Julian Rosales Gradilla

Expediente 1026/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1026/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Julian Rosales Gradilla

Actuaciones

  1. Principal

    EN VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A LA QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO 189/2021, EL ACUERDO DE QUINCE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el término de tres días otorgado a la quejosa en el auto de treinta y uno de octubre de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento de la sentencia, sin que a la fecha lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, del análisis de la sentencia dictada en este juicio, se desprende que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] DÉCIMO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General, Secretario Administrativo y Subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 18 del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal por la indebida observancia de dicho precepto; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: P11) Prima Vacacional, P13) Recompensa Anual por Antigüedad, P17) Anteojos y Pupilentes, P18) Aparatos Ortopédicos, P19) Ayuda de Alimentos, P20) Ayuda para compra de libros y uniformes escolares, P23) Bienestar Social, P24) Despensa, P27) Material Didáctico, Prótesis Dental, P38) Ayuda de Transporte, P39) Ayuda para Gastos de Defunción, P44) Ayuda para encuadernación de tesis, P57) Compensación Especial de Fin de Año y P58) Estímulo al Trabajador de Fin de Año, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por lo que corresponde al ejercicio fiscal dos mil veintiuno. La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. [.]" Ahora con la finalidad de determinar, si se ha dado o no cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede al estudio de las constancias que obran en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 12, 17 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al tratarse de actuaciones de la autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, por auto de treinta de agosto dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento al director general, secretario administrativo y subdirector de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). En cumplimiento a la sentencia de amparo el treinta y uno de octubre de este año, se tuvo por recibido el oficio con el folio 16582, remitido en representación de las citadas autoridades responsables en el que, en la parte que interesa, establecen lo siguiente: "[.]" Que, por medio del presente escrito, vengo a dar cumplimiento a la ejecutoria, lo que hago en los siguientes términos adjuntando lo siguiente: Póliza con número ***** de fecha 18 de septiembre de 2023 (Anexo 1), Acta Administrativa Circunstanciada de Cumplimiento de fecha 16 de octubre de 2023 (Anexo 2), Copia de del Cheque número ****** (Anexo 3) y Copia de la Identificación Oficial (Anexo 4), todos con firma autógrafa y con huella dactilar de la quejosa: ********************; que bajo protesta de decir verdad, los anexos adjuntos son constancias digitalizadas y escaneos íntegros e inalterados de los documentos originales. Con lo que se cumplimenta la ejecutoria, manifestando bajo protesta de decir verdad que: Se DEJARON INSUBSISTENTES la aplicación del artículo 18, del Decreto por el que se abroga la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide le Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, así como sus efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida. [.]." De la anterior transcripción, se aprecia que las responsables exhibieron con el primer oficio, copia certificada de la póliza número ***** de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, así como del acta administrativa circunstanciada con firma de recibido de la quejosa del cheque a su nombre expedido por Banorte, que ampara la cantidad de *********, con el cual le devolvieron las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal. Asimismo, manifestaron que dejaron insubsistente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, así como todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de dicho precepto. Así las cosas, tomando en consideración los elementos anteriores se considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida, ya que los efectos de la sentencia de amparo consistieron en que las autoridades responsables: 1. Dejaran insubsistente la aplicación del artículo 18 del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 2. Devolvieran a la quejosa en su caso las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: aguinaldo, prima vacacional, recompensa anual por antigüedad, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda de alimentos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, prótesis dental, beca al desempeño académico, ayuda de transporte, ayuda para gastos de defunción, ayuda para encuadernación de tesis, compensación especial de fin de año y estímulo al trabajador de fin de año, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. 3. Dejaran insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. Ahora, de las constancias que exhibieron las autoridades responsables se advierte que efectivamente informaron la inaplicación del artículo 18 del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, devolvieron a la quejosa las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, le reintegraron como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los conceptos que fueron afectados y por último dejaron insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida, sin que la citada quejosa haya realizado manifestación alguna. Por tanto, se considera que la actuación de las autoridades responsables se ajusta de manera integral a los efectos establecidos en la sentencia de amparo, por lo cual se estima la sentencia se encuentra cumplida, sin exceso o defecto alguno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a la quejosa.". