte que promueva la revisión o la reclamación en forma notoriamente improcedente una multa de hasta 100 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en el tiempo en que se presentaron. Se entenderá que es notoriamente improcedente cuando a juicio de su Presidente, según el caso, aparezca que se promueva con el propósito de demorar o entorpecer la administración de justicia.[.]" De los dispositivos legales invocados con antelación, en lo que al caso interesa, se desprende que procede el recurso de revisión contra las actuaciones practicadas en etapa de ejecución del laudo. En el caso concreto, el recurso de revisión contemplado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, procede contra los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Asimismo, se advierte que dicho acto reclamado da continuidad a la ejecución forzosa en el juicio laboral de origen. Es decir, a través de dicho proveído se da continuidad al procedimiento de ejecución del laudo, lo cual permite concluir válidamente que dicho acto pertenece a esa etapa, pues, a través de ese acto, el órgano jurisdiccional en materia laboral emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo contra la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo, a efecto de dar cabal cumplimiento al laudo. De ahí que, al tratarse de actos que se encuentran inmersos en la etapa de ejecución, se actualiza la procedencia del recurso de revisión al que se ha hecho mención, de conformidad con el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, dicho recurso debió agotarse previamente antes de acudir a la presentación del amparo indirecto; al constituir un medio de defensa ordinario susceptible de modificar o revocar los actos recurridos, en caso de ser fundados sus argumentos, lo que traería como consecuencia obtener la variación del sentido de las actuaciones impugnadas en esta instancia constitucional. En el entendido de que a la parte quejosa le reviste la calidad de demandado en el juicio de origen y no es extraño al procedimiento del que emanan los actos, de manera que, al estar vinculado al procedimiento de origen, dicho peticionario de amparo estuvo en aptitud de combatir los actos reclamados a través del multicitado recurso de revisión de los actos de ejecución que señaló como actos reclamados en este asunto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia es, procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Julieta Hernández Cázares. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o. de la Ley de Amparo y Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones ubicado en calle Violeta Número 15, Colonia Vicente Estrada Cajigal, de Cuernavaca, Morelos, asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rocío Arredondo Landa, Maribel Ortiz Moreno, Juan Fernando Rangel Plata; con excepción de Ana Leticia Amaro Martínez, Úrsula Mariana Miranda Hernández, Leticia Vázquez Vega, Ramses Yael Adame León, Daniel Arredondo Landa, Lizzete Arredondo Landa, Diego Ortiz Herrera y José Jorge Vázquez Mendoza, toda vez que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado como lo exige el artículo 12 de la Ley de la materia, por lo que una vez que registren su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que en el caso concreto se les autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones. Finalmente, se hace de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Martínez Contreras, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien da fe.

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