Julieta Cervantes Castro

Expediente 751/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
751/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Julieta Cervantes Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 751/2021-1A, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por Julieta Cervantes Castro; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo interpuesta por Julieta Cervantes Castro; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VENTIUNO QUE DICE:Vista la demanda de garantías que promueve Julieta Cervantes Castro, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, por estimar que vulneran los derechos fundamentales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 751/2021-1. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.". La tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, el acto reclamado se hace consistir de manera esencial en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 209/2020, donde se le dijo que se estuviera a la diligencia celebrada el dieciocho de noviembre del año en curso. De los antecedentes del acto reclamado, que se precisan bajo protesta de decir verdad, se observa que el expediente de origen se encuentra en etapa de desahogo de pruebas, pues la quejosa indica que en auto o diligencia de dieciocho de enero del año en curso, ante su inasistencia fue declarada confesa respecto de la prueba confesional a su cargo; refiere, que el diecinueve del mismo mes y año, presentó un escrito ante juez natural ahora responsable, mediante el cual justificó su inasistencia, sin embargo, sostiene que dicho juzgador, en auto dictado el siguiente día, ????? sólo lo agrega sin proveer nada al respecto; indica también, que el treinta de noviembre del año que transcurre, le solicitó al juez de origen le señalara nueva fecha para el desahogo de la prueba confesional a su cargo, sin embargo, el juez natural la remite al auto de dieciocho del mismo mes y año, donde fue declarada confesa; refiere también, que en contra de este último proveído interpuso recurso de revocación, el que no le fuera admitido en auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, según refiere. De lo anterior, válidamente se puede concluir que el expediente natural se encuentra en etapa de desahogo de pruebas, pues el proveído reclamado de treinta de noviembre del año en curso, está vinculado o tiene su origen en la diligencia de dieciocho de noviembre del año en curso, donde se le tuvo por confesa a la parte actora ahora quejosa, respecto de la prueba confesional ofrecida a su cargo. Ahora bien, de la demanda de garantías, se advierte que en la especie se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; ello es así, porque el acto reclamado, consistente en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 209/2020, donde se le dijo que se estuviera a la diligencia celebrada el dieciocho de noviembre del año en curso, está vinculado o tiene su origen en la diligencia de esa misma fecha, donde se le tuvo por confesa a la parte actora ahora quejosa, respecto de las posiciones formuladas y calificadas de legales en relación a la prueba confesional ofrecida a su cargo; por tanto, no es de aquellos dictados dentro de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Para una mejor comprensión de la determinación a que ha de arribarse, es pertinente aclarar lo que debe entenderse como actos procesales de imposible reparación. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tienen ese carácter los siguientes: a) Aquéllos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio; y b) Los que siendo violaciones formales, adjetivas o procesales afecten a las partes en grado predominante o superior, afectación que debe determinarse objetivamente, tomando en consideración la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Expuesto lo anterior, resulta incuestionable que el citado auto donde se le se le dijo que se estuviera a la diligencia celebrada el dieciocho de noviembre del año en curso, donde se le tuvo por confesa en relación a las posiciones que fueron calificadas de legales, en relación a la prueba confesional a su cargo, no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus ?????? efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva, si éste es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 172, fracción III y 174 de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. III. Se deseche las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;.". "ARTICULO 174.- En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.". Por tanto, queda de manifiesto que las violaciones procesales en comento, dada su naturaleza, no son en modo alguno irreparables, cuando es precisamente la irreparabilidad, el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, mismo que textualmente dispone: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede:. Contra actos en juicios cuyos efectos sean que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..". En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y en el artículo 107 fracciones V y VI de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de la quejosa o que afecten a personas extrañas a juicio, lo cual no aconteció en el presente juicio, toda vez que el referido acto, dada su naturaleza, no es de los que deban considerarse de imposible reparación o que le causen un perjuicio directo a la accionante de amparo, ya que el mismo únicamente afecta derechos adjetivos de la quejosa, el cual produce efectos procesales, que pueden ser subsanados en caso de que se dicte una sentencia favorable a sus intereses; ni tampoco se trata de una persona extraña al juicio, ya que tiene el carácter de actora; hecho por el cual resulta, como ya se dijo, que el presente juicio de amparo sea improcedente. Por similitud jurídica, tiene aplicación, la tesis número 244, visible en la página 164, Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo texto dice: ??????????????? "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Ahora bien, acorde con los antecedentes narrados en la demanda de garantías, todavía se encuentra en trámite el expediente de origen (desahogo de pruebas), es inconcuso que dicho acto no reúne las características exigidas por el artículo 170, segundo párrafo de la Ley de Amparo, para ser considerada como sentencia definitiva, ni como resolución que pone fin al juicio. En relatadas condiciones, resulta claro, que la citada actuación no es un acto que se encuentre dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, toda vez que no causa perjuicio directo a los intereses de la parte quejosa, ya que al haberse verificado dentro de juicio, no le depara perjuicio alguno, lo cual se podría determinar en todo caso hasta en tanto la autoridad responsable emita la sentencia correspondiente y se establezcan las afectaciones directas que los mismos causen a la parte impetrante, por ende, en el supuesto de que dicho acto le cause algún perjuicio, los deberá impugnar a través del juicio de amparo directo. Es aplicable la Jurisprudencia número VI. 2o. J/258 , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 23 del Tomo 65 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo.". Ahora, si bien, el quejoso de mérito viene alegando violación a su derecho de petición contemplado en el artículo 8 constitucional, pues refiere que el juez responsable no le niega, ni desecha, ni sobresee su ????????? petición respecto de su escrito donde le justificó su inasistencia al desahogo de la prueba confesional a su cargo celebrada el dieciocho del mismo mes y año, sino que refiere, sólo lo agregó a los autos para que obrara como legalmente correspondía; igualmente, ese acto no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas; es decir, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Es aplicable la Tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 1086 del Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2016, Libro 30, Materias(s) Constitucional, Común, Décima Época, Registro digital 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por ???? actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Emiliano Zapata número 614 Nte. entre I. Ramírez y Callejón Matamoros, Colonia Centro de esta ciudad, y se tiene como autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a los licenciados Claudia Selene Angulo Cervantes y José Juan Cruz Gaxiola.

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