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierten: a) Que en acuerdo de veinte de septiembre de este año, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, informado que aceptó el conocimiento de ese asunto, lo admitió a trámite y lo registró como inejecución de sentencia 819/2023 de su estadística, b) Que se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al titular de asuntos jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, al titular de la Unidad del Abogado General y Comisión para la Transparencia dependiente de la Secretaría de Bienestar (autoridad vinculada al cumplimiento) y a la titular de la Secretaría de Bienestar (superior jerárquico). c) En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios 15033 y 15055 firmados en representación del titular de la Secretaría de Bienestar y del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, por los que el primero de ellos informa: "(.) Por lo que es evidente que, no había pago pendiente a realizar en favor de la responsable de la estancia infantil denominada ********************" toda vez que dicho pago se realizó de conformidad con las reglas aplicables para el ejercicio 2019, mismas que precisan quienes eran las personas beneficiarias. Ahora bien, en el supuesto de dar cumplimiento a lo que señalan las partes quejosas pretenden, es claro que, esta Secretaría de Estado se encuentra material y jurídicamente impedida para dar cumplimiento en dichos términos. (.)" El segundo de los citados manifiesta: "(.) En ese tenor, me permito esclarecer a su Señoría que, para el ejercicio fiscal 2019 no existió ninguna relación contractual entre esta Secretaría de Estado y las personas a cargo de alguna estancia infantil. Por lo que, se está MATERIAL Y JURÍDICACMENTE IMPOSIBILITADOS PARA CUMPLIR DICHO FALLO, en ese sentido aún bajo el imperio de las ROPEIAMT2018 en estas también existía contemplada la posibilidad de realizar el pago de manera directa a las madres padres o tutores de los menores de edad tal como se lee en el penúltimo párrafo del numeral 4.2, de lo que se colige que al no estar vigente un convenio entre la dependencia y la estancia resulta correcto que se haya entregado a las madres padres o tutores. En virtud de lo señalado, y a fin de no incurrir en omisión legal alguna, procedo a manifestar que, como quedo acreditado en diversas ocasiones el pago para los meses de enero y febrero de 2019 se realizó directamente a las madres, padres o tutores, quienes presuntamente recibieron el servicio de las estancias infantiles propiedad de las parte quejosa, de lo cual, en todo caso a las personas que les correspondería efectuar el pago d elos servicios prestados en los meses de enero y febrero de 2019 por parte de los impetrantes, es a las madres padres o tutores que tenía inscritos a sus hijos en esa entidad mercantil, es decir, la estancia infantil, ya que fueron ellos quienes recibieron el pago de dichos meses para que cubrieran el cuidado y atención infantil de sus menores hijos. (.)" De lo anterior se advierte la imposibilidad que aducen tener las autoridades responsables; sin embargo dígasele que en la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el amparo en revisión 1367/2020 de su estadística, determinó modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia Federal, por los motivos y para los efectos que precisó, por lo que dicha resolución al encontrarse firme, las autoridades señaladas como responsables en este juicio, o bien, las que de conformidad con sus atribuciones, se encuentren vinculadas a su acatamiento, están obligadas a cumplir los efectos para los que se concedió la protección constitucional. De ahí que, no queda a cargo de las autoridades fijar los términos en que debe cumplirse el fallo protector, es decir, la sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan, cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, considerando que el cumplimiento de una ejecutoria de amparo es de orden público respecto de la cual esta juzgadora está obligada a velar por su acatamiento, aun cuando la quejosa no se ha pronunciado al respecto, por lo que con fundamento en artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al titular de asuntos jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, al titular de la Unidad del Abogado General y Comisión para la Transparencia dependiente de la Secretaría de Bienestar (autoridad vinculada al cumplimiento) y a la titular de la Secretaría de Bienestar (superior jerárquico) para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, cumplimenten el fallo protector, para el efecto de que: El Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco de la Secretaría de Bienestar, conforme a las listas que entregue la quejosa, respecto del registro de asistencia de los menores que durante los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve hayan acudido a la estancia infantil de la que es responsable, realice el pago correspondiente a dichos meses, conforme lo venía haciendo, en el ejercicio fiscal 2018, en razón de que en las disposiciones transitorias del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, que entró en vigor a partir del uno de marzo del año en cita, se ordenó entregar los apoyos correspondientes a los meses de enero y febrero de ese año. En el entendido de que únicamente se cuenta con las listas de asistencia de enero de dos mil diecinueve, por lo que las autoridades deberán dar acatamiento a lo ordenado por el tribunal colegiado por lo que respecta al citado mes, lo que deberán acreditar con documentos fehacientes de los que se advierta que se dio cumplimiento a lo referido en los párrafos que anteceden. Una vez hecho lo anterior, remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Hágase de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 4517-VI del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, al