Julián Santiago Orozco

Expediente 494/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
494/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Julián Santiago Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    ...se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ni existe constancia postal que justifique que haya recibido el oficio...requiérase al Jefe de la Administración de Correos de México, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días,...remita a este Juzgado el acuse de recibo postal ...o en su caso, manifieste si tiene algún impedimento legal para cumplir con ello, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo anterior dentro del plazo concedido,...se le impondrá multa como medio de apremio por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización... difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose para su desahogo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DICECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve Julián Santiago Orozco, contra actos del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por consiguiente, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115, y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 494/2019. Por otra parte, atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario (a) de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Cabe destacar que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Sin que se ordene tramitar el incidente de suspensión, en virtud de no haber sido solicitado por la parte quejosa. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo sin falta dentro del plazo de quince días, siguiente al que reciba el oficio en el que se pide dicho informe; para lo cual, remítasele copia de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, párrafo tercero, y 117 de la Ley invocada, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado: a) Acompañe las constancias que guardan relación con el acto reclamado, siendo necesarias para la resolución del presente asunto; b) Que las copias que anexe sean íntegras y legibles y, c) Queda obligada a comunicar si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento del juicio. Con apercibimiento que 1) de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se le impondrá multa por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecinueve, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecinueve, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de ser incorrecta la denominación de la autoridad señalada como responsable o de no existir, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, se podrá dejar de tenerla con tal carácter y cesará toda comunicación con ella; lo anterior, acorde con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Por otro lado, infórmese a la responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente "información reservada'' o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expresando las razones que lo justifiquen, y formulando, de ser el caso, adicionalmente a la versión original, la versión pública de las constancias que tomaron en cuenta para emitir el acto reclamado, considerando que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dispone que cuando un documento contiene partes o secciones reservadas, se deberá entregar una versión en la que se omitan estas últimas y que en términos del artículo 40 del mismo ordenamiento, se debe dar acceso a las versiones públicas de los documentos en las que se excluyan las partes o secciones de éstos que contengan información confidencial; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el citado artículo 30 del Reglamento de la propia Ley; apercibida de que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se está en el supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. En el mismo orden de ideas, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercera interesada (en caso de existir), así como de la totalidad de las partes que conformen este juicio de amparo, que en la eventualidad de exhibir documentales que a su criterio contengan información confidencial o que deban tener un tratamiento especial consistente en restringir la difusión de datos personales a las partes y que a su vez deban ser resguardadas en el seguro de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, deberán indicarlo expresamente, argumentando los motivos y fundamentos con los que sustenten su dicho, así como exhibirlas en un sobre cerrado debidamente identificado con su contenido, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de otorgar el tratamiento que en derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las pruebas documentales que acompaña la parte quejosa con su demanda, consistentes en: 1. Copia simple de la credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, a nombre de Julián Santiago Orozco. 2. Copia simple del oficio SCTG/DPJ/QD/2295/2014, de veintiocho de abril de dos mil catorce, suscrito por el Director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de la Controlaría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; y 3. Copia simple del acuerdo de veintiocho de abril de dos mil catorce, dictado en el expediente 201/QD/2014, del índice de la Secretaría de la Controlaría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca. Sin perjuicio de que se haga relación de dichas probanza el día de la celebración de la audiencia constitucional y se tengan por recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa de parte interesada. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que de una revisión efectuada al contenido de la promoción de cuenta, y anexos, no se advierte algún documento que aparentemente deba ser clasificado como confidencial o sobre el cual se deba tener un tratamiento especial; en consecuencia, se hace del conocimiento de la parte promovente, que en caso de considerar lo contrario tiene expedito su derecho para hacerlo saber expresamente a este órgano de control constitucional, a fin de que tome las medidas de resguardo correspondiente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que refiere, en razón que no justifican estar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogados, dado que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se encuentran registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, lo mismo que en los libros de registros de cédulas profesionales que se llevan en este Juzgado; asimismo, se tienen por autorizados para los mismos efectos a las restantes personas que menciona. De conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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