Julian Meza Peinado.

Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
650/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Julian Meza Peinado.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el trece de diciembre de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que el quejoso y las autoridades responsables, fueron notificadas el catorce siguiente, quedando comprendido dicho plazo del quince al veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en vigor por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. En Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados en auto de diez de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 650/2022. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada Rocío Osuna Lizárraga, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se desprende promoción dirigida a este sumario con el propósito de comparecer a la presente audiencia, en términos de lo establecido en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Acto seguido, la secretaria procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: escrito inicial de demanda promovida por Julián Meza Peinado, por propio derecho, auto admisorio de nueve de agosto de dos mil veintidós, informes justificados rendidos por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación de su titular, Tesorero, Presidente, Síndica Procuradora, Secretario e Integrantes del Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad, proveído de ocho de septiembre del año en curso, en el que se dio vista al quejoso a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto del señalamiento de nuevas autoridades responsables, acuerdo de tres de noviembre del año que transcurre, en el que se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto recién referido al no haber ampliado la demanda la quejosa, por lo que se determinó resolver el presente asunto conforme a la solicitado inicialmente respecto de los actos y autoridad responsables ahí señaladas, asimismo, en ese auto se dio vista al quejoso con los informes justificados rendidos por las responsables a fin de que ampliara su escrito inicial por lo que hace a los conceptos de violación. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes de referencia. Asimismo, del estado de autos, se advierte que en proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a fin de que ampliara sus conceptos de violación; en atención a ello, y toda vez que transcurrió el plazo que le fue concedido para tal fin sin que realizara manifestación al respecto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se continúa el trámite de este asunto únicamente con los conceptos señalados en el escrito inicial de demanda. Abierto el periodo de pruebas: la secretaria da cuenta con las pruebas documentales allegadas por las autoridades responsables. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados en razón de su propia naturaleza los referidos medios de convicción, mismos que serán tomados en consideración en su oportunidad, con lo que se cierra el periodo probatorio. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento; por tanto, se cierra dicha etapa. Sin existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 650/2022, promovido por Julián Meza Peinado, por propio derecho, en contra de los actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y turnado el ocho siguiente a este órgano jurisdiccional, Julián Meza Peinado, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamó la omisión de (i) pagarle el seguro de retiro previsto en el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, (ii) de homologación salarial en el pago de su pensión por retiro conforme a los incrementos salariales y prestaciones que reciben los trabajadores de las instituciones policiales en activo de este municipio y (iii) de incremento cuando menos, anual al mismo tiempo y en la proporción que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor, estos dos últimos, conforme al Decreto 645 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el siete de julio de dos mil veintiuno, que reformó diversas disposiciones de la referida ley. SEGUNDO. Admisión. El nueve de agosto de dos mil veintidós se ordenó su registro con el expediente 650/2022 y se admitió a trámite la demanda de amparo; en consecuencia, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente en que se actúa, se celebró la audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes, al tenor del acta correspondiente; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, debido a que la omisión reclamada se atribuye a autoridades residentes en la circunscripción donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 sustentados por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, respectivamente, es "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", por técnica jurídica se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo: Del 1) Presidente, 2) Secretario, 3) Tesorero, 4) Cabildo y 5) Síndico Procurador, todos del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como del 6) Secretario de Seguridad Pública, residentes en esta ciudad: 1. La omisión de pagarle el seguro de retiro previsto en el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 2. La omisión de homologar su salario en el pago de la pensión por retiro que le fue otorgada conforme a los incrementos salariales y prestaciones que reciben los trabajadores de las instituciones policiales en activo de este municipio, conforme al Decreto 645 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el siete de julio de dos mil veintiuno, que reformó diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 3. La omisión de incremento de la pensión por retiro que le fue otorgada de forma anual y en la proporción que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme al Decreto 645 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el siete de julio de dos mil veintiuno, que reformó diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia a efecto de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, la constitucionalidad de estos. TERCERO. Inexistencia de las omisiones reclamadas. No son ciertas las omisiones reclamadas al 1) Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa y al 2) Secretario de Seguridad Pública, ambos con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de estas. En ese contexto, se desprende que no existe medio probatorio que vincule a las autoridades antes precisadas con las omisiones que les son imputadas o con los que se desvirtúen las negativas de que se da noticia, siendo que la parte quejosa tiene la carga procesal de aportar aquellos medios de convicción encaminados a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para afirmar que las responsables transgredieron su esfera jurídica. