JULIAN VIZCARRA GARCÍA y Otros.

Expediente 686/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
686/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • JULIAN VIZCARRA GARCÍA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte promovente de amparo, recurrió el auto de dieciocho de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, dictado por este juzgado, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada personalmente el dieciocho siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintidós al veintiséis de agosto del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es destruible, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito inicial de demanda signado por Julián Vizcarra García, Julián Alejandro Vizcarra Soto y Lucila Soto Urbina, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 686/2022. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Para arribar, a la expresada conclusión, debe tenerse en cuenta que en el juicio de amparo indirecto 118/2022 del índice de este juzgado, los aquí también quejosos Lucía Soto Urbina, Julián Alejandro Vizcarra Soto y Julián Vizcarra García, reclamaron del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y otra autoridad, lo siguiente: "Primero.- En primer término señalo como acto reclamado el doloso desalojo realizado en mi contra del Juicio Ordinario Civil, interpuesto en contra del Hoy Quejoso, por el Hoy Tercero perjudicado siendo este el Ciudadano José Teodoro Osuna Arechiga, mismo que se realizó ante el Ciudadano Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial con Residencia en esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, asignándosele el número de expediente 829/2019, se interpuso el escrito inicial de demanda por quien hoy es Tercero Interesado, mencionando que una de las prestaciones que se me reclama de manera dolosa a la Hoy Quejosa, bajo protesta de decir verdad señalo que en dicho Juicio mencionado precedentemente estas son improcedente en virtud de que el Bien Inmueble del cuál de manera dolosa se me pretende Desalojar por otra parte detallo bajo protesta de decir verdad; que el citado bien; lo adquirí y por ende lo tengo en posesión material y fisica desde el año de mil novecientos noventa cinco; toda vez que este lo adquirimos ante el Ciudadano Comisario de dicha comunidad de El Chílillos, donde hemos vivido desde chicos, siendo este Carlos Lizárraga; y lo anterior lo acredito fehacientemente con las pruebas que se aportaran en el momento procesal oportuno, asimismo señalo bajo protesta de decir verdad que lo solicitado por el Tercero Interesado no cumple con todos y cada uno de los requisitos que la ley señala para ello, tal y como se acreditara en el momento procesal oportuno. (.)" Demanda que se admitió en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, y en sentencia de veintiséis de mayo de la propia anualidad, se decretó el sobreseimiento con fundamento en el artículo 63 fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, la cual causó ejecutoria en auto de catorce de junio año en curso y se envió al archivo como asunto totalmente concluido. Lo anterior, constituye un hecho notorio para quien esto emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y a las jurisprudencias 2a./J. 103/2007 y P./J. 16/2018 de la Segunda Sala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena y Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." y "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Mientras que, en el juicio en que se actúa, Julián Alejandro Vizcarra Soto, Julián Vizcarra García y Lucila Soto Urbina, reclaman del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Primero.- En primer término señalamos como acto reclamado el doloso desalojo que pretende realizar en nuestra contra, lo anterior el auto de fecha 06 (seis), del presente mes de agosto donde se ordena lo anterior; siendo esto en relación del Juicio Ordinario Civil, interpuesto en contra del Hoy Quejoso, por el Hoy Terrero perjudicado siendo este el Ciudadano José Teodoro Osuna Arechiga, mismo que se realizó ante el Ciudadano Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial con Residencia en esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, asignándosele el número de expediente 82912019, tal y como se acreditara en el momento procesal oportuno; asimismo y bajo protesta de decir verdad señalamos que dicho Juicio mencionado precedentemente es en relación a que el Hoy Tercero Interesado de manera dolosa pretende tener la posesión de un Bien Inmueble, mismo que es propiedad de los Hoy Quejosos, y nosotros somos los que tenemos la posesión material y física; asimismo bajo protesta de decir verdad; detallamos que el citado bien; lo adquirí y por ende lo tengo en posesión material y física desde el año de mil novecientos noventa cinco; toda vez que este lo adquirimos ante el Ciudadano Comisario de dicha comunidad de El Chilillos, donde hemos vivido desde chicos, siendo este Carlos Lizárraga; y lo anterior lo acredito fehacientemente con las pruebas que se aportaran en el momento procesal oportuno, asimismo señalo bajo protesta de decir verdad que lo solicitado por el Tercero Interesado no cumple con todos y cada uno de los requisitos que la ley señala para ello, tal y como se acreditara en el momento procesal oportuno" Todo lo anterior, pone de manifiesto que los promoventes reclamaron de nueva cuenta y bajo la misma calidad los actos que fueron materia del juicio de amparo indirecto 118/2022, donde se determinó decretar el sobreseimiento, por las razones torales siguientes: "Ahora, para acreditar la actualización de la causa de improcedencia mencionada, es oportuno hacer breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado, los cuales a continuación se enuncian: 1. José Teodoro Osuna Aréchiga demandó a los aquí quejosos en la vía ordinaria civil y en el ejercicio de la acción plenaria de posesión de un inmueble, demanda a la que anexó diversas pruebas documentales, entre las que destaca el contrato de cesión de derechos que celebraron Gustavo Filomeno Sánchez Valle (cedente) y el aquí tercero interesado José Teodoro Osuna Aréchiga (cesionario), respecto del lote de terreno ubicado en el poblado de El Chilillo, sindicatura de El Habal, en esta ciudad, con superficie aproximada de 657.49 metros cuadrados. 2. Mediante acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuestas en contra de los aquí quejosos, a quienes en ese mismo auto se ordenó emplazar a juicio. 3. Mediante diligencias de veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se emplazó a los aquí quejosos al juicio en mención. 