Juliana Rabelo Monteiro

Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
67/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Juliana Rabelo Monteiro

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 67/2022-VIII-2 catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de uno de febrero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juliana Rabelo Monteiro, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco y otra autoridad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Juicio 67/2022-VIII-1 folio 1299. uno de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Juliana Rabelo Monteiro, mediante el cual en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, manifestó bajo protesta de verdad cuál es el acto reclamado. Con lo anterior se tiene por cumplida la prevención de mérito. Improcedencia de la demanda Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece*** Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo.*** Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar que de un estudio íntegro de la demanda de amparo y de su desahogo, se obtiene que la parte quejosa se duele de los siguientes actos a) El acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el cuadernillo 18/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco; y, b) La notificación del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, Juzgado Quinto de lo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, realizada el tres de diciembre de dos mil veintiuno.*** En ese tenor, se advierte que respecto a los actos reclamados antes mencionados el juicio de amparo resulta improcedente, como se expondrá enseguida. En ese orden, debe decirse que respecto al acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el cuadernillo 18/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad; se actualiza de manera clara y patente la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, éstos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen*** El primero de los artículos en comento, alude a la causa de improcedencia consistente en que si el amparo no se promueve dentro de los plazos legales establecidos en la ley de la materia, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, salvo los casos cuando se reclaman normas de carácter general. El segundo numeral, establece el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo; salvo los supuestos previstos en el propio numeral. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que en el caso se actualice alguno de los casos de excepción que permita la presentación de la demanda de amparo fuera del término genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, primer párrafo, puesto que dicho plazo únicamente se amplía cuando el acto impugnado se trate de a) Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyo caso es de treinta días; b) Una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en que se puede interponer hasta en un plazo de ocho años; c) Si el acto que pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, es de siete años, contados a partir de que de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a tales grupos agrarios; y d) Tratándose de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, puede presentarse en cualquier tiempo. De ahí que, en el caso, la parte quejosa no se encuentre en ninguna hipótesis de excepción para la presentación de la demanda de amparo, tomando en consideración que la controversia de origen emana de un procedimiento civil. Por tanto, la parte quejosa para formular su demanda de amparo contra los actos que reclama, se debe sujetar al plazo de quince días que establece el citado precepto legal. Esto es, porque no se advierte que se encuentre en los casos de excepción que prevé el numeral aludido. Ahora, es importante destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis, consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, inicia a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, de manera genérica, y salvo las excepciones mencionadas; por tanto, el término empieza a transcurrir desde el día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado, o bien el día siguiente al que haya surtido efectos la notificación, se haya ostentado sabedora del acto que reclama, o bien impuesto de su contenido. Ahora, la aquí quejosa, afirmó bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado se le notificó el tres de diciembre de dos mil veintiuno, e incluso acompañó copia de la cedula de notificación de esa fecha; por tanto, resulta procedente aplicar el contenido del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que entre otras cosas, establece que los plazos procesales empezaran a correr a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación. De lo anterior, se advierte que se actualiza el primer supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el que el cómputo para presentar la demanda de amparo, comienza a transcurrir desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto reclamado. En tal virtud, el plazo de quince días que tenía la quejosa para promover el juicio de amparo, comenzó a contar a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; esto es, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, y venció el doce de enero de dos mil veintidós, con exclusión de los días uno, dos, seis, siete, trece, catorce y quince de noviembre del presente año; por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo.*** Asimismo, de acuerdo a la circular 13/2021 signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, se advierte que su segundo periodo vacacional del año dos mil veintiuno, comprendió del dieciséis de diciembre del año pasado al dos de enero de dos mil veintidós.*** Por tanto, si la peticionaria de amparo presentó la demanda que dio origen al presente juicio constitucional hasta el dieciocho de enero de dos mil veintidós, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco (foja 2), resulta claro que ello se hizo fuera del plazo de que disponía para hacerlo, lo que evidencia la extemporaneidad en la presentación de la referida demanda; y, por ende, el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto reclamado antes precisado.*** Por otra parte, se advierte que respecto al segundo acto consistente en la notificación del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en autos del cuadernillo 18/2021, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, realizada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional advierte que se configura en el caso la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligada a agotar el principio de definitividad.*** En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en supralíneas, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que el acto de reclamo se trata de la notificación del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del cuadernillo 18/2021, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto de reclamo procede el incidente de nulidad de notificaciones. Para sustentar lo anterior, conviene transcribir el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que dice*** En efecto, el normativo transcrito establece el medio ordinario de defensa que tienen las partes en el procedimiento para nulificar la notificación en cuestión. Por tanto, el acto reclamado en esta instancia, conforme a la legislación aplicable al caso, admite un recurso ordinario, lo que implica desde luego que para combatirlo no puede acudirse directamente al juicio constitucional biinstancial, sin antes agotar tal proceso de composición. De lo que se sigue, que la parte amparista debió agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de notificaciones, porque no se actualiza para la procedencia del juicio de amparo indirecto intentado ninguno de los supuestos de excepción. De tal forma que la inconformidad del aquí quejoso con dicha determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante el medio ordinario de defensa, a través del cual tratará de obtener la modificación del acto que tilda de inconstitucional. Por lo antes expuesto, al poder obtenerse la revocación, modificación o nulificación de tal determinación, pues durante la tramitación del procedimiento natural, existe la posibilidad de impugnarla a través del recurso mencionado, para poder obtener, como se dijo en líneas precedentes, la modificación o revocación de la misma. Del mismo modo, se arriba a la conclusión que el incidente de nulidad de notificación en el juicio de origen satisface los requisitos, para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa; es decir, tiene por objeto anular la notificación en cuestión, generador del acto reclamado; entonces, si la parte promovente del juicio biinstancial es la parte actora -formal y material- en el juicio de origen, está constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por otra parte, respecto a la excepción apuntada en el inciso c), ?que la peticionaria de amparo tenga el carácter de tercero extraño?, esta no se actualiza porque la quejosa no tiene tal carácter, puesto que se aprecia de los antecedentes del acto de reclamo, que es parte actora en el juicio de origen y a la fecha no se ha dilucidado el juicio sucesorio seguido por ella; por tanto, su acción de amparo se condiciona al previo agotamiento del recurso ordinario procedente. De igual manera, en el particular tampoco se actualizan las salvedades señaladas en los incisos d) y e), tomando en consideración que el acto reclamado deriva de un juicio sucesorio. Por tanto, en contra del acto de reclamo por el impetrante es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra del mismo tendrá que agotar el recurso establecido en el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco.*** De ahí que, en el caso, el acto reclamado sea improcedente al no haber agotado el principio de definitividad. De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que respecto de los actos aquí reclamados, se actualizan la causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo; y, por tanto, resulta procedente, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, desechar de plano la demanda de amparo, por ser manifiesta y notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco y otra autoridad. Expediente electrónico. Fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico y regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el expediente 67/2022- VIII-1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que establece la obligación para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de guardia, el levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados, en los que las autorizadas para actuar a través del Portal de Servicio en Línea, se procede a dictar el acuerdo respectivo. Prevención. Ahora, previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano de control constitucional debe seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la citada ley, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Asimismo, el artículo 108 de la Ley de Ampro, estable lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Los normativos anteriores imponen a quien resuelve, la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. LINEAMIENTOS DE LA PREVENCIÓN. Del análisis realizado a la demanda de amparo que nos ocupa, se aprecia que la parte quejosa, señaló como acto reclamado los siguientes: ".La indebida Notificación del AUTO de fecha 22 de noviembre de 2021; misma que me fue supuestamente notificada el día 03 de diciembre de 2021, a las trece horas con cuarenta minutos, por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Quinto, licenciada Elizabeth Rueda de los Santos; lo anterior dentro del cuadernillo de desechamiento número 18/2021 formado con motivo de mi escrito de demanda dentro del juicio sucesorio legitimo en el mismo juzgado." Empero, al momento de establecer sus conceptos de violación, expresó lo siguiente: ". La responsable viola las garantías mínimas establecidas en los artículos 1, 14 y 16 Constitucional, puesto que la Resolución e fecha 07 de Mayo del presente año (2021), no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, ni esta dictada conforme a la letra." (sic). De lo antes transcrito, se advierte que la quejosa primero refirió dolerse del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y su notificación; sin embargo, posteriormente citó en sus conceptos de violación que la resolución de siete de mayo del año pasado, no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, lo que genera incertidumbre respecto al aquí combatido; es decir, se desconoce cuál es el acto reclamado; por tanto, tomando en consideración que el juicio de amparo resulta improcedente contra un procedimiento en general, así como contra actos imprecisos, en virtud de que tal circunstancia pudiera dar lugar a que la autoridad responsable no se encuentre en condiciones de rendir su informe justificado en forma clara y precisa; además, la sentencia que pudiera dictarse concediendo la protección constitucional carecería de una ejecución sobre la verdadera razón del amparo, por lo que se hace necesario que la promovente aclare cuál es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Cobra aplicación al caso la tesis XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Por lo anterior, a efecto de acordar lo conducente, con fundamento en el artículo 114, en relación con los diversos 108, fracción IV, 110 y 112 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: ? Aclare el acto reclamado; es decir, precise si reclama como tal el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y su notificación; o en su caso, la resolución de siete de mayo pasado. Asimismo, se le hace saber a la quejosa que dado que se requiere que realice manifestaciones bajo protesta de decir verdad, deberá ser desahogada de manera personalísima por quien promovió la demanda (*********) y que la información que se desprenda de la manifestación que vierta en su escrito aclaratorio será confrontada con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XXIV, Materia Común, de Julio de 2006, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Así como la tesis II.2o.P..51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. El delito que prevé el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es un delito que para que se configure debe ser intencional, pues si bien es cierto que tal figura no exige un resultado, también lo es que la omisión o afirmación de un hecho falso es con la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, es decir, dicho delito requiere que la omisión o alteración de los hechos sea con la finalidad y dañada intención de obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la protección constitucional, además de que la falta de su señalamiento o alteración sea indispensable para que trascienda al resultado del fallo, lo que constituye el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que al no quedar acreditada la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, y que dicha omisión no constituye antecedente del acto reclamado, sin el cual no se hubiera podido resolver el juicio constitucional, no se actualizan los elementos del tipo penal que para ello prevé precisamente el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo." En el entendido que del escrito mediante el cual cumpla la prevención impuesta en este acuerdo deberá exhibir copias para cada una de las partes que tienen injerencia en el presente sumario, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo; para estar en condiciones de correr el traslado de ley, habida cuenta que en el caso concreto, el escrito aclaratorio no puede quedar desvinculado al de demanda ya que viene a formar parte de la misma. La anterior consideración se sustenta en la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento en caso de incumplir con la prevención efectuada en este auto. Queda apercibida la parte quejosa, que de no hacerlo así en el lapso indicado se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del numeral 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fredi Cornelio Silvan. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a Manuel Alejandro Zurita de la Cruz y Rigoberto Hidalgo Figueroa, en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.

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