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, de rubro "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 310 sustentada por el Pleno de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Sin que pase desapercibido que el informe con justificación por parte de la autoridad responsable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, haya sido signado únicamente por el cuerpo de regidores de dicho ente edilicio, esto es, no obran las firmas del Presidente y Síndico Procurador (como órgano colegiado); sin embargo, dadas las consideraciones que se expondrán a continuación, en el caso, no ha lugar a presumir la existencia de la omisión que se le atribuye. Por otra parte, tampoco son ciertas las omisiones reclamadas por el quejoso Julián Meza Peinado a las autoridades responsables 1) Presidente, 2) Secretario, 3) Tesorero y 4) Síndico Procurador, todos del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, residentes en esta localidad, toda vez que si bien al rendir su informe con justificación refirieron que si eran ciertos los actos reclamados, más adelante realizaron manifestaciones en el sentido de que carecen de competencia para conceder a la quejosa las prestaciones que reclama. Sobre este aspecto y a efecto de ilustrar sobre el tema de las omisiones, es importante señalar que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad -como en el caso lo reclama el quejoso- no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Lo anterior se desprende que la tesis 1a. XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD." Esto es, para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad, debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a una autoridad, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada o espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 104/2018, abordó el tema de las omisiones como acto reclamado y al respecto sostuvo que la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento, debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión al no bastar las manifestaciones de las autoridades responsables, sino que el juez debe verificar que realmente no estaban constreñidas a su realización y por tanto, dicha omisión se encuentre justificada. Las anteriores consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO." Con base en lo expuesto y en lo establecido en la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.", para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta; es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe actuar en determinado sentido. En ese tenor, como se precisó en líneas que anteceden, la parte quejosa reclama del 1) Presidente, 2) Secretario, 3) Tesorero, 4) Cabildo y 5) Síndico Procurador, todos del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como del 6) Secretario de Seguridad Pública, residentes en esta ciudad, la omisión de (i) pagarle el seguro de retiro previsto en el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, (ii) de homologar su salario en el pago de su pensión por retiro conforme a los incrementos salariales y prestaciones que reciben los trabajadores de las instituciones policiales en activo de este municipio y (iii) de incrementar de forma anual y en la proporción que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor, estos dos últimos, conforme al Decreto 645 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el siete de julio de dos mil veintiuno, que reformó diversas disposiciones de la referida ley. Ahora, el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y el Decreto 645 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el siete de julio de dos mil veintiuno, que reformó diversas disposiciones de la referida ley, establecen los mecanismos para otorgar una pensión y el derecho al seguro de retiro, normativa que es del tenor siguiente: Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Artículo 39.- Los pensionados por retiro tendrán derecho a un seguro de retiro en la cuantía que establezcan los convenios respectivos. Esta prestación se cubrirá en una sola exhibición a los interesados, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha en que se publique el decreto relativo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa." Decreto 645 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el siete de julio de dos mil veintiuno, que reformó diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa DECRETO NÚMERO: 645 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 34, fracciones I y V; 37; 41; el párrafo segundo del artículo 44 Bis; el párrafo tercero del artículo 45; los párrafos primero y tercero del artículo 46 y la fracción V del artículo 198. Se adicionan un párrafo cuarto al artículo 35; y el artículo 242 Bis, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: Artículo 34.- ... I. Percibir un salario digno, el cual se incrementará, cuando menos, anualmente al mismo tiempo y en la proporción que corresponda, al Índice Nacional de Precios al Consumidor, considerando para tal efecto el correspondiente al mes de enero de cada año, más el uno por ciento; (.) Artículo 35.- ... Los pensionados por retiro, retiro anticipado, invalidez, vejez y orfandad y muerte, recibirán los incrementos salariales y prestaciones económicas en los mismos términos que los reciban los integrantes de las Instituciones policiales del Estado o Municipios en activo, de acuerdo con su plaza, grado o categoría. Artículo 37.- Cuando fallezca algún integrante de las instituciones policiales, sus beneficiarios recibirán una pensión del cien por ciento de la remuneración que hubiese percibido al momento de que ocurra el deceso, conforme al tabulador que corresponda. Dicha pensión se otorgará independientemente de la causa de muerte y de la antigüedad laboral con la que contaba el agente fallecido. Los servicios médicos se seguirán otorgando a los beneficiarios de los integrantes de las instituciones policiales fallecidos, por el tiempo establecido en esta Ley y en las condiciones pactadas en el régimen de asistencia social que gocen. Los beneficiarios que cuenten con una pensión por muerte tendrán derecho a la homologación de la pensión con relación a la remuneración que reciben los integrantes de las instituciones policiales del Estado o Municipios en activo, de acuerdo con su plaza, grado o categoría. Artículo 41.