Julieta Cornejo Campos

Expediente 383/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
383/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Julieta Cornejo Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA "3" Ciudad de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del auto de quince de junio del año en curso por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con Los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será susceptible de destrucción, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "3" Ciudad de México, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgados a ------------------------, a efecto de que desahogara la prevención realizada el veintisiete de mayo del año en curso, sin que a la fecha el impetrante de amparo realizara manifestación para su total y correcto desahogo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese...."

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE QUINCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO "Ciudad de México, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgados a Julieta Cornejo Campos, a efecto de que desahogara la prevención realizada el veintisiete de mayo del año en curso, sin que a la fecha el impetrante de amparo realizara manifestación para su total y correcto desahogo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese..."

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO: "En la Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José de Jesús Cruz Zárate, quien aduce ser defensor particular, Julieta Cornejo Campos, contra los actos y autoridades que en la misma señala, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 383/2021-3 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Prevención Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. En ese contexto, en términos de lo previsto en los artículos 112, 114 y 108, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído realice lo siguiente: 1. Precise de manera concreta el acto o los actos que reclama. Esto es así, pues una vez analizada la demanda que nos ocupa en su integridad, se advierten inconsistencias en los actos que pretende combatir en esta instancia, pues en el apartado correspondiente al acto reclamado, señaló como tal: Además, en el apartado de conceptos de violación refiere lo siguiente: Así, de conformidad con lo expuesto, no se advierte con claridad cuál es el acto en concreto que pretende reclamar el promovente, pues por una parte reclama a) un auto de vinculación a proceso, sin especificar los datos de la carpeta judicial y la autoridad que en concreto la emitió, b) una solicitud de orden de aprehensión, sin aportar mayores datos de modo tiempo y lugar en el cual se solicitó la misma ni la autoridad ministerial que la peticionó c) prisión preventiva oficiosa, sin que se advierta de lo escrito en su demanda que se encuentre privado de su libertad. Circunstancias que deberá especificar al momento de desahogar la presente prevención. Para mejor comprensión, se hace del conocimiento del solicitante de amparo que por acto reclamado debe entenderse una disposición o hecho autoritario, concreto y particular, es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. En ese contexto, es que se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y ésta juzgadora contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis visible en la página 54, del tomo III, segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." También, es aplicable al caso, la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Además, al promover en esta vía indirecta, no se tienen más datos que los proporcionados por el promovente, y si bien, tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, lo cierto es que dicha figura jurídica no autoriza al juzgador de amparo a cambiar el acto reclamado señalado por la parte quejosa. Sobre el particular se aplica la tesis de jurisprudencia 711, visible en la página 593, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la ley de amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron su garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la quejosa señalo, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." Además, de la forma en que se encuentra redactada su demanda se advierte que los actos privativos de libertad los hace depender del auto de vinculación del que se aparentemente se duele en esencia; al respecto, cabe precisar que conforme a su definición el acto que se impugne se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, razón por la cual los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Resulta aplicable la tesis sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 9, tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, registro 316826, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Porque el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. Por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso. El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." 2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto o los actos que por esta vía pretenden combatir, es decir, deberá señalar de manera clara y cronológica los antecedentes de casa uno de los actos que pretende reclamar. Ello, en razón de que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa se consideran imprecisas e insuficientes para tener por colmado el requisito a que hace referencia el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el quejoso omite narrar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de todos los actos que señala en su demanda, información que resulta necesaria para este órgano judicial a efecto de determinar lo conducente. Por lo cual, se reitera, deberá profundizar en los antecedentes de los actos que pretende reclamar a la autoridad señalada como responsable, esto es, narre de manera cronológica y concreta los acontecimientos que dieron origen a éstos; puntualizando, además, los hechos presuntamente constitutivos de delito que motivaron los actos reclamados. Asimismo, deberá especificar lo siguiente: a) Si pretende combatir un auto de vinculación a proceso, deberá especificar los datos de la carpeta judicial y la autoridad que en concreto la emitió, así como los hechos presuntamente delictivos que dieron origen a la misma, y la data en la que se llevó a cabo la audiencia, y en su caso la fecha en que le fue notificada la misma. b) Si pretende reclamar una solicitud de orden de aprehensión, tendrá que indicar en específico la autoridad ministerial que realizó dicha solicitud, así como la indagatoria de la cual reclamada y la fecha en que se llevó a cabo dicha petición. c) O bien, si lo que reclamada es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, deberá espcificar el lugar en concreto donde se encuentra privada de su libertad la directa quejosa, así como la potestad que impuso dicha medida y la data en la que emitió la misma. Precisiones que traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio cuenten con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que le constan a la parte quejosa en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima1 y de las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 de la Ley de la Materia. 3. Informe ante qué autoridad y expediente tiene reconocida la calidad de defensor de la directa quejosa Julieta Cornejo Campos. 1 "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Apercibimiento Se apercibe a la parte quejosa que, de no desahogar la prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle Rivero 85, Colonia Tepito Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06200, en la Ciudad de México. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a la personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico 4jdo1cto@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono (55)-53-22- 17-00, extensión 4305. Habilitación al personal del Juzgado Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese..."

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