Juliana Vázquez Ramírez

Expediente 676/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
676/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Juliana Vázquez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    : Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído diecinueve de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este asunto como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.

  2. Principal

    : Notificación personal a la parte quejosa y vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita del auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós.

  3. Principal

    se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 27, fracción i, inciso c) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: "I. Informe justificado. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, rinden informe justificado y remite fotocopia certificada del acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 132/2020 de su índice. Por tanto, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad rindiendo informe justificado y ofreciendo como prueba la documental que remite. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por proveído de cuatro de julio pasado, en lo conducente, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada el treinta de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por Juliana Vázquez Ramírez, por derecho propio, contra un acto de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por considerarlo violatorio de los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esencialmente consiste en: ? La omisión de acordar la promoción presentada por la parte actora (aquí quejosa), el siete de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 132/2020 de su índice, en la que solicita que se pronuncie sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y relacionadas en audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, verificada en el referido juicio laboral. ? La abstención de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, verificada en el referido juicio laboral. Luego, de la documental aportada por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, derivada del citado juicio laboral, a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en lo conducente, se advierte que por proveído de trece de julio de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral de origen, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (treinta de junio de dos mil veintidós), la junta responsable acordó el escrito que presentó la parte actora (aquí quejosa), el siete de octubre de dos mil veintiuno y sobre se pronunció sobre la admisión de pruebas, cuya omisión se dolía la peticionaria de amparo en el presente juicio, pues en dicho auto -en síntesis- se admitieron diversos medios de pruebas de las parte actora y demandada en el juicio laboral de origen y se señaló fecha para su desahogo. En ese tenor, es claro que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado en estudio; por lo cual, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del propio ordenamiento legal, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de naturaleza negativa, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, como se vio, la parte quejosa reclama la omisión de la junta responsable de acordar la promoción que presentó el siete de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral de origen, en la que solicita que se pronuncie sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y relacionadas en audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, verificada en el referido juicio laboral, así como la abstención de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas. Ahora, de la documental remitida por la autoridad oficiante, consistente en el acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral de origen, se advierte que la junta responsable proveyó respecto la promoción y se pronunció sobre las pruebas cuya omisión de acordar impugna la parte quejosa en este juicio de amparo; ergo, ha cesado la omisión de la que se duele la peticionaria de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta de junio de dos mil veintidós), la junta responsable no se había proveído en relación con la promoción de referencia ni sobre las pruebas ofrecidas en el juicio de origen, situación que aconteció hasta el trece de julio de dos mil veintidós. Por ello, claramente se desprende que han cesado los efectos de manera total e incondicional del acto reclamado en consulta, pues si el trece de julio del año en curso, la junta responsable acordó lo conducente respecto la promoción de la aquí quejosa, se concluye que cesó tal omisión. En ese orden de ideas, al encontrarse probado en autos que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Resulta aplicable, al no contrariar a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas condiciones, se dejan sin efectos las nueve horas con veinte minutos del dos de agosto de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes."

  4. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juliana Vázquez Ramírez, por derecho propio, contra un acto de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 676/2022-II. III. Decisión sobre la acción de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. IV. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del dos de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: Juliana Vázquez Ramírez. a. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo, y que se encuentra en esta ciudad. b. Autorizados. Ténganse por autorizados en los términos que indica a las personas que refiere la parte quejosa en el escrito de la demanda de amparo. c. Datos de contacto. Ténganse a la parte quejosa señalando la cuenta de correo electrónico y número telefónico que indica, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. 2. Autoridad(es) responsable(s). a. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que no hacerlo se le(s) impondrá multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en caso de que tenga conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique de inmediato a este juzgado de distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. c. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 3. Tercero(s) interesado(s). a. Quién. Se reserva proveer respecto a quién(es) le(s) recae el carácter de tercero(s) interesado(s) hasta en obre en autos el(los) informe(s) justificado(s). 4. Representación Social. Con apoyo en los artículos 5, fracción IV, y 26 fracción II de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que por proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de varios administrativo 2022 del propio índice, se determinó que a partir de esa fecha se autorizaría la consulta de todos los expedientes que se radiquen en este órgano jurisdiccional a Aracely Noemí Oxte Chimal, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "ARACELY.OXTE" y que las notificaciones personales en esos expedientes, se le realizarían vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del auto de admisión correspondiente, la cual deberá verificarse de manera personal. Por tanto, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 6, 16, 34 a 37 y 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a Aracely Noemí Oxte Chimal, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "ARACELY.OXTE" y que las notificaciones personales en el presente juicio de amparo, se le realicen vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del presente acuerdo, la cual deberá verificarse personalmente. En la inteligencia que la autorización contenida en este acuerdo surtirá efectos siempre y cuando la mencionada fiscal se encuentre adscrita a este órgano jurisdiccional; de lo contrario, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo, se revocará dicha autorización. VI. Incidente de suspensión. No es el caso abrir incidente de suspensión porque la parte quejosa no lo solicitó; por lo tanto, con fundamento en el artículo 116 de la Ley de Amparo, remítase fotocopia de la demanda a la autoridad responsable. VII. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa la documental que exhibe, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; efectúese la relación correspondiente al celebrarse la audiencia constitucional. VIII. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea) haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. IX. Requerimiento de contacto a las partes y solicitud de propuestas para mejorar la comunicación con ellas. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se solicita a las partes del presente asunto, que para entablar comunicaciones no procesales, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. X. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. XI. Notificaciones a autoridad(es) responsable(s). Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se indica que únicamente se harán las notificaciones a la(s) autoridad(es) mediante oficio de aquellas determinaciones cuyo contenido incida en algún aspecto en su esfera de derechos, practicándose las demás mediante lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." XII. Corrección de denominación de autoridades responsables. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el supuesto de que este órgano jurisdiccional advierta que la denominación de alguna de las autoridades que señaló como responsables sea inexacta, pero se pueda identificar o individualizar, se corregirá oficiosamente ese error y se tendrá por señalada con su denominación correcta, incluso si eso se advierte durante el trámite del juicio, lo anterior debido a que conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006401 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: XXVII.3o.17 K (10a.) Página: 1933 AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." XIII. Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir su respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 245 de la Ley de Amparo. XIV. Transparencia y aviso de privacidad. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo.

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