Julián Torres Flores
Expediente 1006/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- Julián Torres Flores
Actuaciones
- Principal
Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso el auto de diecisiete del mes en curso, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Julián Torres Flores, contra actos del fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 1006/2019. Previo al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al quejoso para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación, subsane la irregularidad en que incurrió, esto es, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, como parte de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, los motivos por los cuales señala como responsable en este asunto al fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia, pues de los antecedentes que narra no se advierte su intervención, máxime que es un hecho notorio para este órgano de control constitucional que dicha autoridad no integra carpetas de investigación, pues es una facultad exclusiva del agente del Ministerio Público correspondiente. Así, no debe perderse de vista que en el juicio de amparo el señalamiento de las autoridades responsables, debe ser de tal forma que permita su específico emplazamiento, ya que de la interpretación sistemática del precepto 108, fracción III, en relación con el 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de la ley reglamentaria, se advierte que es obligación de este juzgado practicar el emplazamiento y las notificaciones a las mismas por medio de oficio que se entregue en el domicilio de su oficina principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS". Y es que para la admisión de la demanda de amparo indirecto es necesario que se reúnan los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, entre los que se encuentra el precisado en la fracción V, que dice: "...Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación...". No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que en este momento resulta legalmente imposible pronunciarse en cuanto a si es procedente o no, medularmente por la forma en que está redactada. Lo expuesto, en virtud de que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el dispositivo 79, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la parte quejosa señaló, como lo es la indicación de las autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el justiciable, no así sus autorizados, pues por una parte, si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere determinadas facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde a la titular de la acción constitucional de amparo, y por otra, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con la precisión que, en su caso, deberá exhibir las copias del escrito de desahogo necesarias para correr traslado a cada una de las partes, así como para aperturar el incidente de suspensión que solicita. Apercibido que de no desahogar la prevención en los términos apuntados, se acordará únicamente respecto del acto de las autoridades que no fueron materia de la misma. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, así como autorizada(s) en los términos que se precisan a la(s) persona(s) mencionada(s). Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo...".
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