Juliana Sandoval Cruz
Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juliana Sandoval Cruz
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de abril de dos mil veintitrés. SE DEJAN DOCUMENTOS ORIGINALES A DISPOSICIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, autorizado de la quejosa ***; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos originales que haya exhibido; apercibida que, de no como comparecer a recogerlos, una vez que transcurra el término de noventa días, serán destruidos. En el entendido que de acuerdo con el artículo 3, fracción XVIII, del referido acuerdo general se considera documento original el instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; por tanto no se consideraran con ese carácter aquellos documentos de los que se pueda obtener una copia certificada por alguna dependencia pública, notarías o corredurías públicas, sin que sea necesario la autorización de las partes del acto jurídico que consignen. DEVOLUCIÓN AL ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado de los autos, se advierte que ha sido satisfecho el motivo por el cual se sustrajo este expediente del archivo; en consecuencia, devuélvase al mismo para su guarda y custodia.IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de marzo de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad; en su atención, acúsese recibo de estilo. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes la recepción de cuaderno original del juicio de amparo 83/2022-IV-A; y, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno correspondiente y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desglósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión, para ser integradas al presente juicio de amparo. DEVOLUCIÓN AL ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado de los autos, se advierte que ha sido satisfecho el motivo por el cual se sustrajo este expediente del archivo; en consecuencia, devuélvase al mismo para su guarda y custodia...IV
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de enero de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Con la demanda promovida por Juliana Sandoval Cruz contra actos de: Director General de la Comisión Federal de Electricidad; Titular de la Suministradora de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Oriente de la Zona Comercial Tula de Allende; Responsable del Proceso de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Oriente de la Zona Comercial Tula de Allende; y, Representante Jurídico de la Suministradora de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Oriente de la Zona Comercial Tula de Allende. Las últimas tres en el Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 83/2022-IV-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del numeral transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que subsista aun cuando se tramite el juicio y se ofrezcan pruebas para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, página 730, registro 193379, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Explicado lo anterior, la causa de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, de la misma legislación, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) De los artículos citados, se desprende que el juicio de amparo, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Esto es, una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, registro 2016656, de rubro y texto siguientes: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos de la parte quejosa y esas funciones están determinadas en la ley. Ahora bien, en el caso los actos reclamados lo constituyen: ? La orden de suspensión del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en calle Javier Butrón Maldonado Lote 8, Manzana C, fraccionamiento Viva 2000, El Carmen, Tula de Allende, Hidalgo; y, ? El cumplimiento y ejecución material de la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en calle Javier Butrón Maldonado Lote 8, Manzana C, fraccionamiento Viva 2000, El Carmen, Tula de Allende, Hidalgo. En ese sentido, quien provee concluye que tales reclamos no son actos de autoridad para efectos del amparo, debido a que tienen su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que los vínculos existentes entre la quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica. De ahí que no existe la relación de supra a subordinación, sino que el acto combatido es consecuencia de la misma relación contractual relativa al servicio de energía eléctrica, cuya relación entre los intervinientes es de coordinación. A mayor abundamiento, se tiene en cuenta lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, los cuales establecen: Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: (.) V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. (.) Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. De ahí que es incuestionable que los actos reclamados derivan de una relación de coordinación entre Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado, y los usuarios del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad, así como los diversos departamentos o cargos que la integran, no actúan en ejercicio de una potestad administrativa que le otorguen atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Sirve de apoyo la tesis XLII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 1183, registro 2009410, que dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Por tal motivo, no se encuentran satisfechos los requisitos necesarios para determinar que el reclamo constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues la relación que guardan las partes (usuarios y el organismo) es de coordinación y no de supra a subordinación, dado que se ubican en un mismo plano como partes contratantes con la finalidad, por un lado, de prestar el servicio y por otro, de obtener el suministro de energía eléctrica. Se invoca la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, registro 2019230, de rubro y texto siguientes: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Por lo que, si como se precisó con antelación, existe pronunciamiento por parte de la Segunda Sala del Alto Tribunal, en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad opera como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica y que los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, lo que permite arribar a la conclusión de que no es autoridad responsable para efectos de la procedencia de juicio de derechos fundamentales, es indudable que se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que permite desechar la demanda de cuenta. Se afirma de ese modo, ya que la promovente del amparo refiere ser usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica. Por ende, el acto que reclama constituye una controversia suscitada en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica que celebró con la Comisión Federal de Electricidad; por tanto, se actualiza la hipótesis motivo de análisis en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue transcrita en párrafos que anteceden. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, de la misma legislación, procede desechar la demanda de amparo promovida por Juliana Sandoval Cruz. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación FIREL o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a la quejosa para que, dentro del término de tres días, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Amado Nervo número 515 bis, colonia Morelos, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Marina de los Ángeles Hernández Zacatenco, Víctor Manuel Ramírez Gómez, Francisco Pedraza Ruiz y Gustavo Paredes Delgadillo; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Araceli Ponce Cervantes, Laura Yolanda Hernández González Sánchez, Irma Hernández Hernández, Angélica Cruz Ruiz, Sol María Rodríguez Mier, Carlos Ramírez Sánchez, Luis Alonso Pérez Cruz y Rodrigo Ramírez Sánchez, toda vez que no acreditaron estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho ni se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. CORREO ELECTRÓNICO DEL QUEJOSO. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando la cuenta de correo electrónico vmrg570306@hotmail.com, para que de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del acuerdo general de referencia, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...IV
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