Julian Herrera Gonzalez
Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Julian Herrera Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que por una parte se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 4 DE ABRIL DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON ENGROSE DE 27 DE MARZO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 731/2022, promovido por..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El ocho de julio de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veinticuatro de noviembre posterior, previa queja fundada, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió el informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal residente en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma. La omisión de practicar el emplazamiento a la parte demandada, aun cuando existe determinación que lo ordenó, emitida dentro del juicio ordinario civil..., del índice del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables negaron los actos, sin embargo deben tenerse por ciertos, en razón de que aducen que sí se ha ordenado el emplazamiento de la parte demandada en el proceso natural. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados. I. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve..., promovió juicio ordinario civil, otorgamiento y firma de escritura contra..., II. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se admitió el proceso natural y se ordenó el emplazamiento de..., La omisión de notificar del proceso a la demandada, constituye el reclamo en esta instancia. QUINTO. Análisis del concepto de violación. La parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque omite practicar el emplazamiento a la demandada, no obstante que ya ha presentado el croquis del lugar donde dice se encuentra, así como fotografías que muestran el domicilio, además de que no se sustenta de forma fehaciente y detallada el motivo por el cual resulta imposible llevar a cabo la diligencia. Los argumentos vertidos resultan infundados, en virtud de lo siguiente. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia que dicho numeral consagra en favor de los gobernados, descansa en los siguientes principios de justicia: a) Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; b) Completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Cabe señalar que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de tales principios, son aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto jurídico, como es el caso. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En el caso, la parte quejosa aduce que existe una omisión por parte de la autoridad responsable de realizar el emplazamiento de la parte demandada, sin embargo, contrario a lo que indica, las constancias del proceso natural revelan que obran determinaciones encaminadas llevar a cabo el llamamiento, como se verá a continuación: 1°. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada al proceso natural, el cual se razonó el seis de diciembre de dos mil diecinueve, donde el actuario indicó "no es posible localizar la manzana 59 lote 8 a pesar de la búsqueda realizada". 2°. El doce de marzo, siete de junio, veinticinco de agosto y tres de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó se practicar el llamamiento de la citada parte en los domicilios que proporcionó el accionante de amparo, de donde los fedatarios indicaron: "al tocar el portón nadie contesta a mi llamado, a pesar de la insistencia" "al realizar un amplio recurrido la numeración de dicha calle es irregular, la mayoría carece de identificación" "la numeración es irregular la mayoría de inmuebles carece de identificación". 3°. El once de febrero de dos mil veintidós, se autorizó que cualquiera de los autorizados del quejoso acompañara al actuario para su diligencia, lo cual no se advierte aconteciera y en razón de primero de junio de esa anualidad, se asentó "la numeración es irregular, la mayoría de los inmuebles carecen de identificación". 4°. El doce de julio, seis de septiembre y veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se ordenó se practicara el llamamiento de la citada parte en los domicilios que proporcionó el quejoso, respecto de los cuales el fedatario indicó: "la numeración es irregular y confusa, la mayoría de los inmuebles carece de numeración, el número buscado no se ubicó en la colonia citada" 5°. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la demandada en el lugar que proporcionó nuevamente el accionante de amparo, de la cual no se tiene el resultado, pues este juicio biinstancial se admitió el veinticuatro de ese mes y año. Luego, conforme a lo actuado en el juicio de origen, no se desprende la omisión en el sentido que refiere el quejoso, relativo a que no se ha practicado el emplazamiento por un no actuar de la autoridad, puesto que las constancias del proceso natural, previamente descritas, se obtiene que el juez ha ordenado el emplazamiento en los domicilios que ha proporcionado el quejoso, sin embargo éstos han resultado ineficaces para llevar a cabo el llamamiento, lo cual no es imputable al órgano jurisdiccional responsable. Máxime que se advierte que incluso se ha acordado favorable la petición del accionante de amparo de acompañar al fedatario para practicar el emplazamiento, sin embargo no compareció a realizarlo, por lo que el actuario responsable acudió al domicilio donde se le comisionó, sin que fuera posible la notificación. No pasa desapercibido para el suscrito el hecho de que el quejoso indique que no ha sido posible agendar cita para asistir con el actuario para llevar a cabo la diligencia, en razón de que no exhibió pruebas que den cuenta de ello, aunado a que mediante circular CJCDMX-11/2022 el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó procedente que desde el catorce de marzo de dos mil veintidós, las actividades desarrolladas por los órganos jurisdiccionales, las áreas administrativas y de apoyo judicial, materia civil y familiar, así como en la Sala Constitucional y Juzgados de Tutela de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México, se diera por concluido y/o finalizado el esquema de "Puerta Abierta y Puerta Cerrada", por lo que se brinda servicio y atención al público de forma normal y habitual. Consecuentemente, al no constatarse que el acto reclamado consistente en la omisión de practicar el emplazamiento imputable a las autoridades responsables, sea violatorio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la unión. Negativa extensiva que se realiza al acto de ejecución del actuario responsable, pues no se reclama por vicios propios, conforme la jurisprudencia de registro 210140, de la octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Así lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 731/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México..., asistido de..