Julián Pizarro Ordaz

Expediente 108/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
108/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Julián Pizarro Ordaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la cual se advierte la imposibilidad de la actuaria de la adscripción para entregar el oficio 2877/2020 dirigido a la responsable Juzgado Séptimo Penal del Partido Judicial de Tijuana, por las razones que expone. Ahora, toda vez que de autos se advierte que al Juzgado Cuarto de lo Penal, se le tuvo como autoridad responsable en sustitución de la extinción del Juzgado Séptimo de lo Penal, de esta ciudad, la cual fue notificada de la sentencia el siete de septiembre del año en curso, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos, en consecuencia, agréguese si mayor pronunciamiento la constancia actuarial en comento. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve Admisión de ampliación. Vista la constancia de notificación suscrita por el actuario adscrito a este Juzgado Federal, de la que se desprende la manifestación realizada por el quejoso Julián Pizarro Ordaz, con la cual desahoga la vista otorgada en auto de diez de diciembre pasado; por tanto, con fundamento en los artículos 108, 110, 111 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de la demanda de amparo, únicamente por cuanto la autoridad señalada como responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 75 y 117de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, quien deberá rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, y se advierta a quien pueda revestirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estados de este Juzgado de Distrito. En ese orden, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir el oficio que se gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 245 de la Ley de Amparo. Por ello, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 del ordenamiento invocado. Finalmente, toda vez que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente y se fijan para tal efecto las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte, para la celebración de la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la constancia de notificación signada por el fedatario adscrito a este juzgado, por medio de la cual notifica de manera personal al quejoso Julián Pizarro Ordáz, el requerimiento efectuado el veintisiete de noviembre del año en curso, y al respecto se advierte que sí es su deseo que se tenga por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, a los profesionistas que le fueron asignados. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en los términos amplios que establece dicha disposición al asesor jurídico Gerardo Espindola Vela, dado que tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente que lo acredita como licenciado en Derecho en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo, con fundamento en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, se autoriza solamente para oír y recibir notificaciones a Mirna Alicia Briceño Gómez, Ana Elizabeth Montaño Dueñas y Sergio Zaragoza Soria dado que no cuenta con el registro de su cédula profesional como lo señala el párrafo que antecede. En otro tenor, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los autorizados para oír y recibir notificaciones el señalado por el Coordinador área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad. Finalmente, como lo solicita efectúense las subsecuentes notificaciones personales al quejoso en el centro de reclusión así como a sus autorizados. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Coordinador Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Mirna Alicia Briceño Gómez, Ana Elizabeth Montaño Dueñas, Sergio Zaragoza Soria y Gerardo Espíndola Vela, como defensores públicos del quejoso; asimismo, señala como domicilio de estos últimos para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida José Fimbres Moreno, locales 41 y 43, fraccionamiento San José, en esta ciudad. Por ello, y atendiendo a que dicha autorización es facultad exclusiva del quejoso, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dese vista a Julián Pizarro Ordaz, para que en el acto de la notificación, manifieste si efectivamente autoriza en términos amplios a los profesionistas en cita, esto es para oír, recibir notificaciones, ofrecer pruebas, alegar audiencias o realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de sus derechos. De igual forma, requiérase para que manifieste si desea que las notificaciones inherentes al presente juicio de amparo le sigan siendo notificadas personalmente en el lugar en el que se encuentre recluido y por conducto de los asesores jurídicos o bien, únicamente a dichos profesionistas. En tal virtud, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado para que se constituya en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", en Tecate, Baja California, a efecto de notificar personalmente al quejoso el presente proveído y requerirle en los términos que se precisa. Notifíquese personalmente al quejoso.

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