- La pensión por invalidez total permanente se otorgará a los integrantes de las instituciones policiales que se inhabiliten física o mentalmente por su condición laboral en activo, independientemente de la antigüedad que tengan y será equivalente al cien por ciento de la remuneración que perciban al momento de ocurrir la inhabilitación que le impida el desempeño de sus funciones al cien por ciento de su capacidad. En caso de invalidez parcial permanente la pensión será equivalente al 50% de la remuneración que se perciba al momento de ocurrir la causa que la provoque. El derecho a percibir las pensiones por invalidez total o parcial nace a partir de la fecha en que la institución de seguridad social que preste la atención médica extienda el certificado respectivo que acredite los hechos. Artículo 44 Bis.- ... Los gobiernos estatal y municipales tienen la obligación de determinar los porcentajes de las aportaciones solidarias que les correspondan, en atención a los años de servicios prestados, de conformidad con lo establecido en esta Ley, cuando los integrantes de las instituciones policiales hayan laborado en el Gobierno del Estado y en uno o más municipios; o prestado sus servicios en dos o más municipios. Artículo 46.- El fallecimiento de alguno de los integrantes de las instituciones policiales en servicio activo, dará derecho a sus beneficiarios al pago de la pensión por muerte de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la presente Ley. . Para los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el pago de dichas pensiones será exigible a partir del día siguiente del fallecimiento del integrante de las instituciones policiales en activo o pensionado. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". SEGUNDO. Las personas que acrediten el fallecimiento de algún integrante de las instituciones policiales y que son beneficiarios del mismo, ocurrido antes de la entrada en vigor de este decreto, se les otorgará la pensión homologada y actualizada en los términos a que se refiere el artículo 37. De igual manera se aplicará la homologación para aquellos beneficiarios que antes de la entrada en vigor de este Decreto ya contaban con una pensión por muerte, pero que en dicha fecha aún no esté actualizada en los términos del párrafo tercero del artículo 37. TERCERO. El Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones presupuestales que se requieran en los términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, y aplicará, con independencia de lo anterior, los recursos económicos etiquetados en apoyo a viudas de policías previstos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2021. En el ámbito del Gobierno Municipal, los Ayuntamientos realizarán las acciones que les correspondan conforme a esta ley y conforme a las disposiciones aplicables en el ámbito de sus competencias. CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. Ahora, a fin de constatar la existencia de las omisiones reclamadas a las responsables, debe verificarse si estas tienen la obligación jurídica de actuar en el sentido que lo plantea el quejoso conforme las normas legales que rigen su actuación. Así, encontramos que las atribuciones que otorga la ley a las autoridades responsables 1) Presidente, 2) Secretario, 3) Tesorero, 4) Síndico Procurador, todos del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como el propio 5) Ayuntamiento como órgano colegiado (Cabildo), están contenidas en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y respecto del 6) Secretario de Seguridad Pública, se encuentran en el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, dispositivos legales que en lo que interesa, prevén: Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa Artículo 27 Bis. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de Seguridad Pública, las siguientes: I. Vigilar que los establecimientos de reclusión de los infractores al Bando de Policía y Gobierno reúnan las condiciones necesarias de seguridad, higiene, moralidad y trabajo; II. Vigilar que la intervención del cuerpo de policía en los casos de infracciones cometidas por menores de edad sea con pleno respeto de sus derechos humanos y se limite a ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad competente; III. Cuidar la superación técnica, moral y material de los agentes de seguridad pública y de tránsito municipal; IV. Ejercer en materia de seguridad pública, policía preventiva y tránsito las funciones que le competan de acuerdo con las disposiciones legales respectivas; V. Promover el otorgamiento de incentivos para reconocer el buen desempeño de los elementos policiales; y VI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. (Adic. por Dec. 304, publicado en el P.O. No. 055 del 08 de mayo de 2015). (.) Artículo 34. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Trabajo y Previsión Social, las siguientes: I. Cooperar con las autoridades federales y estatales para la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones en la materia; II. Otorgar protección a los trabajadores no asalariados y combatir la desocupación promoviendo la creación de fuentes de trabajo; y III. Impulsar que las relaciones de trabajo del personal del Ayuntamiento se rijan por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa. Artículo 38. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, las siguientes: I. Dirigir el gobierno y la administración pública municipal y proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero y del Oficial Mayor, así como nombrar y remover a los demás servidores públicos municipales, con excepción de los servidores públicos adscritos al Síndico Procurador, observando el principio de paridad de género, en el entendido de que si se incumple con lo estipulado en esta disposición, incurrirá en la falta administrativa estipulada en la fracción 1 Bis del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; (Ref. Según Dec. 257, publicado en el P.O. No. 115 del 23 de septiembre del 2022). II. Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento, tomando parte en las deliberaciones con voz y voto; III. Rendir en la primera sesión ordinaria del mes de octubre, un informe por escrito ante el Cabildo sobre la situación que guarda la administración municipal, del cual se enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado para su conocimiento. (Ref. Por Decreto No. 830, de fecha 07 de septiembre de 2018, publicado en el P.O. No. 115 del 17 de septiembre de 2018). IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de los diversos ordenamientos municipales; V. Auxiliar a las autoridades federales en materia de culto religioso y disciplina externa, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI. Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; VII. Imponer multas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, pero si el infractor no pagare la multa ésta se permutará por el arresto correspondiente que en ningún caso excederá de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de un día de salario. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. En caso de infracciones en materia de tránsito, se aplicarán las sanciones que establezcan las disposiciones legales conducentes; VIII. Promover la capacitación y perfeccionamiento del personal administrativo, con objeto de mejorar la eficacia de sus funciones; IX. Vigilar que sean respetadas las jurisdicciones que se deriven de la división territorial del Municipio; X. Formular las observaciones que estime pertinentes a los acuerdos del Ayuntamiento, y en caso de que éstos sean ratificados, cumplirlos debidamente, informando de su ejecución; XI. Tomar la protesta de Ley al personal al servicio del Ayuntamiento; XII. Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio correspondiente que deberá presentarse al Congreso del Estado, sujetándose a lo previsto en el Artículo 124 de la Constitución del Estado y en las demás disposiciones constitucionales y legales aplicables; (Ref. según Dec. 853, publicado en el P.O. No. 075 del 21 de junio del 2013). XIII. Vigilar que la recaudación en todos los ramos de la hacienda municipal se realice con exactitud, cuidando que los egresos se efectúen con estricto apego al presupuesto; XIV. Librar con el Regidor Comisionado de Hacienda, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal; XV. Prevenir y combatir la práctica de juegos prohibidos de acuerdo con la ley de la materia; XVI. Solicitar del Ejecutivo del Estado, en casos especiales, el auxilio de las policías estatales; XVII. Visitar cuando menos dos veces al año, los centros poblados del Municipio para enterarse del estado que guardan los servicios públicos y conocer los problemas que presenten los vecinos; XVIII. Mantener el orden público, previendo o impidiendo los actos que puedan perturbar la paz y la tranquilidad pública; XIX. Aplicar y calificar en su caso las sanciones por infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones, en los términos que tales ordenamientos establezcan; XX. Prestar auxilio a las autoridades federales y estatales en el ejercicio de sus funciones; XXI. Atender la conscripción militar nacional, en auxilio de las autoridades y conforme a la Ley relativa; y XXII. Las demás que establezcan esta Ley u otras disposiciones legales. Artículo 39. El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, contraloría social y la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento. Para el cumplimiento estricto de las facultades mencionadas en la presente Ley, en el presupuesto anual de egresos, los ayuntamientos autorizarán una partida específica para cada ejercicio fiscal del Municipio. El Síndico Procurador tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento. El Síndico Procurador participará en las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto, salvo en aquellos casos que tuviera un interés personal directo, lo tuviera alguno de sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado; o bien cuando por razón del ejercicio de las funciones que la ley le confiere, se genere oposición de intereses. II. Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios judiciales y en las negociaciones relativas a la hacienda municipal pudiendo nombrar procuradores judiciales en el ámbito municipal, con arreglo a las facultades específicas que el Ayuntamiento le delegue; III. Nombrar, ratificar y remover al personal a su cargo, cuidando su perfil profesional en atención al área correspondiente; IV. Vigilar que la administración de los bienes municipales, la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos, la ejecución y calidad de las obras y el ejercicio de los recursos públicos, se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las medidas preventivas correspondientes e imponiendo las sanciones que resulten procedentes, de conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable; V. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento, informando sobre cualquier deficiencia o irregularidad que advierta en los diferentes ramos de la administración pública municipal y paramunicipal, a la autoridad competente; VI. Desempeñar las funciones y cumplir con las obligaciones que en materia de responsabilidades administrativas le otorgue la legislación aplicable; VII. Revisar la cuenta pública mensual previo a su análisis y aprobación en el pleno del Cabildo, para su posterior envío al Congreso del Estado; VIII. Presentar denuncias o querellas ante las autoridades competentes, derivadas de las revisiones e investigaciones que lleve a cabo y donde se presuma la comisión de alguna conducta tipificada como delito, sin detrimento de las facultades otorgadas al órgano interno de control. IX. Conocer de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado, en función de las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado e instruir al órgano interno de control a darle el seguimiento necesario hasta su total solventación; X. Procurar la participación ciudadana, para que la ciudadanía supervise y vigile la realización de obras públicas y demás acciones del Gobierno Municipal, proporcionándole asistencia técnica y respaldo en atención a sus quejas; XI. Vigilar que los servidores públicos municipales presenten oportunamente la declaración patrimonial de su situación económica en los plazos establecidos en la legislación aplicable. XII. Realizar visitas y revisiones a las dependencias de la administración pública municipal y descentralizada. Así mismo, requerir la entrega de la documentación o información necesaria; XIII. Vigilar que el proceso de planeación municipal, de programación, licitación, ejecución y supervisión de las obras, se realice de conformidad con la reglamentación vigente; XIV. Coordinar y certificar que los actos de entrega-recepción de las dependencias de la administración pública municipal, se realice de acuerdo a la normatividad vigente, a través de acta formal listando los activos y el