Julieta González Rangel
Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 27/06/2023
Partes del expediente
- Julieta González Rangel
- Juez Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es conservable, conforme a los artículos 14, fracción II, y 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que se concedido la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "conservable", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se tuvo por consentido el fallo que declaró cumplida la sentencia dictada dentro del presente juicio, y se ordenó el archivo en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay para la devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14, fracción III, y 20, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva; mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a los artículos 14, fracción III, y 19, fracción II, inciso a) del propio acuerdo. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", mientras que el duplicado "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a uno de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha feneció el término otorgado a la parte tercero interesada mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, para que señalara domicilio procesal en esta ciudad. Se hace efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente auto por lista que se fije en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal a la parte tercero interesada ******************** por conducto de su endosatario en procuración********************, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Notificación por lista. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte el motivo por el cual el actuario judicial adscrito a este juzgado federal, no le fue posible notificar personalmente a la parte tercero interesada del proveído de veintinueve de mayo de la anualidad; en virtud de lo anterior, instrúyase al Actuario de la adscripción a efecto de que notifique a la parte tercero interesada el auto de referencia, por medio de lista, en los términos anteriormente precisados. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Mexicali, Baja California, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó por un parte y se concedió por otra a la parte quejosa la protección constitucional contra el acto reclamado a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "[.] OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que las autoridades responsables del Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en la ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 980/2020, en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: i. Dejen insubsistente todo lo actuado en dicho procedimiento, a partir del emplazamiento practicado a la demandada quejosa Julieta González Rangel, llevado a cabo el doce de enero de dos mil veintiuno, al tratarse de una actuación judicial viciada. 2. En vía de consecuencia, también deberá dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado de manera destacada. 3. Reponga el procedimiento de origen desde el auto admisorio, y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, ordene al actuario se emplace nuevamente a juicio a la parte quejosa. En el entendido que, a partir de esa actuación judicial, el juez natural deberá conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda de acuerdo con las leyes que lo rigen, sin que el verificativo de dicha diligencia (emplazamiento) y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento de la presente sentencia, pues éste se constriñe específicamente a los tres lineamientos mencionados hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita. Tales consideraciones se reflejan en el criterio emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual dispone: "Registro digital: 2023166 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.55 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2466 Tipo: Aislada EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EN MATERIA CIVIL. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE ESTIMA ILEGAL, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SÓLO DEBE CONCRETARSE A ORDENAR AL JUEZ RESPONSABLE QUE DEJE INSUBSISTENTE LO ACTUADO A PARTIR DE LA ACTUACIÓN VICIADA Y REPONGA U ORDENE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIRLO HASTA SU CONCLUSIÓN, SEGÚN LAS LEYES QUE LO RIGEN. Hechos: El quejoso reclamó, en amparo indirecto, el emplazamiento que se le practicó en el juicio en materia civil; en la sentencia se concedió la protección constitucional y se vinculó al Juez de origen a dejar insubsistente todo lo actuado y ordenar al actuario de su adscripción practicar de nueva cuenta el emplazamiento, con el apercibimiento de la imposición de medidas de apremio al quejoso, en caso de advertirse evasivas por su parte que dificulten que la autoridad responsable pueda cumplir con el fallo protector; dicha resolución es la que constituye el acto reclamado en la revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que cuando se reclama en amparo indirecto el emplazamiento y, por ende, todo lo actuado en el juicio en materia civil, y el juzgador encuentra que esa diligencia no se ajustó a las formalidades legales para su validez, sólo debe conceder al quejoso la protección constitucional solicitada para que se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del emplazamiento y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, según las leyes que lo rigen. Justificación: Lo anterior, porque conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN.", y a la contradicción de tesis 451/2016, de la que derivó, cuando en la sentencia de amparo se estima que el emplazamiento a juicio es ilegal, los efectos del fallo protector de ninguna manera pueden vincular en forma expresa al Juez responsable a ordenar que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a la demandada al juicio de origen, y menos pretender vincular a la quejosa para que no entorpezca esta última actuación. Ello, pues la jurisdicción del juzgador de amparo cesa una vez que emite sentencia; de ahí que corresponderá al Juez responsable, en el ámbito de sus atribuciones, llevar a cabo el procedimiento encaminado a cumplir con el fallo protector. En congruencia con lo anterior, conforme a los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la jurisdicción del Juez de Distrito sólo se reactiva una vez que causa ejecutoria el fallo protector; empero, ésta sólo constriñe a la constatación del cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por virtud de ello, de oficio o a petición de parte, a emitir las medidas conducentes para garantizar el cabal cumplimiento del fallo protector. De todo lo expuesto se evidencia que: 1. En el fallo protector el juzgador federal no puede constreñir en forma alguna a la parte quejosa, pues la materia del juicio de amparo es el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional y no la conducta de la quejosa. 