Julián Urrutia Castro

Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
843/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Julián Urrutia Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que acusa recibo de la misiva mediante la cual se remitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; asimismo, se advierte que radicó dicho medio de impugnación bajo el número 463/2023 y que lo admitió a trámite; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso signado por Julián Urrutia Castro, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra del proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto ese recurso, ordenándose distribuir copia de los agravios entre las partes. En ese tenor, deberá solicitarse a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno, de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión. Asimismo se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1237. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito a la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de agosto pasado, aclara su informe justificado en los términos ahí precisados. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que adjunta a la misiva de cuenta. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que precisa que emitió una determinación respecto a la omisión que aquí reclamó la parte quejosa; a) en torno al escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés (folio 346047) -atinente al cumplimiento sustituto pretendido-, y b) respecto al escrito de veinte de junio del año en curso -que acordara dicha petición folio 346047 y notificara la respuesta-, en el expediente 400/2016 de su índice; por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de dar contestación: a) al escrito presentado el veintidós de mayo del año en curso, por el cual en esencia solicitó el cumplimiento sustituto de las ejecutorias emitidas 1) en el recurso de revisión 400/2016 del índice de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México y 2) en el juicio administrativo 251/2015 -resolución PROPAEM/0292/2011- del índice de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México; asimismo, b) respecto al escrito presentado el veinte de junio de la presente anualidad, mediante el cual, peticionó se realizara la notificación vía electrónica a su solicitud de veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, a) por cuanto hace a la omisión de dar contestación a la solicitud formulada por el ahora quejoso el veintidós de mayo del año en curso, dicho acto dejó de existir al pronunciarse respecto de ello en la determinación de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por el que se acordó lo conducente en relación al cumplimiento sustituto de las ejecutorias emitidas 1) en el recurso de revisión 400/2016 del índice de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México y 2) en el juicio administrativo 251/2015 -resolución PROPAEM/0292/2011- del índice de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México; mediante la cual se destaca que la responsable determinó no acordar de conformidad la solicitud del quejoso por las razones expuestas en el citado proveído, mismo que si bien fue emitido por la responsable con antelación a la presentación de la demanda, lo cierto es que fue notificado vía electrónica a la parte quejosa hasta el ocho de agosto de la presente anualidad, como se desprende del párrafo siguiente. Luego, b) por cuanto hace a la omisión de dar contestación a la solicitud presentada por el impetrante del amparo el veinte de junio de la presente anualidad, dicho acto dejó de existir en virtud de que la responsable, atendió aquella mediante la plataforma del Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa (TEJA), toda vez que aduce que de conformidad con "El ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO, BUEN FUNCIONAMIENTO E INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES PORPORCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO", quienes se encuentren registrados en dicha plataforma, tienen acceso a recibir notificaciones electrónicas, lo que les permite a las partes solicitar la recepción de notificaciones electrónicas del sumario de su interés radicado en el citado Tribunal, y dichas solicitudes son aprobadas desde la misma plataforma, es decir, aceptando tal petición, sin la necesidad de emitir un proveído. Lo anterior, se advierte de las constancias emitidas por la responsable, de las cuales se aprecia que la solicitud formulada por el quejoso el veinte de junio del año en curso, a efecto de ser notificado por ese medio del proveído de veintidós de mayo de la presente anualidad, fue aceptada a través de la plataforma del Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa (TEJA), y en consecuencia, se le notificó el ocho de agosto del año en curso vía electrónica por medio de dicha plataforma el referido auto de veintidós de mayo de la presente anualidad -que recayó a la primera solicitud en mención-; de ahí que, si bien, a la fecha en que el peticionario del amparo presentó la demanda (cuatro de julio de dos mil veintitrés) aun persistía la contumacia de la autoridad responsable de notificar el multicitado acuerdo, lo cierto es que la referida autoridad atendió la solicitud de la parte quejosa por medio de la mencionada plataforma, el ocho de agosto de año actual, con lo que se colma tal extremo. En ese sentido, se advierte que cesaron los efectos de dichos actos reclamados; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de esos actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que la autoridad diera contestación a los escritos que presentó, de ahí que, si en el presente caso ya hay un pronunciamiento que impera, se debe estimar que tal acto omisivo cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (omisión de pronunciarse respecto a sus peticiones y notificar la respuesta correspondiente en el expediente de origen), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción xvi, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo." Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que es innecesario dar vista a la parte quejosa con la aclaración del informe justificado rendido por la responsable a efecto de que realice sus manifestaciones respectivas en torno a éste y a la respuesta a sus peticiones, en tanto que dicha actuación se encuentra regulada por los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; de ahí que, no se pueda reclamar de forma autónoma como una violación al derecho de petición conforme al artículo 8° de la Carta Magna y, por ende, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a otorgar la posibilidad de que desahogue dicha vista respecto de la determinación asumida por la autoridad responsable, al derivar de un procedimiento jurisdiccional. Afirma lo relatado, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas del siete de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita; por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso Julián Urrutia Castro, por medio del cual aduce que atento a la vista otorgada en proveído de quince de agosto del año en curso, realiza manifestaciones respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable. Ahora bien, toda vez que no se tiene la certeza de qué es lo que pretende el ocursante con el escrito de cuenta; en virtud que en el proemio solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en la vía de amparo indirecto y, por otra parte, refiere que acudirá en el momento procesal oportuno en términos del artículo 111 de la Ley de la materia, esto es, ampliando la demanda de amparo; por el momento y hasta en tanto no aclare su petición, lo procedente es que, de conformidad con el artículo 124 de Ley de Amparo, tener por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Máxime que en el único petitorio solicita ".atender las causas para acudir por esta Vía y señalar hora y día para que tenga verificativo la audiencia constitucional."; sin embargo, de autos se desprende la hora y fecha señalada para tal efecto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales en copia simple que adjunta al escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Finalmente, respecto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, las personas que refiere autorizar, así como el número telefónico y correo electrónico que proporciona; dígase al promovente, que deberá estarse a lo acordado en proveído de siete de julio del año en curso. Notifíquese.

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