estado físico en que se encuentran, así como la información administrativa necesaria para la correcta operación de las mismas; XV. Evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan implementado en materia de control interno, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidades administrativas; XVI. Aprobar e implementar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción en el ámbito de su competencia; XVII. Suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización; XVIII. Vigilar que los servidores públicos del municipio se apeguen a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en la administración y ejercicio del servicio público; XIX. Practicar revisiones a los documentos que habrán de conformar la cuenta pública, y presentar las observaciones que resulten en la sesión en la que vayan a aprobarse dichas cuentas, en caso de advertir la existencia de irregularidades proceder en términos de la Ley de la materia; XX. Vigilar que oportunamente se remita al Congreso del Estado la cuenta pública municipal; XXI. Nombrar procuradores judiciales cuando proceda y designar a los profesionistas y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; XXII. Vigilar la atención de las recomendaciones que dirijan las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a las áreas y servidores públicos del Municipio; XXIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública; XXIV. Recibir y dar trámite legal por conducto del órgano interno de control del Ayuntamiento a las denuncias hechas ante el Ayuntamiento sobre la ocupación irregular de los predios, fincas y espacios de propiedad municipal; XXV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan contra actos de autoridades municipales y cuya resolución no sea competencia de otra autoridad; XXVI. Ser la instancia encargada de supervisar la sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la administración pública municipal, a cargo del órgano interno de control; XXVII. Llevar el registro de antecedentes disciplinarios de los servidores públicos de la administración pública municipal; XXVIII. Establecer estrategias para dar a conocer al ciudadano su derecho, para presentar y tramitar quejas y denuncias que a su juicio considera, por presuntas irregularidades de los servidores públicos municipales en el ejercicio de sus funciones; XXIX. Coordinarse con los organismos públicos descentralizados, en los asuntos de su competencia; XXX. Rendir todos los informes que le solicite el Ayuntamiento; XXXI. Proponer iniciativa al Ayuntamiento para la creación, reforma o abrogación de reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas; XXXII. Desempeñar las comisiones transitorias que el Ayuntamiento le encomiende; XXXIII. Recibir de la dependencia municipal correspondiente, asesoría técnica o elaboración de trabajos que impliquen conocimientos específicos en la atención y solicitud de asuntos que se le turnen para su estudio y ejecución; y XXXIV. Todas aquéllas que el Ayuntamiento le confiera en el reglamento que regule su estructura orgánica, o en los acuerdos específicos que adopte, con el propósito de que cumpla con las obligaciones y facultades señaladas en las fracciones anteriores. (Ref. Según Dec. 382, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero del 2018). Artículo 40. El presidente municipal, el síndico procurador y los regidores, actuando colegiadamente, conforman el Ayuntamiento como órgano deliberante de representación popular en el Municipio; y no podrán ser reconvenidos por las manifestaciones que viertan en el ejercicio de su cargo. Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, las siguientes: I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20; II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas correspondientes; IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos que reciba para acordar el trámite que proceda; V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el Ayuntamiento y el Presidente Municipal; VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o del Presidente Municipal; VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes; y, VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. Artículo 59. Corresponde al Tesorero Municipal: I. Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del Ayuntamiento, llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos; II. Formular oportunamente los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos del Ayuntamiento, incluyendo los relativos a los organismos, instituciones o dependencias cuyo sostenimiento esté a su cargo, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 124 de la Constitución Estatal y en las demás disposiciones constitucionales y legales aplicables; (Ref. según Dec. 853, publicado en el P.O. No. 075 del 21 de junio del 2013). III. Custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros arbitrios señalados en la Ley de Ingresos del Municipio y en los demás ordenamientos aplicables; IV. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a los ordenamientos fiscales, cuya aplicación esté encomendada a la propia Tesorería; V. Llevar la contabilidad del Ayuntamiento, formular la cuenta pública en los primeros diez días del mes que corresponde, remitiéndola de inmediato al Síndico Procurador, para su revisión, contando este último con cinco días para efectuarla. Transcurrido este plazo, deberá ser enviada a la Comisión respectiva. (Ref. Según Dec. 382, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero del 2018). VI. Intervenir en los estudios de planeación financiera del Ayuntamiento, evaluando las necesidades, posibilidades y condiciones de los financiamientos internos y externos de los programas de inversión; VII. Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos que procedan con cargo a las partidas del mismo. Los comprobantes correspondientes, debidamente requisitados, deberán estar visados por el regidor presidente de la Comisión de Hacienda y aprobados por el Presidente Municipal; VIII. Remitir al Congreso del Estado, dentro de los primeros veinte días de cada mes, la cuenta pública del mes inmediato anterior, con todos sus anexos, acompañados de los comprobantes respectivos y del acta de aprobación del cabildo correspondiente; y (Ref. Según Dec. 382, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero del 2018). IX. Todo lo demás que se relacione con la Hacienda Pública Municipal o que le encomienden las leyes o reglamentos. Artículo 60. El Tesorero Municipal ejercerá las tareas y facultades que se consignan en el artículo anterior, por conducto de las dependencias impositivas, recaudadoras, técnicas y administrativas de la propia Tesorería, sin más formalidad que una comunicación escrita, salvo que las leyes o reglamentos exijan formalidades especiales. Artículo 71. Cada Municipio atenderá el servicio de Seguridad Pública y de Tránsito, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones legales en la materia, a través de la dependencia o estructura administrativa que al efecto determine el Ayuntamiento. (Ref. por Dec. 304, publicado en el P.O. No. 055 del 08 de mayo de 2015). Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Artículo 71. Cada Municipio atenderá el servicio de Seguridad Pública y de Tránsito, en los términos establecidos por esta Ley y demás disposiciones legales en la materia, a través de la dependencia o estructura administrativa que al efecto determine el Ayuntamiento. (Ref. por Dec. 304, publicado en el P.O. No. 055 del 08 de mayo de 2015). Artículo 72. En materia de Seguridad Pública dicha dependencia tendrá las siguientes facultades: I. Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio; II. Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos; III. Hacer respetar las buenas costumbres; IV. Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando sea requerido para ello; y V. Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito. Artículo 13.- Son atribuciones de los Ayuntamientos de la entidad, en materia de seguridad pública: I. Garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes en el territorio municipal, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para el efecto los bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general en esta materia; II. Aprobar, conforme a esta Ley y a las políticas de seguridad pública nacionales y estatales, aquellas que deban aplicarse en el territorio del municipio y los acuerdos que en la materia procedan, en el ámbito de su competencia; III. Promover la participación de los distintos sectores sociales de la población en la búsqueda de soluciones a la problemática de seguridad pública municipal; IV. Expedir la reglamentación que contenga las disposiciones jerárquicas, de estructura normativa, operativas, administrativas, principios de organización y funcionamiento, de organización territorial, mandos administrativos y operativos, patrullaje, vigilancia, dirección y disciplina del régimen interno de la Policía Preventiva Municipal, con sujeción a las disposiciones contenidas en esta Ley y acatando lo concerniente al Desarrollo Policial previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; V. Establecer sistemas y mecanismos para la evaluación y control de confianza, y los procesos de profesionalización y desarrollo policial para la selección, ingreso, formación, permanencia, reconocimiento, régimen disciplinario, terminación del servicio, registro y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del ámbito municipal; (Ref. Según Decreto 364, de fecha 23 de enero de 2018 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 067 de fecha 30 de mayo de 2018). VI. Participar y colaborar con el Gobierno del Estado y las autoridades competentes, en la realización de campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo, así como aquéllas encaminadas a concientizar a la población sobre el uso de juguetes bélicos que induzcan a conductas violentas; y, (Ref. Según Decreto 364, de fecha 23 de enero de 2018 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 067 de fecha 30 de mayo de 2018). VII. Ejercer las demás facultades que le confiere esta Ley y otros ordenamientos aplicables. (Adic. Según Decreto 364, de fecha 23 de enero de 2018 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 067 de fecha 30 de mayo de 2018). Artículo 14.- Compete a los Presidentes Municipales: I. Velar por el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en el Municipio, así como prevenir la comisión de delitos, faltas administrativas y conductas antisociales y proteger a las personas en su integridad física, bienes y derechos; II. Establecer en el Municipio las medidas necesarias para la debida observancia y cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad pública; III. Celebrar con el Gobierno del Estado, con otros ayuntamientos de la entidad, con el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal, con organismos e instituciones de los sectores público, social y privado, los convenios que sean necesarios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública en el Municipio; IV. Analizar la problemática de seguridad pública en el Municipio, estableciendo objetivos y políticas para su adecuada solución que sirvan de apoyo a los programas y planes estatales, regionales y municipales de seguridad pública; y, V. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. ARTÍCULO 22.- Son facultades y obligaciones del Secretario, las siguientes: I. Tener bajo su mando el funcionamiento de la Secretaría, comunicando con regularidad y prontitud al Presidente Municipal el estado y avances que ésta guarde, siendo responsable de su buena administración, organización y función operativa, recibiendo de éste las instrucciones correspondientes; II. Tener el mando inmediato y directo de las Policías Preventiva, de Tránsito Municipal y del Grupo Táctico, el cual lo ejercerá a través del Director y demás integrantes con categoría de mando; III. Expedir, en unión con el Presidente Municipal, las credenciales de identificación de los integrantes y personal administrativo de la Secretaría; IV. Remover libremente del servicio y lugar de adscripción a los integrantes y personal administrativo y de confianza de la Secretaría; V. Nombrar y remover libremente del servicio y lugar de adscripción a los integrantes y personal administrativo y de confianza que ocupen las categorías y comisiones de servicio dentro de la estructura de la Secretaría, cuyo nombramiento no competa al Presidente Municipal; VI. Ordenar las categorías de mando, las comisiones de servicio y los cambios de adscripción de los integrantes de la Secretaría; VII. Ordenar la aplicación de los exámenes de salud, toxicológicos y psicométricos a los cadetes e integrantes de la Secretaría, así como promover su capacitación técnica, científica y moral, y aplicar los programas, acuerdos y demás determinaciones preventivas en materia de Seguridad Pública; VIII. Precisar y evaluar las actividades de la Dirección, Subdirecciones, coordinaciones, departamentos y demás integrantes