que adjunta los autos del juicio de amparo 1269/2023 de su estadística, formado con motivo de la demanda de amparo que promovió ************, por propio derecho, contra actos del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y otra autoridad, acúsese recibo. Avocamiento en el conocimiento del juicio de amparo Con fundamento en lo que se establece en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 1 del Acuerdo General 18/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclame, de autoridades del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, la omisión de dar contestación a peticiones relacionadas con la práctica de una auditoría selectiva al citado fondo y requerimientos diversos derivados de ello, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado se avoca al conocimiento de este asunto, en consecuencia, se ordena registrar con el expediente 1026/2023. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, en relación con los diversos 251, 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Se instruye al secretario o secretaria que le corresponda el asunto, que deberá asegurarse de la integración y/o tramitación a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales y, para el caso que sea por documentos físicos, deberán digitalizarse las constancias e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica, generando las actuaciones en versión digital e imprimiendo sólo lo que resulte indispensable para el impulso del juicio. Integración del expediente Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no obran todas las constancias que lo integran conforme a su expediente electrónico que se encuentra vinculado a este juicio de amparo, por lo que en obvio de mayores dilaciones y de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se descargaron del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) las constancias a efecto de que el expediente electrónico y el expediente impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. Incidente de suspensión Como se desprende de la certificación de cuenta, no se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitada la medida cautelar. Sin tercero interesado En el caso, el quejoso señaló que no existe tercero interesado, de igual modo, esta juzgadora no advierte existencia de alguno en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación al fiscal Ejecutivo Asistente Conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al fiscal Ejecutivo Asistente adscrito. Autorizados Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios del quejoso a **************, dado que de la certificación de cuenta, se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el sistema que se lleva para tal efecto. Mientras que, por lo que respecta a *************, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos ya que, de la certificación de cuenta se advierte que no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Utilización de medios electrónicos De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Por otra parte, se tiene como cuenta de correo electrónico la que indica, para establecer comunicación con el quejoso en caso de que se estime necesario. Domicilio fuera de la jurisdicción Puesto que el domicilio señalado por el quejoso se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano, con fundamento en lo previsto en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, notifíquesele esta determinación vía exhorto por conducto del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, en el domicilio ubicado en la esquina que forman la calle ************ Asimismo, requiera al quejoso, mediante el fedatario de su adscripción al momento de la notificación, para que en la propia diligencia, o bien dentro del plazo de tres días, conforme al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, señale domicilio en esta Ciudad de México, apercibido que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por lista, con apoyo en el numeral 27, fracción II de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, infórmese al quejoso que podrá presentar cualquier medio de impugnación, haciendo uso de la vía postal, electrónica o personalmente ante la oficina de correspondencia de este órgano judicial. Se solicita al juzgado exhortado que una vez que sea diligenciado el exhorto, lo devuelva a este órgano jurisdiccional con las constancias que acrediten su diligenciación. Transparencia Comuníquese a las partes que, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, podrán oponerse a la publicación de sus datos informando tal circunstancia a esta potestad judicial para que se acuerde lo conducente. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Domicilio del juzgado Hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la oficina de correspondencia común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina, número 2 (dos), acceso 9 (nueve), nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960 (quince mil novecientos sesenta). Mientras que las presentadas vía electrónica, deberán ingresarse con la firma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo establecido en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal Ahora, del estado procesal de autos, de los que se advierte que en acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista al quejoso con los oficios del director general y del subconsejero Jurídico del Gobernador y representante del Comité de Vigilancia, todos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, mediante los cuales refirieron dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a ello, mediante escrito recibido en el juzgado de origen, con folio 23670 de su índice, la autorizada del quejoso, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, realizó diversas manifestaciones indicando por qué, a su consideración, la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, respecto del