2. De encontrar el juzgador de amparo que el emplazamiento, como acto reclamado, es contrario al orden constitucional, debe limitarse a conceder la protección constitucional a la parte quejosa y vincular a la autoridad responsable a dejar insubsistente el emplazamiento reclamado, así como los actos posteriores, y restablezca u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según la legislación procesal que lo rige; y 3. Sólo hasta que cause ejecutoria el fallo protector es que el juzgador federal podrá supervisar su cabal cumplimiento y, en su caso, de oficio o a petición de parte, emitir las resoluciones que estime convenientes a fin de lograr el correcto y completo cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo. Además, es importante señalar que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en la jurisprudencia referida, señaló que los efectos de la protección constitucional cuando el acto reclamado es el emplazamiento y, por ende, todo lo actuado en un juicio de naturaleza civil, son que el Juez responsable "deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen", ello no puede entenderse necesariamente en el sentido de que el Juez responsable, inmediatamente después de que se le requiere el cumplimiento del fallo protector, deba ordenar que se lleve a cabo de nueva cuenta el emplazamiento al demandado, pues además de que en forma expresa no lo señaló así el Alto Tribunal en las citadas ejecutoria y jurisprudencia, es evidente que, conforme a la legislación procesal que rige el juicio de origen, el juzgador, previo a llevar a cabo el emplazamiento, deberá verificar si es o no conducente la continuación del procedimiento natural." [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo, en consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector, en los términos precisados con anterioridad. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: 1. Dejar insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 980/2020, a partir del emplazamiento practicado a la demandada quejosa Julieta González Rangel, llevado a cabo el doce de enero de dos mil veintiuno, al tratarse de una actuación judicial viciada. 2. En vía de consecuencia, también dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado de manera destacada. 3. Reponer el procedimiento de origen desde el auto admisorio, y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, ordenar al actuario se emplace nuevamente a juicio a la parte quejosa. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado en tres de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad, que por acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 980/2020, a partir del emplazamiento realizado a la demandada quejosa Julieta González Rangel, llevado a cabo el doce de enero de dos mil veintiuno; asimismo, dejó insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio mercantil del que deriva el acto reclamado en esta vía constitucional; y, ordenó reponer el procedimiento de origen desde el auto admisorio, y siguiendo los lineamientos pautados en la sentencia de amparo, ordenó al Actuario de su adscripción emplazar nuevamente a juicio a la parte quejosa. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, por auto de tres de mayo de este año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad; lo cual se les notificó respectivamente el cuatro y veintidós de mayo siguientes. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 980/2020, a partir del emplazamiento practicado a la demandada quejosa Julieta González Rangel, llevado a cabo el doce de enero de dos mil veintiuno, en vía de consecuencia, también dejó insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado de manera destacada, y repuso el procedimiento de origen desde el auto admisorio, y siguiendo los lineamientos de la sentencia, ordenó al actuario se emplazara nuevamente a juicio a la parte quejosa; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO AL TERCERO INTERESADO
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó por un parte y se concedió por otra a la parte quejosa la protección constitucional contra el acto reclamado a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "[.] OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que las autoridades responsables del Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en la ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 980/2020, en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: i. Dejen insubsistente todo lo actuado en dicho procedimiento, a partir del emplazamiento practicado a la demandada quejosa Julieta González Rangel, llevado a cabo el doce de enero de dos mil veintiuno, al tratarse de una actuación judicial viciada. 2. En vía de consecuencia, también deberá dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado de manera destacada. 3. Reponga el procedimiento de origen desde el auto admisorio, y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, ordene al actuario se emplace nuevamente a juicio a la parte quejosa. En el entendido que, a partir de esa actuación judicial, el juez natural deberá conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda de acuerdo con las leyes que lo rigen, sin que el verificativo de dicha diligencia (emplazamiento) y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento de la presente sentencia, pues éste se constriñe específicamente a los tres lineamientos mencionados hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita. Tales consideraciones se reflejan en el criterio emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual dispone: "Registro digital: 2023166 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.55 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2466 Tipo: Aislada EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EN MATERIA CIVIL. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE ESTIMA ILEGAL, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SÓLO DEBE CONCRETARSE A ORDENAR AL JUEZ RESPONSABLE QUE DEJE INSUBSISTENTE LO ACTUADO A PARTIR DE LA ACTUACIÓN VICIADA Y REPONGA U ORDENE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIRLO HASTA SU CONCLUSIÓN, SEGÚN LAS LEYES QUE LO RIGEN. Hechos: El quejoso reclamó, en amparo indirecto, el emplazamiento que se le practicó en el juicio en materia civil; en la sentencia se concedió la protección constitucional y se vinculó al Juez de origen a dejar insubsistente todo lo actuado y ordenar al actuario de su adscripción practicar de nueva cuenta el emplazamiento, con el apercibimiento de la imposición de medidas de apremio al quejoso, en caso de advertirse evasivas por su parte que dificulten que la autoridad responsable pueda cumplir con el fallo protector; dicha resolución es la que constituye el acto reclamado en la revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que cuando se reclama en amparo indirecto el emplazamiento y, por ende, todo lo actuado en el juicio en materia civil, y el juzgador encuentra que esa diligencia no se ajustó a las formalidades legales para su validez, sólo debe conceder al quejoso la protección constitucional solicitada para que se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del emplazamiento y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, según las leyes que lo rigen. Justificación: Lo anterior, porque conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN.", y a la contradicción de tesis 451/2016, de la que derivó, cuando en la sentencia de amparo se estima que el emplazamiento a juicio es ilegal, los efectos del fallo protector de ninguna manera pueden vincular en forma expresa al Juez responsable a ordenar que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a la demandada al juicio de origen, y menos pretender vincular a la quejosa para que no entorpezca esta última actuación. Ello, pues la jurisdicción del juzgador de amparo cesa una vez que emite sentencia; de ahí que corresponderá al Juez responsable, en el ámbito de sus atribuciones, llevar a cabo el procedimiento encaminado a cumplir con el fallo protector. En congruencia con lo anterior, conforme a los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la jurisdicción del Juez de Distrito sólo se reactiva una vez que causa ejecutoria el fallo protector; empero, ésta sólo constriñe a la constatación del cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por virtud de ello, de oficio o a petición de parte, a emitir las medidas conducentes para garantizar el cabal cumplimiento del fallo protector. De todo lo expuesto se evidencia que: 1. En el fallo protector el juzgador federal no puede constreñir en forma alguna a la parte quejosa, pues la materia del juicio de amparo es el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional y no la conducta de la quejosa. 2. De encontrar el juzgador de amparo que el emplazamiento, como acto reclamado, es contrario al orden constitucional, debe limitarse a conceder la protección constitucional a la parte quejosa y vincular a la autoridad responsable a dejar insubsistente el emplazamiento reclamado, así como los actos posteriores, y restablezca u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según la legislación procesal que lo rige; y 3. Sólo hasta que cause ejecutoria el fallo protector es que el juzgador federal podrá supervisar su cabal cumplimiento y, en su caso, de oficio o a petición de parte, emitir las resoluciones que estime convenientes a fin de lograr el correcto y completo cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo. Además, es importante señalar que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en la jurisprudencia referida, señaló que los efectos de la protección constitucional cuando el acto reclamado es el emplazamiento y, por ende, todo lo actuado en un juicio de naturaleza civil, son que el Juez responsable "deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen", ello no puede entenderse necesariamente en el sentido de que el Juez responsable, inmediatamente después de que se le requiere el cumplimiento del fallo protector, deba ordenar que se lleve a cabo de nueva cuenta el emplazamiento al demandado, pues además de que en forma expresa no lo señaló así el Alto Tribunal en las citadas ejecutoria y jurisprudencia, es evidente que, conforme a la legislación procesal que rige el juicio de origen, el juzgador, previo a llevar a cabo el emplazamiento, deberá verificar si es o no conducente la continuación del procedimiento natural." [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo, en consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector, en los términos precisados con anterioridad. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: 1. Dejar insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 980/2020, a partir del emplazamiento practicado a la demandada quejosa Julieta González Rangel, llevado a cabo el doce de enero de dos mil veintiuno, al tratarse de una actuación judicial viciada. 2. En vía de consecuencia, también dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado de manera destacada. 3. Reponer el procedimiento de origen desde el auto admisorio, y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, ordenar al actuario se emplace nuevamente a juicio a la parte quejosa. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado en tres de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad, que por acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 980/2020, a partir del emplazamiento realizado a la demandada quejosa Julieta González Rangel, llevado a cabo el doce de enero de dos mil veintiuno; asimismo, dejó insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio mercantil del que deriva el acto reclamado en esta vía constitucional; y, ordenó reponer el procedimiento de origen desde el auto admisorio, y siguiendo los lineamientos pautados en la sentencia de amparo, ordenó al Actuario de su adscripción emplazar nuevamente a juicio a la parte quejosa. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, por auto de tres de mayo de este año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad; lo cual se les notificó respectivamente el cuatro y veintidós de mayo siguientes. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 980/2020, a partir del emplazamiento practicado a la demandada quejosa Julieta González Rangel, llevado a cabo el doce de enero de dos mil veintiuno, en vía de consecuencia, también dejó insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado de manera destacada, y repuso el procedimiento de origen desde el auto admisorio, y siguiendo los lineamientos de la sentencia, ordenó al actuario se emplazara nuevamente a juicio a la parte quejosa; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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