Julián Urrutia Castro
Expediente 507/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Julián Urrutia Castro
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Ricardo Urrutia Pérez, en su carácter de apoderado legal del quejoso Julián Urrutia Castro, por el que interpone recurso de queja en contra del auto de veintidós de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, expresa los agravios que en su concepto le causa esa determinación; por tanto, con sustento en los numerales 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la legislación de la materia, adhiérase al expediente una copia del ocurso que se provee, para los efectos legales a que haya lugar.... Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, personalidad que acredita con el documento que exhibe, la que tiene acreditada ante las responsables, y se le reconoce al cobrar aplicación la jurisprudencia P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 200084, de rubro que a la letra dispone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA, CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD, CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO"; contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 507/2023 que le corresponde, para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Ahora bien, del análisis minucioso del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los que enseguida se precisarán: "III. La autoridad o autoridades responsables. MAESTRO EN DERECHO RODRIGO RAMOS GARCÍA; JUEZ DE CONTROL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO LICENCIADO ********************; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN EL DELITO DE DESPOJO, LICENCIADA ********************; AGENTE MINISTERIO PÚBLICO UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 3 DE LA AGENCIA DE DESPOJO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES ACAPULCO, GUERRERO. IV. Acto que se reclama; "La negativa contenida en la resolución del Honorable Juez de Control de fecha tres de Mayo de dos mil veintitrés y las Omisiones del Ministerio Público en el cumplimiento del debido proceso penal en la contestación a mi escrito de Petición de fecha veinte de Abril de dos mil veintidós, así como la parcialidad en su intervención en la investigación de los delitos en Autos de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN ******************** por el delito de DESPOJO, cuando no esté satisfecha la reparación del daño." En ese orden, la lectura de los actos reclamados, permiten al juzgador apreciar que derivan de cuadernillo sin antecedentes número ******************** de la estadística del Juzgado de Control del Poder Judicial del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y de la carpeta de investigación ********************, del índice de la Agencia del Ministerio Publico Especializada en el Delito de Despojo del Distrito Judicial de Tabares, con sede en este puerto, los cuales consisten en: Del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, la resolución que dictó el veintisiete de abril del año en curso, en el cuadernillo sin antecedentes número ******************** en el que en atención al escrito que le presentó en dicha fecha, negó emitir la orden de cateo que le solicitó. De los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a la Agencia Especializada en el Delito de Despojo y a la Unidad de Investigación 3 de dicha agencia, ambos del Distrito Judicial de Tabares, con sede en este puerto, la omisión en el cumplimiento del debido proceso penal en la contestación al escrito que les presentó el veinte de abril de dos mil veintidós, así como la parcialidad en su intervención en la investigación de los hechos relativos a la carpeta de investigación ******************** por el hecho que la ley considera como delito de despojo, al no estar satisfecha la reparación del daño. En atención a tales circunstancias y al hecho de que el presente asunto se rige por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente, es necesario hacer referencia al artículo sexto transitorio de dicho ordenamiento el cual señala: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Pues bien, dentro de la jurisprudencia que se integró conforme a la anterior ley de la materia se encuentran aquellos criterios en los que se estableció la figura de la separación de juicios, misma que si bien no estaba prevista en la Ley de Amparo abrogada, como tampoco lo está en la vigente, fue incorporada al juicio de amparo a través de los criterios jurisprudenciales números P./J.76/97 y P.J.78/97, pronunciados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 6/96, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, localizables en las páginas 117, 118 y 119, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS, SU PROCEDENCIA"; "SEPARACIÓN DE JUICIO. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS; y, "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECLARARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA". Criterios de cuya lectura se colige que dicha figura jurídica tiene por objeto dividir la demanda de amparo, a efecto de analizar, en forma separada y autónoma, los diversos actos que provienen de juicios desvinculados entre sí, reclamados a las autoridades responsables en una sola demanda, y que para determinar la separación de los juicios de amparo, los actos que se reclamen en una misma demanda de amparo deben ser distintos por derivar de diferentes procedimientos, o bien, porque se reclamen a las mismas autoridades responsables, distintos actos desvinculados entre sí, aunque sean diversos los quejosos. Es importante señalar que el objetivo primordial de la separación de los juicios es que se logre una tramitación más práctica y eficaz en los juicios de amparo, respecto de los actos que se reclaman, no sólo para los efectos del entendimiento de la sentencia, sino para evitar que en lo futuro se dicten fallos complicados y confusos en su comprensión, además de evitar en lo posible las complicaciones en su cumplimiento y facilitar la tramitación de los recursos que llegaren a interponerse, ello con el objetivo primordial de respetar el principio de economía procesal. Los aspectos en mención, fueron observados por el Constituyente al emitir la nueva Ley de Amparo, ya que basta remitirse a la exposición de motivos respectiva, para advertir que el juicio de amparo debe de ser más ágil, con el fin de que se resuelva de la manera más rápida, pues en el capítulo de incidentes se estableció lo siguiente: "En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución". Lo antes destacado, revela que la intención del legislador estribó en dotar de amplias facultades al Juez de amparo para resolver los aspectos accidentales que surgieran durante el trámite del juicio, lo cual va desde establecer si debe resolverse de plano o en su defecto requiere de un trámite especial o ha de resolverse al fallar el fondo del asunto, hasta determinar la forma en que habrá de proceder en las situaciones particulares que encierre el caso puesto bajo su consideración, con la finalidad de dar mayor celeridad a los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con el postulado de justicia pronta que impone el numeral 17, de la Carta Magna. En esas condiciones, y dadas las facultades que otorga el numeral 66 de la Ley de Amparo vigente, procede pronunciarse en torno a la separación de autos que se actualiza en el presente juicio. En vinculación con lo anterior, el numeral 66, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". Para mayor claridad en la exposición, conviene precisar que por conexidad -del latín conexus, del verbo conectarse, que significa estar juntos- debe entenderse la estrecha vinculación que existe entre dos o más procesos, por lo que la resolución que se dicte en uno de ellos, puede