cual, en acuerdo de trece de septiembre de este año, se reservó acordar lo conducente, con el fin de que el juzgado que conociera del asunto, así lo hiciera. Por tanto, se levanta la reserva hecha por el juzgado de origen, se procede a acordar el referido escrito con folio 23670, así como a realizar el pronunciamiento correspondiente en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de verificar si la sentencia se encuentra cumplida o no. Al respecto, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en la sentencia dictada en autos, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para lo siguiente: "[.] SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. El amparo se concede para el efecto de que las responsables den respuesta al escrito que les presentó la parte quejosa en la fecha indicada con anterioridad y ello le sea notificado oportunamente en el domicilio señalado para tal efecto en su ocurso; en el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda respecto a lo solicitado por la parte impetrante, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido. [.]." Ahora, del contenido del escrito de petición del quejoso, se advierte que solicitó lo siguiente: [.]. Por lo anterior, y con el objetivo de esclarecer el manejo, situación financiera que guarda Fondo de Pensiones y estar en posibilidad de fincar responsabilidades a quien resulte responsable; en ejercicio de mi derecho, y con apego en los artículos 8º. y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pido se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una Auditoría Selectiva, por resultar de mi interés como trabajador, en la cual se revise e informe todo lo referente a la operación del Fondo de Pensiones y su recurso, que permita: 1.- Se me informe [.]. 2.- Se me informe [.]. 3.- Se me informe y proporcione [.]. 4.- Se me informe y proporcione [.]. 5.- Se me informe y proporcione [.]. 6.- Se me informe y proporcione [.]. 7.- Se me informe y proporcione [.]. Para recibir respuesta a la presente petición señalo que la misma me sea notificada al correo electrónico ************ y al domicilio ubicado en la esquina que forman ******** [.]." En atención a dicho escrito, el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emitió oficio de respuesta en los siguientes términos: [.], con fundamento en el artículo 10 fracción I de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y 13 fracción XVII del Reglamento Interior del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en relación (sic) la petición, recibida en la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en la cual solicitó información precisa respecto a la situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Al respecto, en cumplimiento a la sentencia emitida dentro de los autos del expediente [.], hago de su conocimiento que la información solicitada podrá ser visualizada, por la gran cantidad de documentos, en formado PDF en los siguientes enlaces: [.]. Asimismo, dicha información se encuentra a su entera disposición en formatos físicos en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo. No omito manifestarle, la información que se proporciona, es el resultado de las búsqueda (sic) e integración de la información solicitada, asimismo, se proporciona en el orden en que se peticionó, además, es idónea y pertinente, tan es así, que esclarece la operación y situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado del año 2011 a la fecha, lo anterior, para su consulta y posteriores acciones. [.]." Expuesto el contenido del escrito de petición y la respuesta que le recayó a éste, al realizar una confrontación entre ambos, se advierte que si bien la autoridad responsable fundamentó su respuesta y proporcionó al quejoso diversas ligas electrónicas en las que, a su consideración, puede consultar la información que solicitó e incluso refirió que quedaba a su disposición de forma física en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo, lo cierto es que, con ello, no atendió en su integridad la petición efectuada hecha por el solicitante de amparo. Tal aspecto se concluye así, ya que del contenido del oficio de respuesta, no se advierte que la autoridad responsable se haya pronunciado respecto a la petición del quejoso referente a que se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una auditoría selectiva en el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ya que es de su interés como trabajador al servicio del Estado, que se revise e informe todo lo referente a la operación de dicho fondo de pensiones. Dicha omisión, trae como consecuencia que a consideración de esta juzgadora, no se encuentre cumplida la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo requiérase al (1) director general y al (2) Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (en su carácter de autoridades responsables) así como al (3) gobernador del Estado de Nayarit (en su carácter de superior jerárquico de ambas autoridades), para que en el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, en alcance al oficio que se analizó, emita uno diverso en el que dé respuesta puntual a esa solicitud, lo haga del conocimiento del quejoso y remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con lo indicado se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Tramitación de notificaciones Se hace del conocimiento de las partes que las notificaciones ordenadas en este acuerdo, tanto al quejoso como a las autoridades se tramitarán en los cuadernos de varios 5/2023 y 6/2023, relativos a los juicios de amparo en los que se reclaman los actos comprendidos en el Acuerdo General 18/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior, atendiendo a la cantidad de expedientes que fueron recibidos sobre la misma temática y que están radicándose en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y por exhorto al quejoso.

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