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los que las responsables rindieron su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el accionante ofreció la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 731/2022, promovido por..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El ocho de julio de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veinticuatro de noviembre posterior, previa queja fundada, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió el informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal residente en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma. La omisión de practicar el emplazamiento a la parte demandada, aun cuando existe determinación que lo ordenó, emitida dentro del juicio ordinario civil..., del índice del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables negaron los actos, sin embargo deben tenerse por ciertos, en razón de que aducen que sí se ha ordenado el emplazamiento de la parte demandada en el proceso natural. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados. I. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve..., promovió juicio ordinario civil, otorgamiento y firma de escritura contra..., II. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se admitió el proceso natural y se ordenó el emplazamiento de..., La omisión de notificar del proceso a la demandada, constituye el reclamo en esta instancia. QUINTO. Análisis del concepto de violación. La parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque omite practicar el emplazamiento a la demandada, no obstante que ya ha presentado el croquis del lugar donde dice se encuentra, así como fotografías que muestran el domicilio, además de que no se sustenta de forma fehaciente y detallada el motivo por el cual resulta imposible llevar a cabo la diligencia. Los argumentos vertidos resultan infundados, en virtud de lo siguiente. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia que dicho numeral consagra en favor de los gobernados, descansa en los siguientes principios de justicia: a) Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; b) Completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Cabe señalar que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de tales principios, son aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto jurídico, como es el caso. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En el caso, la parte quejosa aduce que existe una omisión por parte de la autoridad responsable de realizar el emplazamiento de la parte demandada, sin embargo, contrario a lo que indica, las constancias del proceso natural revelan que obran determinaciones encaminadas llevar a cabo el llamamiento, como se verá a continuación: 1°. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada al proceso natural, el cual se razonó el seis de diciembre de dos mil diecinueve, donde el actuario indicó "no es posible localizar la manzana 59 lote 8 a pesar de la búsqueda realizada". 2°. El doce de marzo, siete de junio, veinticinco de agosto y tres de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó se practicar el llamamiento de la citada parte en los domicilios que proporcionó el accionante de amparo, de donde los fedatarios indicaron: "al tocar el portón nadie contesta a mi llamado, a pesar de la insistencia" "al realizar un amplio recurrido la numeración de dicha calle es irregular, la mayoría carece de identificación" "la numeración es irregular la mayoría de inmuebles carece de identificación". 3°. El once de febrero de dos mil veintidós, se autorizó que cualquiera de los autorizados del quejoso acompañara al actuario para su diligencia, lo cual no se advierte aconteciera y en razón de primero de junio de esa anualidad, se asentó "la numeración es irregular, la mayoría de los inmuebles carecen de identificación". 4°. El doce de julio, seis de septiembre y veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se ordenó se practicara el llamamiento de la citada parte en los domicilios que proporcionó el quejoso, respecto de los cuales el fedatario indicó: "la numeración es irregular y confusa, la mayoría de los inmuebles carece de numeración, el número buscado no se ubicó en la colonia citada" 5°. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la demandada en el lugar que proporcionó nuevamente el accionante de amparo, de la cual no se tiene el resultado, pues este juicio biinstancial se admitió el veinticuatro de ese mes y año. Luego, conforme a lo actuado en el juicio de origen, no se desprende la omisión en el sentido que refiere el quejoso, relativo a que no se ha practicado el emplazamiento por un no actuar de la autoridad, puesto que las constancias del proceso natural, previamente descritas, se obtiene que el juez ha ordenado el emplazamiento en los domicilios que ha proporcionado el quejoso, sin embargo éstos han resultado ineficaces para llevar a cabo el llamamiento, lo cual no es imputable al órgano jurisdiccional responsable. Máxime que se advierte que incluso se ha acordado favorable la petición del accionante de amparo de acompañar al fedatario para practicar el emplazamiento, sin embargo no compareció a realizarlo, por lo que el actuario responsable acudió al domicilio donde se le comisionó, sin que fuera posible la notificación. No pasa desapercibido para el suscrito el hecho de que el quejoso indique que no ha sido posible agendar cita para asistir con el actuario para llevar a cabo la diligencia, en razón de que no exhibió pruebas que den cuenta de ello, aunado a que mediante circular CJCDMX-11/2022 el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó procedente que desde el catorce de marzo de dos mil veintidós, las actividades desarrolladas por los órganos jurisdiccionales, las áreas administrativas y de apoyo judicial, materia civil y familiar, así como en la Sala Constitucional y Juzgados de Tutela de Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México, se diera por concluido y/o finalizado el esquema de "Puerta Abierta y Puerta Cerrada", por lo que se brinda servicio y atención al público de forma normal y habitual. Consecuentemente, al no constatarse que el acto reclamado consistente en la omisión de practicar el emplazamiento imputable a las autoridades responsables, sea violatorio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia de la unión. Negativa extensiva que se realiza al acto de ejecución del actuario responsable, pues no se reclama por vicios propios, conforme la jurisprudencia de registro 210140, de la octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Así lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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