influir en los otros; por ello resulta conveniente que se sometan al mismo tribunal, para la acumulación de los juicios vinculados y su resolución en una sola sentencia, hipótesis que no se surte en la especie. En ese orden de ideas, de mantener la unidad de los juicios, la tramitación de los mismos, así como la resolución que se dicte en definitiva podría ser confusa al ser probable que en un mismo juicio, se conceda la protección constitucional, o bien, se niegue o sobresea el juicio, respecto de los actos de referencia, por cada una de las quejosas, dificultándose en todo caso, los recursos que se llegaren a promover; por tanto, se estima necesario tramitarlos de forma independiente. En las relatadas condiciones, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitucional Federal, se estima que en este caso particular, es procedente la separación de autos, para dar mayor claridad y autonomía al trámite y resolución de la demanda de amparo y a fin de evitar resoluciones contradictorias, pues como se ve, el quejoso********************, se duele de actos que se encuentran desvinculados entre sí. Consecuentemente, por los motivos apuntados y a fin de integrar los expedientes respectivos, se decreta que este Juzgado analizará el acto reclamado, a saber: La resolución dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, dictada el veintisiete de abril del año en curso, en el cuadernillo sin antecedentes número ******************** en el que en atención al escrito que le presentó en dicha fecha, negó emitir la orden de cateo que le solicitó. Por lo que respecta a los diversos actos controvertidos a las autoridades responsables a los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común adscritos a la Agencia Especializada en el Delito de Despojo y a la Unidad de Investigación 3 de dicha agencia, ambos del Distrito Judicial de Tabares, con sede en este puerto, la omisión en el cumplimiento del debido proceso penal en la contestación al escrito que les presentó el veinte de abril de dos mil veintidós, así como la parcialidad en su intervención en la investigación de los hechos relativos a la carpeta de investigación ********************, por el hecho que la ley señala como delito de despojo, al no estar satisfecha la reparación del daño. Por ende, se ordena formar un tanto de copias certificadas de la demanda de amparo y sus anexos, para remitirlas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que se turne al órgano de control constitucional al que corresponda. Tiene puntual aplicación a este caso en particular, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar a foja 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Desde otro aspecto, en términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son: La resolución dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, dictada el veintisiete de abril del año en curso, en el cuadernillo sin antecedentes número ******************** en el que en atención al escrito que le presentó en dicha fecha, negó emitir la orden de cateo que le solicitó. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J.40/2000 con registro digital 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Principio de definitividad. En el caso, se estima que respecto del acto reclamado especificado en el inciso a), atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad, antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. La aludida porción normativa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". El dispositivo legal y fracción citados, prevén que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de derechos fundamentales. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Para lo cual, por un lado, tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen; y, por otro, para que la parte quejosa tenga obligación de agotarlos previamente al ejercicio de la acción constitucional debe existir entre el acto que lo agravie y el recurso ordinario una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, a efecto de demostrar la causa de improcedencia a que se hace referencia, es necesario conocer el contenido de los artículos 160 y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. (...)" "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba.". De los preceptos legales citados, en lo relevante, se colige, que, la resolución emitida por el Juez de Control, en la cual se pronuncie sobre providencias precautorias o medidas cautelares, entre las que se encuentran la negativa a decretar un cateo o cualquier determinación relativa a esa medidas procede recurso de apelación. En el caso, la parte quejosa (en su calidad de agraviada) reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, la resolución dictada el veintisiete de abril del año en curso, en el cuadernillo sin antecedentes número ******************** en el que en atención al escrito que le presentó en dicha fecha, negó emitir la orden de cateo que le solicitó, es evidente que el promovente cuenta con un medio efectivo de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 467, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, estaba obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los referidos artículos 160 y 467 prevé el derecho para las partes procesales de recurrir a través del recurso de apelación, aquellas determinaciones relativas a decisiones judiciales de la naturaleza jurídica de la reclamada, a través del cual, pueden ser modificadas, anuladas o revocadas. De ahí que este juzgador de amparo, insiste, que el acto reclamado, debe ser impugnado mediante el recurso de apelación que el invocado código prevé, por el cual podrá ser confirmado, modificado o revocado en la vía jurisdiccional ordinaria, ya que los artículos 160 y 467, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla un medio ordinario para recurrir tales determinaciones de instancia (negativa de una orden de cateo), lo que conlleva implícita la posibilidad de revisar los actos que aduce, previo a incoar el juicio de amparo indirecto, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad, ni tampoco lo torna como un acto de imposible reparación, porque puede ser que al resolverse subsanen las omisiones que atribuye a la autoridad responsable. Sin que el caso en estudio se encuentre dentro de las excepciones al principio de definitividad, que prevé el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyas hipótesis son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de libertad, o resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Lo anterior, tampoco implica la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevén en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control Constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afecten la procedencia del juicio de amparo. Conclusión. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XVIII y 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar indudable y notoria la improcedencia de la acción que mediante ella se pretende ejercitar. Se habilitan horas y días inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Autorizados y domicilio procesal de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y respecto de la diversa persona que señala, únicamente se le autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación al correo electrónico y el teléfono que se proporcionan, no ha lugar a realizar notificaciones a través de esos medios electrónicos, toda vez que esa opción se estableció como transitorio en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 cuya vigencia ya feneció y el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en vigor no contempla esa posibilidad, sino sólo para cuestiones no procesales. Criterios invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
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