y personal administrativo de la Secretaria; IX. Girar órdenes a los integrantes y personal administrativo de la Secretaría, de manera verbal, por escrito, personal o por medio de sus inferiores; X. Velar por el cabal cumplimiento del presente Reglamento; XI. Aprobar en definitiva el rol de vacaciones de los integrantes y personal administrativo que le presenten el Director y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos; XII. Autorizar o negar los permisos, así como regular el horario para la circulación de vehículos de carga, camiones o tracto-camiones dentro de la zona urbana de Mazatlán y de sus Sindicaturas; XIII. Autorizar o negar los permisos para el cierre de calles, avenidas y espacios de la vía pública; XIV. Ejercer y destinar los recursos materiales y financieros que se aportan para la operación, funcionamiento y desarrollo de los planes y proyectos de la Secretaría; XV. Instrumentar sistemas de capacitación que conlleven a la profesionalización de los integrantes y personal administrativo y de confianza de la Secretaría, así como coordinarse con las diferentes autoridades municipales, estatales y federales en materia de seguridad pública, para la promoción y realización de cursos, seminarios o eventos que redunden en su capacitación permanente; XVI. Celebrar convenios con instituciones estatales, nacionales y extranjeras homólogas a la Secretaría, para la cooperación y ayuda mutua, así como para el intercambio de experiencias, estrategias, capacitación y tecnología en materia de seguridad pública y vialidad; XVII. Planear, organizar y dirigir todas las acciones que realice la Secretaría a través de sus diversas áreas de operación; XVIII. Conceder a los particulares su anuencia, relativo al local donde se pretendan instalar giros reglamentados, a fin de verificar si cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para su funcionamiento; XIX. Controlar, supervisar y evaluar los programas implementados por la Secretaría; XX. Prestar auxilio al ministerio público y a las autoridades judiciales y administrativas; XXI. Expedir directrices e instrucciones, así como supervisar a todas las áreas administrativas y operativas de la Secretaría para el óptimo desempeño de las funciones; XXII. Actualizar los sistemas y procedimientos de la Secretaría, sobre la base de los avances tecnológicos y a las necesidades de la población en materia de Seguridad Pública; XXIII. Resolver, en el ámbito de su competencia, las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; XXIV. Proporcionar la opinión técnica y características de fabricación, funciones y desempeño del equipo y material que se adquiera para el servicio de la Secretaría; XXV. Colaborar coordinadamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno para el mantenimiento del orden, la seguridad pública y vialidad, de conformidad a las leyes de la materia; XXVI. Ordenar a los integrantes de la Secretaría, la realización de los exámenes y evaluaciones periódicas que se establecen en la Ley General, el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; XXVII. Emitir acuerdos, circulares y órdenes a los integrantes, así como ejecutar cualquier acto tendiente a cumplir con las funciones y propósitos de la Secretaría establecidos en el presente Reglamento; XXVIII. Establecer las estrategias para atender en forma eficaz y oportuna las situaciones de emergencia, siniestros o accidentes que afecten a la población o alteren el orden público en el municipio; XXIX. Elaborar el proyecto de presupuesto anual integral de la Secretaría; XXX. Proponer al Presidente Municipal la creación, eliminación o modificación de las áreas administrativas y operativas que conforman la estructura de la Secretaría; XXXI. Participar en la innovación de programas de avances tecnológicos que permitan un mejor ejercicio y desempeño de asuntos competencia de la Secretaría; XXXII. Instrumentar programas para la inducción de la educación vial y protección civil en la población del Municipio; XXXIII. Proponer al Presidente Municipal, los proyectos de modificaciones o reformas al presente reglamento, en materia de Seguridad Pública y Vialidad, así como elaborar los proyectos de reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría; XXXIV. Delegar al Director de manera expresa o en sus ausencias, algunas de las atribuciones que le confiere el presente reglamento o algún otro ordenamiento legal; XXXV. Interponer denuncias ante la Comisión de Honor o ante el Ministerio Público en contra de los Integrantes que hayan incurrido en alguna falta administrativa al presente reglamento o delito, solo en caso de ausencia, renuncia o separación del cargo del titular de la Unidad de Asuntos Internos o del Director; y, XXXVI. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Presidente Municipal y las leyes relacionadas con la materia de seguridad pública y vialidad. Del contenido de los dispositivos citados, se advierte que dentro de las atribuciones conferidas a las autoridades que el quejoso expresamente señaló como responsables no se encuentra el actuar de oficio para el otorgamiento del seguro de retiro previsto en el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para homologar su salario en el pago de su pensión por retiro conforme a los incrementos salariales y prestaciones que reciben los trabajadores de las instituciones policiales en activo de este municipio ni para el incremento anual en la proporción que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los términos que dispone el Decreto 645 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el siete de julio de dos mil veintiuno, que reformó diversas disposiciones de la referida ley. Esto es, de los ordenamientos en mención, no se desprende precepto que establezca que las responsables de forma oficiosa deben hacer el pago del seguro a que se refiere en el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa ni la de aplicar un incremento en el monto de la pensión jubilatoria que recibe un pensionado; es decir, no se le faculta para aumentar, disminuir, modificar o incluso otorgar motu proprio una pensión por jubilación o a aquella a que tenga derecho un trabajador o su familia. Bajo tales consideraciones, se arriba a la conclusión que no existe la omisión reclamada a las responsables, al no establecer la norma legal que prevé su competencia, la obligación de actuar en el sentido que pretende el quejoso, es decir, que pague el seguro de retiro a que se refiere en el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, ni que aplique un incremento en el monto de su pensión conforme a los aumentos salariales que reciben los trabajadores en activo o en la proporción que corresponda al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Por otra parte, no obstante que en proveído de ocho de septiembre del año en curso, se dio vista al quejoso a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto del señalamiento de las autoridades responsables Comisión de Trabajo y Previsión Social del Cuerpo de Regidores y Director de Recursos Humanos, ambas del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en razón de que las mismas tienen relación con las omisiones destacadas; no realizó manifestación al respecto, de manera que no se les tuvo como responsables en este sumario. Además, atento a lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es el quejoso quien tiene la carga procedimental mínima y básica de señalar a la autoridad a la que atribuye, en este caso, las omisiones reclamadas; sin que sea dable exigir al juzgador de amparo que realice un estudio oficioso y sistemático de todo el marco normativo aplicable al acto u omisión que se reclama, a fin de determinar a qué autoridad debe atribuírsele, al no existir disposición legal alguna que así lo disponga. De igual forma, debe destacarse que si bien la parte quejosa realiza diversos argumentos con relación a la procedencia de la suplencia de la queja en el asunto sujeto a estudio, lo cierto es que dicha figura jurídica no tiene el alcance de que el órgano constitucional, de forma oficiosa, señale las autoridades que deben ser llamadas como responsables, pues aquélla sólo opera en el análisis de los conceptos de violación por deficiencia o falta de argumentos tendentes a atacar el acto reclamado. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia P./J. 7/2006 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Es decir, aun cuando en el caso operara la suplencia de la queja deficiente en favor del quejoso, esta sería únicamente con relación a los conceptos de violación que haya expresado; es decir, dicha figura jurídica no puede tener el alcance de relevar a la promovente de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Considerar lo contrario, implicaría soslayar presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que el gobernado tiene a su alcance, lo cual equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. En conclusión, al no advertirse en el escrito inicial de demanda, ni en el informe con justificación la participación de diversa autoridad a quien pudiera atribuírsele la omisión reclamada (distinta a aquella con las que se dio vista para ampliación), era carga procesal del quejoso haber señalado a la autoridad que conforme a las atribuciones otorgadas por el marco normativo aplicable debía cesar las omisiones reclamadas. Además que de las constancias que integran este sumario no se desprende que el quejoso haya elevado petición a las autoridades responsables u otra distinta a fin de exponer los derechos en torno a las prestaciones que como jubilado refiere deben garantizarle, específicamente, en torno al pago del seguro de retiro a que se refiere en el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y el aumento de su pensión, lo que abona en el sentido de que, además que en el marco normativo no se establece precepto que obligue a las autoridades a actuar de oficio sobre esos aspectos, no se evidencia petición de parte con la que se plantee a la responsable el reconocimiento del derecho a dichas prestaciones y por tanto, se establezca la obligación de dar contestación a ese escrito o remitirlo ante la autoridad competente. Por tanto, al no haberse allegado al presente sumario ninguna prueba con la cual se acredite que las omisiones de las que se dio noticia sean imputables a las autoridades señaladas como responsables, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto a éstas y por las omisiones que se les reclaman, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Transparencia y acceso a la información pública. Conforme establece el artículo 6°, Apartado "A", fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger la vida privada y los datos personales en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos, sirve de apoyo, el criterio 01/2011. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Julián Meza Peinado, a que este expediente se refiere, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de tres de los cursantes, a fin de que de ser su voluntad, ampliara sus conceptos de violación; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, SE DIFIERE y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a los que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que ya transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa, para que, de ser su voluntad, ampliara la demanda su de amparo y señalara nuevas autoridades, sin que hubiera realizado manifestación al respecto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se continúa el trámite de este asunto únicamente con las autoridades señalados en el escrito inicial de demanda. Por otra parte, se advierte que la quejosa reclama la omisión de pagarle el seguro de retiro del que es beneficiaria y de homologar sus precepciones como jubilada al numerario que reciben los trabajadores en la misma categoría en activo o conforme los incrementos al índice nacional de precios al consumidor. En razón de lo anterior, de conformidad con los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la solicitante de la tutela constitucional con los informes justificados rendidos por las responsables, por el término de quince días contado a partir de la notificación del presente acuerdo a fin de que esté en aptitud de ampliar -si así fuere su voluntad- su manuscrito constitucional y formular nuevos conceptos de violación. Bajo apercibimiento que de no manifestar nada al respecto, se continuará el trámite del presente juicio en los términos planteados en la demanda de garantías. Se previene a la parte quejosa para que la ampliación de que se trata, de hacerse, deberá formularse directa ente, toda vez que sus autorizados no se encuentran facultados para ello, en virtud de que la prevención versa sobre nuevos actos, lo que constituye el ejercicio de una nueva acción. En el entendido de que, de realizar la ampliación de que se trata, deberá de exhibir dos copias del ocurso de ampliación, para correr traslado a las partes de este juicio.

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