4. Luego, mediante escrito de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la peticionaria del amparo Lucila Soto Urbina, produciendo contestación a la demanda entablada en su contra. 5. Seguido el juicio, en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se aperturó el juicio a prueba. 6. Luego del desahogo de diversas probanzas, en diligencia de once de marzo de dos mil veintiuno, se pusieron los autos a disposición de las partes para que formularan alegatos. 7. Finalmente, en proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, se citó a las partes para sentencia, misma que se dictó el seis de septiembre siguiente, en la que, entre otras cuestiones, se resolvió que José Teodoro Osuna Aréchiga tiene mejor derecho para poseer el lote de terreno urbano ubicado en el poblado de El Chilillo, sindicatura de El Habal, perteneciente a este municipio, y se condenó a los aquí quejosos Lucila Soto Urbina, Julián Alejandro Vizcarra Soto y Julián Vizcarra García a desocupar y entregar a José Teodoro Osuna Aréchiga el referido lote de terreno, con sus frutos y accesiones. 8. Sentencia que fue notificada a los promoventes del amparo el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en contra de la cual Luis Enrique Félix Cruz, procurador judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el nueve de diciembre de la anualidad próxima pasada, mismo que confirmó la sentencia recurrida. 9. Notificada que fue a las partes la resolución antes mencionada, mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se decretó orden de desalojo en contra de los aquí quejosos. En ese orden de ideas, esta última determinación dictada en el juicio ordinario civil 829/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en este Puerto, en la que se ordenó el desalojo de la parte demandada aquí quejosa, actualiza la hipótesis de improcedencia del amparo en estudio. Lo anterior se afirma, pues dicha resolución no aprueba de manera definitiva o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado en el aludido juicio, o bien, declara la imposibilidad material o jurídica para ello, ni tampoco ordena el archivo definitivo del expediente en cita. Se comparte el criterio y sirve de sustento la jurisprudencia I.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2017100, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN." (Se transcribe texto) Asimismo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, con registro digital 178405, cuya literalidad es la siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. (Se transcribe texto) De todo lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo que ahora se resuelve es improcedente, pues el tema central del acto reclamado no guarda relación con la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia de origen, como se ha expuesto. Esto resulta así, porque carece de vinculación con aquélla decisión que declare el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordene el archivo definitivo del expediente; por tanto, el amparo indirecto es improcedente. En ese sentido, la parte quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y por ello las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el acto conclusivo de dicho procedimiento. Con la precisión de que en el caso no opera la diversa hipótesis de procedencia, relacionada con la afectación de un derecho sustantivo diverso de la cosa juzgada, pues la orden de desalojo reclamada no es un aspecto ajeno a la potestad de la cosa juzgada de que se encuentra investida la sentencia definitiva del juicio de origen." Los anteriores razonamientos encuentran apoyo, en lo conducente, en la tesis XIX.2o.P.T.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible a foja 2734 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Común, Novena 12/10/23 Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA.- El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada." En la inteligencia de que la causa de improcedencia examinada, prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, es preferente, incluso, al supuesto establecido en el numeral 61, fracción XXIII, relacionado con el artículo 17 de la citada ley, en razón de su extemporaneidad. Aunado a lo anterior, no se soslaya que en la demanda de cuenta los promoventes refieren que la orden de desalojo fue emitida el seis de los corrientes, sin embargo, no señalan diversos antecedentes a los plasmados en la demanda que dio origen al juicio 118/2022 a que se ha hecho referencia, y que pudiera hacer presumir que se trata de un acto diverso al ya analizado, ya que dicho libelo ha evidenciado que los promoventes han estado solicitando en la vía constitucional el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del mismo acto y bajo el mismo formato de demanda, cuyos antecedentes son los mismos. Ello es así, pues en la estadística de este juzgado se encuentra registrado el diverso juicio 574/2022, en el que los aquí promoventes solicitaron el amparo respecto del mismo acto que en la demanda que se atiende, y en el cual se proveyó el respectivo desechamiento por actualizarse la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Rio Culiacán número 1204 altos, fraccionamiento Tellerías, de esta Ciudad y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Luis Enrique Félix Cruz y Enrique Lizárraga Robles, quienes tienen sus cédulas profesionales números 2672863 y 3659099, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Evangelina Delgado Olivaría y Juan Hinojosa Pardo, por no contar con dicho requisito. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 282 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I3 y 22, fracción II4 del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). Bajo ese tenor, se le tiene señalando el correo electrónico luisenriquefelix71@hotmail.com, así como el número de teléfono 6691554368, a fin de entablar comunicaciones no procesales. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. Notifíquese personalmente a los promoventes. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Ricardo Borrego Pérez, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, encargado del Despacho por vacaciones concedidas al Titular de este órgano jurisdiccional, autorizadas mediante oficio CCJ/ST/2714/2022, firmado electrónicamente por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ante la licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, con quien actúa y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano