Julieta Arisbe López Vázquez
Expediente 121/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 35 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julieta Arisbe López Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintitrés de junio del año en curso por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito invoca como hecho notorio el auto dictado el veintitrés de junio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento en el juicio principal del que deriva el incidente en que se actúa, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. De manera preliminar, conviene mencionar que el juicio de amparo se constituye bajo el principio de economía procesal, con la finalidad de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, de acuerdo con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable posible para ponderar la efectividad del mismo, con la finalidad de evitar la imposición de formulismos poco prácticos contrarios a la finalidad de la norma, al igual que convertir cualquier irregularidad procesal en un obstáculo insuperable para la continuación del proceso y obtener con ello una resolución práctica sobre la controversia planteada (principio de favorecimiento de la acción). Acorde con lo expuesto, desde una perspectiva de proporcionalidad se debe observar un distinto tratamiento en torno al grado de complejidad o defectuosidad de los diversos asuntos, los vicios o errores en que pudieran incurrir las partes y en relación con las circunstancias concurrentes su trascendencia práctica e incluso la voluntad de los promoventes, permitiendo que éstos en su caso los corrijan o incluso realizar ello de oficio para preservar sus derechos, sin soslayar la igualdad procesal de las partes (principio de subsanación de los defectos procesales); ello, tomando en consideración además a todos los justiciables que ejercen su derecho en específico ante este órgano jurisdiccional. Así, en virtud de lo expuesto y tomando en consideración que en el juicio de amparo de donde deriva el incidente en que se actúa se decretó el sobreseimiento, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, resultaría ocioso continuar con la tramitación del incidente hasta resolver sobre la suspensión definitiva, pues ello resultaría contrario al principio de economía procesal ya referido, en perjuicio, como ya se dijo con antelación, del resto de los justiciables de este juzgado, pues no deviene práctico ponderar un interés particular sobre el general; por tanto, se declara sin materia el incidente de suspensión al no existir cuestión sobre la cual resolver. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para el día de hoy para la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que compareció ante esta instancia constitucional Julieta Arisbe López Vázquez y José Luis Goyenechea Barrientos, en representación de su menor hija Aitana Goyenechea López contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades. La omisión de incluir en la política de vacunación a la menor quejosa en cita, contra el virus SARS-CoV-2 en México. En virtud de lo anterior, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo expuesto revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado consistente en la omisión de incluir al menor quejoso en la política de vacunación contra el virus SARS-Cov2 (covid-19) en México. Sin embargo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que constituye un hecho notorio para este juzgado, la página oficial del "GOBIERNO DE MÉXICO" consultable en el link https://www.gob.mx/salud/prensa/290-manana-se-abre registrodevacunación-contra-covid-19-para-ninas-y-ninos-de-cinco-a-11-anos, en el cual se advierte el comunicado de prensa "290. Mañana se abre registro de vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a 11 años", en el que la Secretaría de Salud hizo del conocimiento de la población en general que partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abriría el registro de vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a 11 años, en el sitio mivacuna.salud.gob.mx. Lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación, entre ellos en la página oficial del Ejecutivo del País: https://presidente.gob.mx/ninas-y-ninos-de-5-a-11-anos-seran-vacunados-contra-covid-19-recibiran-vacuna-pfizer/ donde se observa lo siguiente: Información que se constata al ingresar al link https://mivacuna.salud.gob.mx, ya que del mismo se advierte que, efectivamente, ya se encuentra disponible el registro para que menores de cinco años o más puedan vacunarse contra la COVID-19, como se observa de la imagen siguiente: Ello, implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones necesarias para incluir en el esquema de vacunación a los menores de cinco a once años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-Co-2 para la prevención de la COVID-19. En consecuencia, se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J.6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro: 2003285, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a su celebración acorde al principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de amparo, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia II.2o.P. J/23, con registro digital 173878, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio derelatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto" En consecuencia, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las once horas con veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil veintidós en que tendría verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que aún no obran los informes previos ni los acuses de recibo de los oficios por los cuales se les requirió a las autoridades responsables, residentes en la Ciudad de México. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con veinte minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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