Julián Piedra Vieyra
Expediente 1275/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 6 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julián Piedra Vieyra
Actuaciones
- Principal
REGISTRO Y EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1275/2017. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por JULIÁN PIEDRA VIEYRA, en contra de actos de las autoridades penitenciarias del director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce, en Ocampo, Guanajuato y otras. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. En atención a lo manifestado por el quejoso, con fundamento en el artículo 107, fracción I, constitucional, 6 y 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por JULIÁN PIEDRA VIEYRA, en contra de actos de las autoridades penitenciarias del director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce, en Ocampo, Guanajuato y otras. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 61, fracciones IX de la Ley de Amparo, establece: [.]. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.] Por su parte, el 192 de la Ley de Amparo prevé: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Ahora, del numeral citado, se advierte que las ejecutorias de amparo deben ser cumplidas puntualmente y notificadas sin demora a las partes cuando se haya concedido el amparo; por lo que se requerirá a las autoridades responsables su cumplimiento, pudiéndose ampliar el plazo tomando en cuenta su complejidad o dificultad; apercibiéndoles que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, el peticionario reclama el incumplimiento a la ejecutoria de amparo derivado del expediente 1467/2015-III del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el que se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Doce en Ocampo, Guanajuato, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente". Enseguida se atiende a los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el promovente: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto respecto del traslado del Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente" al Centro Federal de Readaptación Social Doce en Ocampo, Guanajuato, del cual conoció el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, registrándolo bajo el número 1467/2015-III; El cuatro de mayo de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva en la se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal; Inconforme con tal resolución, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado bajo el expediente 561/2016; El veintiuno de abril de dos mil diecisiete se recibió testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión aludido, mediante la cual se confirmó la sentencia recurrida; por lo que se requirió su cumplimento a las autoridades responsables. Cabe mencionar, que el quejoso refiere que a la fecha de la presentación de la demanda no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, en el contexto descrito, debe considerarse que ante la existencia de una sentencia de amparo firme que no se ha acatado, en realidad, lo que le afecta es la eventual omisión del Juez de Distrito que conoció de ese amparo para hacer cumplir sus determinaciones, en el particular, una sentencia ejecutoria protectora. Luego, de aceptar la admisión de su demanda para que se analice en este asunto tal cuestión, sería tanto como permitir la inconveniencia de un medio de control constitucional sobre otro medio de control de igual índole que está en trámite o ha sido concluido; lo que prohíbe expresamente la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción IX, al establecer que el juicio es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En este caso no se reclama una resolución dentro de un juicio de amparo, pero sí, el incumplimiento atribuido al titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en la etapa de ejecución, también de un juicio de amparo, de donde se considera que rige similar razón para estimar improcedente el amparo. Sirve de apoyo en cuanto a la improcedencia de un amparo sobre otro, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala, visible en la página 307, libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, hágase del conocimiento del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, la determinación aquí adoptada y remítase copia certificada del escrito inicial de demanda para los efectos a que haya lugar. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a, y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala en su demanda, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial).
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