Julieta Castellanos González
Expediente 1070/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2017
Partes del expediente
- Julieta Castellanos González
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de auto de veintinueve de septiembre del presente año (fojas 16-23), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Fabiola Adriano Estrada, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA AL PROMOVENTE DE AMPARO LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por¨***, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil, con domicilio en esta ciudad capital y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1070/2017-X. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, deriva que contra el acto reclamado, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos, se observa que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En efecto, de la demanda de amparo se obtiene que la quejosa***, es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil***, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia, residente en esta ciudad. Asimismo, que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual, el titular del Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia, residente en esta ciudad, ordenó la elaboración de la escritura de adjudicación correspondiente a favor de la parte actora en el juicio natural, quedando a disposición del Notario Público número ciento ochenta y uno del Estado, la elaboración de la misma, siendo la autoridad responsable quien firmara en rebeldía a favor de los quejosos. Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa previos que regula la ley del acto reclamado. Ahora, del contenido de la demanda de amparo no se advierte la cuantía del asunto; sin embargo, ello no es impedimento para que deba decirse, en este asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la quejosa antes de acudir al juicio de amparo en relación con el auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por encontrarse en el supuesto que prevé el artículo 1334 y 1340, del Código de Comercio, puesto que debieron hacer valer en contra del auto reclamado, el recurso procedente. Ya que si bien es cierto, el acto reclamado es la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, también lo es que, prevalece el principio de definitividad, en relación al auto de de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente***, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia, residente en esta ciudad, el Código de Comercio en su artículo 1340, vigente en la época de la demanda mercantil, establece lo siguiente: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339". De donde se advierte la improcedencia del recurso de apelación cuando un asunto, por su monto se ventile en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. Así las cosas, conforme al cuadro normativo señalado, se aprecia que los autos que causen un gravamen irreparable a las partes en un procedimiento mercantil, podrán ser impugnados a través del recurso de apelación o revocación, pero dicha regla tiene una condición imperativa que prevé el numeral 1340 del Código de Comercio, la cual sea el caso dependiendo de la cuantía del negocio (suerte principal), sea inferior a $***vigente a la fecha de los hechos, suma que cada año se actualizará acorde al contenido del artículo 1339 de la legislación mercantil en cita. Entonces, es claro que existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que no siendo definitivos, excepcionalmente admiten la promoción en su contra del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de amparo contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada u obstaculicen el cumplimiento de la sentencia, pero en el caso se reitera que la parte promovente debió agotar el recurso de apelación o bien el de revocación, según el monto de las prestaciones reclamadas, antes de acudir al juicio de amparo, esto es, previamente debe interponerse de inmediato el medio ordinario de defensa, que prevé la ley contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia. Establecido lo anterior, se insiste que el acto reclamado en esta vía consiste en el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual, el Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia, residente en esta ciudad, ordenó la elaboración de la escritura de adjudicación correspondiente a favor de la parte actora del juicio natural, quedando a disposición del Notario Público número noventa y cuatro del Estado, la elaboración de la misma, siendo la autoridad responsable quien firmara en rebeldía a favor de los quejosos. En consecuencia, como de la demanda de amparo se obtiene que la aquí quejosa es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil***; resulta claro, que entonces, estaban en facultad de interponer el recurso de revocación o apelación aplicable; y por ende, al no haberlo hecho así, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el multicitado auto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el mismo procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual pueden ser revocado dicho acto. Consecuentemente, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida contra el auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente ***del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia, residente en esta ciudad, al actualizarse de manera notoria una causal de improcedencia. Asimismo, cabe precisar que el artículo 1334 del Código de Comercio en relación al diverso 1341, segunda parte, del ordenamiento mencionado, interpretados en sentido contrario, establecen que los autos dictados en los juicios ejecutivos mercantiles, en el periodo de ejecución de sentencia, que no sean apelables, admiten el recurso de revocación, pues no es exacto que la regla general contenida en el primer precepto citado, únicamente se refiera a los autos y decretos dictados en el periodo del conocimiento del negocio, ya que el capítulo relativo a ejecución de sentencias, no consigna excepción alguna al respecto. No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. No pasa inadvertido para este juzgador, que el acto reclamado sí es la última resolución en el procedimiento de ejecución, sin embargo, prevalece el principio de definitividad consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rijan los actos que se reclaman, salvo las excepciones que la misma establezca. A mayor abundamiento, la quejosa manifiesta que la orden de escrituración no cumple con los requisitos establecidos en ley, toda vez que no fue requerido de forma personal, sin embargo debió combatir la notificación que aquí reclama a través del incidente de nulidad previsto por el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que es el medio de defensa para solicitar la nulidad de las mismas, en cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por***. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas el que señala en esta ciudad; y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***porque su cedula no se encuentra en el registro de consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA."
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