Julián Mercado Olazo
Expediente 1446/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julián Mercado Olazo
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de siete de enero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se tuvo por no presentado el escrito inicial que dio origen a este expediente ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el proveído de siete de enero de la presente anualidad, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, resolución con la que se puso fin a este juicio constitucional, sin decidirlo en cuanto al fondo, en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 de ese acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de enero de dos mil veintidós. De este juicio constitucional se desprende que el plazo de cinco días con el que el justiciable contaba para cumplir la prevención que le fue formulada en el acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrió del treinta de diciembre de dos mil veintiuno, al cinco del mes y año en curso, sin que el inconforme haya atendido esa prevención; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este medio extraordinario de defensa. Notifíquese."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1446/2021. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existen diversas irregularidades en el escrito relativo que necesitan enmendarse. El artículo 114, fracciones I, II, IV y V de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese escrito; b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que el normativo 108 del citado ordenamiento establece; c) cuando no se haya expresado con precisión el acto reclamado; y d) cuando no se hayan exhibido las copias necesarias de la demanda. Por otro lado, el ordinal 108, fracción IV, de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán expresarse, entre otros aspectos, la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame. A su vez, el precepto 110 del propio ordenamiento señala que con el ocurso inicial se exhibirán copias para cada una de las partes. En el caso, el inconforme no colma íntegramente los requerimientos establecidos por los normativos 108, fracción IV, y 110 de la Ley de Amparo, lo cual da pauta a señalar que la demanda presenta diversas irregularidades, por las razones siguientes: En primer orden, en el apartado de "ACTO RECLAMADO" del escrito inicial el justiciable señala como tal la falta de contestación al escrito que presentó el diez de marzo de dos mil veintiuno, ante el Instituto de la Función Registral de Oaxaca, mediante el cual solicitó copia certificada del registro del inmueble inscrito en la sección octava, del tomo XXI, en la partida 46, de veintitrés de junio de dos mil catorce. Luego, en el diverso capítulo de "ANTECEDENTES Y/O HECHOS DEL ACTO RECLAMADO" del propio libelo refiere bajo protesta de decir verdad que acude a esta instancia constitucional, porque asevera que esa autoridad registral ha omitido dictar la respuesta que corresponda a su petición contenida en el ocurso que presentó el diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual pidió copia certificada del registro del inmueble inscrito en la sección octava, del tomo XXI, en la partida 46, de veintitrés de junio de dos mil catorce. Los aspectos destacados impiden saber cuál es la fecha en la que realmente presentó ante la responsable el escrito que contiene su petición y esa situación implica que el justiciable no precisó el acto reclamado, porque se desconoce si lo que el disidente impugna es la omisión de dictar la contestación que corresponda al libelo que afirma que presentó el diez de marzo de dos mil veintiuno, ante el Instituto de la Función Registral de Oaxaca, mediante el cual solicitó copia certificada del registro del inmueble inscrito en la sección octava, del tomo XXI, en la partida 46, de veintitrés de junio de dos mil catorce, o bien, si ataca la omisión de dictar la respuesta que corresponda al ocurso que asevera que presentó el diez de noviembre de dos mil veintiuno, ante la citada autoridad registral en la que pidió copia certificada del registro del inmueble inscrito en la sección octava, del tomo XXI, en la partida 46, de veintitrés de junio de dos mil catorce. En ese sentido, se detecta que no se precisó el acto reclamado, lo cual es necesario para identificar la litis constitucional y para que la autoridad responsable esté en aptitud de rendir su informe justificado. También se detecta que omitió exhibir las copias de su escrito inicial suficientes para el traslado de las partes, ya que únicamente aportó un ejemplar y son necesarias dos copias, a saber, una para correr traslado a la autoridad señalada como responsable y otra para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. Los aspectos destacados denotan la existencia de irregularidades en la demanda, lo cual da pauta a prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para el traslado de las partes realice lo siguiente: 1. Deberá precisar el acto reclamado, es decir, tendrá que indicar si lo que ataca es la omisión de emitir la contestación que corresponda al escrito que afirma que presentó el diez de marzo de dos mil veintiuno, ante el Instituto de la Función Registral de Oaxaca, mediante el cual solicitó copia certificada del registro del inmueble inscrito en la sección octava, del tomo XXI, en la partida 46, de veintitrés de junio de dos mil catorce, o bien, si combate la omisión de dictar la respuesta que corresponda al libelo que asevera que presentó el diez de noviembre de dos mil veintiuno, ante la citada autoridad registral en la que pidió copia certificada del registro del inmueble inscrito en la sección octava, del tomo XXI, en la partida 46, de veintitrés de junio de dos mil catorce. 2. Tendrá que exhibir una copia adicional de su escrito inicial para el traslado de las partes. Infórmese al quejoso que los requerimientos formulados en este auto deberán ser atendido por sí, por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento legal, porque las facultades de las que gozan estas últimas solamente son para recibir notificaciones e imponerse de los autos; en ese sentido, se apercibe al disidente que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento por analogía en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Por otra parte, se tiene como autorizados del justiciable en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa, porque no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese.
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