Julián Hernández Casado

Expediente 1428/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1428/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Julián Hernández Casado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte QUEJOSA, el acuerdo de VEINTUNO de noviembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se reservó acordar en cuanto al fondo el escrito signado por la quejosa **********, por medio del cual pretende ampliar la demanda de amparo respecto de las autoridades Jueza Octavo de Primera instancia en Materia Oral Familiar en Morelia, Michoacán, Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Michoacán y Servicio de Administración Tributaria, todos con residencia en esta ciudad, y actos que describe en el ocurso condigno, hasta en tanto se levante la suspensión del procedimiento con motivo de la queja que interpuso la citada quejosa en contra del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, lo cual, a la fecha, aconteció, por tanto, se acuerda lo conducente con relación al mismo. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de ampliación de demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, interpretada en sentido contrario del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea parte; Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: "[.] V. Acto reclamado. Por continencia de la causa dado la naturaleza del acto, lo es la falta de pronunciamiento de fondo al incumplimiento del mandato judicial que hizo la juez octavo oral familiar del distrito judicial de Morelia, mediante los informes rendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Michoacán y el Servicio de Administración Tributaria, en el juicio ordinario oral familiar 98/2022 ante el juzgado octavo oral familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con relación del informe justificado de tal Juez Octavo Oral Familiar acordado en data 24 veinticuatro de marzo de 2023 dos mil veintitrés dentro de los autos del amparo indirecto 237/2023 ante la Jurisdicción del Juez Noveno de Distrito.". De lo anteriormente expuesto se sigue que los actos reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativos a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En efecto, como se indicó previamente, la parte quejosa señala como acto reclamado de la ampliación de demanda, los proveídos de treinta y uno de abril de dos mil veintitrés, a través de los cuales, el Instituto Mexicano del Seguro Social y, el Servicio de Administración Tributaria, rindieron información al Juez natural, respecto de la solvencia económica de las partes, en los autos del juicio de origen. De ahí que, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el citado acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que dichos proveídos, en los cuales recibe la información respectiva a la capacidad económica de los contendientes, solo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la Litis planteada, pues constituyen actuaciones intraprocesales que no trascienden a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos; de ahí que dichas violaciones de derechos adjetivos únicamente producen efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del juico de origen, con lo cual quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con las resoluciones que ahora se impugnan. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del juicio y en caso de ser así, es decir, que la sentencia que se llegue a dictar sea contrario a sus intereses, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas. Esto es, los efectos y las violaciones procesales cometidas durante su trámite, antes indicados, se actualizan hasta el dictado de la sentencia dentro del juicio de origen, toda vez que en ese momento se podrá apreciar si con motivo de la emisión de las mismas, se vulneraron las defensas del afectado y, con ello, se incurrió en violaciones procesales que trascendieron al resultado del fallo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Tiene aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Registro 184249, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la ampliación de demanda de amparo y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No obstante, a efecto de notificar la presente resolución a la parte quejosa, la audiencia Constitucional prevista para esta fecha se difiere, y se señala para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 1568 signado por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe previo que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otro lado, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia incidental. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 1566 signado por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa su oficio de cuenta, relativo al Toca de apelación XI-********************/2023, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Finalmente, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese UN TOMO de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado y tenerlas a la vista de la Secretaría al momento de resolver. Por otro lado, de las documentales que acompaña el Magistrado responsable, no se advierte que remita el auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal ****************, de su índice. Por tanto, con fundamento en los artículos 75, de la Ley de Amparo por resultar necesaria para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la autoridad denominada Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Zitácuaro, Michoacán, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita copia certificada del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro de la causa penal ********************/2023, de su índice; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por otro lado, del Toca de apelación XI-********************/2023, que remitió el Magistrado responsable con el oficio de cuenta les asiste el carácter de terceros interesados de conformidad con el artículo 5°, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo al: - ******************** que conoce de la causa penal ********************/2023, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Zitácuaro, Michoacán; y, - ********************, en su carácter víctima dentro de la causa penal ********************/2023, con domicilio ubicado en calle ********************, ********************, colonia ********************en********************, Michoacán. En tales condiciones, con copia de la demanda de amparo y auto que la admitió, gírese oficio al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Zitácuaro, Michoacán, para que por su conducto ordene a quien corresponda y se emplace a la autoridad tercero interesada ******************** que conoce de la causa penal ********************/2023, de su índice, corriéndole traslado con las copias previamente señaladas; remitiendo para tal efecto, en un término no mayor a tres días, la constancia que así lo acredite. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia Número XXVII.3o. J/29 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, página 3407, con número de registro 2010107, Décima Época, que a letra dice: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DE CORRER TRASLADO CON COPIA DE LA DEMANDA AL AGENTE QUE INTERVINO EN LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, implícitamente desconocía la calidad de tercero perjudicado al Ministerio Público que hubiera intervenido en el procedimiento penal del que se derivó el acto reclamado, pues sólo reconocía este carácter al ofendido o al beneficiario de la reparación del daño. En cambio, la función del representante social se limitaba a formular alegatos una vez que fuera notificado de la presentación de la demanda, de acuerdo con los artículos 155, párrafo cuarto y 180 del citado ordenamiento abrogado. Por su parte, el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, reconoce expresamente el carácter de tercero interesado al mencionado órgano acusador, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, con lo que le confiere todos los derechos procesales inherentes a la calidad de parte, como promover incidentes, interponer recursos e intervenir en los que inicien los demás justiciables; ofrecer, rendir y objetar pruebas; solicitar la suspensión y el diferimiento de audiencias; recusar juzgadores; plantear incompetencias, causas de improcedencia y argumentos de constitucionalidad; y, en general, realizar cualquier acto necesario para la defensa del interés que representa. Así, actualmente no basta que se informe al referido fiscal sobre la existencia del amparo para el único efecto de que formule alegatos, sino que resulta indispensable emplazarlo como tercero interesado, mediante la entrega de una copia de la demanda, en términos de los artículos 115 y 116 de la ley de la materia en vigor. Este requisito constituye una formalidad fundamental del procedimiento, pues garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. En consecuencia, la omisión de correr traslado con copia de la demanda al Ministerio Público que intervino en la causa penal de origen, al constituir una violación a las leyes del procedimiento, amerita que el órgano revisor ordene reponerlo conforme al artículo 93, fracción IV, del citado ordenamiento vigente, siempre que esta irregularidad trascienda o pueda trascender al resultado del fallo." Por otro lado, toda vez que el domicilio de la tercera interesada ********************, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento DESPACHO al Juez Mixto de Primera Instancia en Maravatío, Michoacán, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda emplace a juicio a la tercera interesada, en el domicilio ubicado en calle ********************, ********************, colonia ********************en********************, Michoacán, para lo cual le deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo y del auto que la admitió que para ese efecto se adjuntan; asimismo, deberá hacer de su conocimiento que se fijaron las once horas minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, así como requerirla para que señale domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, relacionadas con el presente juicio, apercibiéndola que de no hacerlo, se le hará por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo; o bien, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, solicite con su nombre de usuario -firma electrónica firel- el acceso al expediente electrónico y notificación electrónica. Asimismo, se hace del conocimiento del juez requerido que el emplazamiento encomendado deberá ordenar se realice en términos del artículo 27, fracción I, de la referida Ley de Amparo, esto es: El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, debiendo circunstanciar cómo es o porqué medios se cerciora que es el domicilio en que se constituye y que es la residencia de quien busca o bien señalar qué persona le hace saber que en ese lugar se puede encontrar al buscado (placa o signos objetos que identifiquen el inmueble), le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente, le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha. Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que dentro de los dos días hábiles siguientes acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio, si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista y por lista en una página electrónica. Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que dentro de los dos días hábiles siguientes acudan al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presentan se notificará por lista, pudiendo el referido órgano tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. La lista de acuerdos se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, la fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá los requisitos establecidos en el numeral 29 del ordenamiento jurídico en consulta. En la inteligencia que la lista deberá contener los requisitos de las fracciones III y IV del artículo 29 de la Ley de Amparo, es decir, se debe anotar los datos que identifiquen a las autoridades responsables que intervienen en el asunto, así como una síntesis de la resolución que se notifica, la cual, por ejemplo, se puede satisfacer reproduciendo la porción respectiva del acuerdo que admite la demanda y del que se manda emplazar al tercero interesado. Debiendo asentar certificación de la hora en la que se publica la lista para hacer la notificación al tercero interesado, puesto que el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su párrafo inicial prevé que la fijación y publicación de la lista se realizará a primera hora hábil del día, lo que motiva que se requiera la anotación de esa circunstancia. En todos los casos, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente. De igual forma, hágase del conocimiento del Juez requerido que no es óbice para la diligenciación del citado comunicado, que lo reciba con posterioridad al señalamiento de la audiencia constitucional indicada en el mismo, en virtud que es necesario que se realice dicho emplazamiento para resolver el presente juicio de amparo, por lo que una vez que sea diligenciado, se solicita lo devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, con las constancias que acrediten su diligenciación. Para lo cual, y a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 25/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 75, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN." De la jurisprudencia 1a./J. 114/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, de rubro: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.", se advierte que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo en su carácter de tercero perjudicado, siempre y cuando el acto reclamado se vincule directa o indirectamente con la reparación del daño. Por tanto, tratándose de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión se actualiza el supuesto de dicha jurisprudencia, pues si bien es cierto que se trata de actuaciones procesales que no se pronuncian sobre la pena pública, también lo es que tienen una relación indirecta con ella, ya que si como consecuencia del juicio de garantías desaparece dicha orden de captura o el auto cabeza del proceso, ello se traduce en que la reparación del daño no ocurra por verse truncado el proceso penal." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que ... no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, en representación del Director de Recaudación del Estado, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esta autoridad procede a pronunciarse respecto del cumplimiento, en los términos siguientes: 1. Mediante sentencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el amparo promovido por .. respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán; y, por otra, se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados al Congreso del Estado, Gobernador Constitucional, Director del Periódico Oficial de Gobierno del Estado y Director de Recaudación del Estado de Michoacán. 2.- En datas diez y veinte de junio de dos mil veintidós, se tuvo al i) Congreso del Estado de Michoacán; ii) Gobernador del Estado; y, iii) Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de treinta de mayo de dos mil veintidós; medios de impugnación que por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, los cuales fueron registrados y tramitados bajo el número de revisión administrativo 167/2022. 4.- En sesión de uno de febrero de dos mil veintitrés, los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, resolvieron dentro del amparo en revisión administrativo 167/2022, confirmar la sentencia sujeta a revisión, por lo que en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, requirió al Director de Recaudación del Estado, con residencia en esta ciudad, para que procediera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: ".Único: El Director de Recaudación del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de la parte declarada inconstitucional, del artículo 20, fracciones I, inciso A) y II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de 2022, por lo que deberá hacerse extensiva al acto de aplicación, derivado del pago de dichos derechos. De ahí que habrá de devolver, debidamente actualizada, la cantidad que resulte de la diferencia de aplicar la tarifa mínima prevista en ese precepto legal, para el juego de placas y holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, mencionadas en el considerando que antecede, en relación con el Formato Múltiple de Pago de Contribuyente Estatales y/o Federales, con número de folio ********************, correspondientes al refrendo anual de calcomanía (2022), por la cantidad de $992.00 (novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), así como al canje vehicular (juego de placas), por la suma de $1,789.00 (mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), este último, al que se aplicó el descuentos del 30%, es decir, la cantidad de $536.70 (quinientos treinta y seis pesos 70/100 M.N.), lo que arroja un total de $2,244.00 (dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), respecto del vehículo marca Renault, línea Stepway Intens TM, modelo 2018, color rojo fuego, serie 9FB562JB5JM567284. Esto es, la parte quejosa únicamente pagará la cantidad de $860.00 (ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), que resulta de sumar el importe de $540.00 (quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) y $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), correspondientes al pago por cada juego de placas, así como por el holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, establecidos en el numeral reclamado para motocicletas y cuatrimotos, incluyendo tarjeta de circulación, respectivamente." 5.- En cumplimiento a lo anterior, el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, en representación del Director de Recaudación, realizó lo siguiente: Mediante oficios número SFA/DGJ/DC/2884/2023 y SFA/DGJ/DC/2884/2023 presentados en la oficialía de partes de este juzgado federal el veintitrés y veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, solicitó que se hiciera del conocimiento del quejoso Bismark Alexei Cortes Ruiz, que se encontraba a su disposición el cheque con número de folio 000********************, por la cantidad de $1,384.00 (mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), lo cual se ordenó notificar a la parte quejosa de manera personal. Mediante oficio número SFA/DGJ/DC/4429/2023 presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal el uno de agosto de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del acuse de recibo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, firmados por la parte quejosa respecto del cheque original número 000******************** de la Institución Bancaria******************** por la cantidad de $******************** por concepto de la diferencia que resulta de aplicar la tarifa mínima para el juego de placas y holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación prevista en el artículo 20, fracciones I, inciso A) y II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, en relación al Formato Múltiple de Pago de Contribuyente Estatales y/o Federales, con número de folio ********************, correspondientes al refrendo anual de calcomanía (2022), del vehículo marca Renault, línea Stepway Intens TM, modelo 2018, color rojo fuego, serie 9FB562JB5JM567284. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, en representación del Director de Recaudación, remitió copia certificada de las constancias certificadas relativas a los acuses de recibo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, firmados por la parte quejosa respecto del cheque original número ******************** de la Institución Bancaria******************** por la cantidad de $******************** por concepto de la diferencia que resulta de aplicar la tarifa mínima para el juego de placas y holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación prevista en el artículo 20, fracciones I, inciso A) y II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, en relación al Formato Múltiple de Pago de Contribuyente Estatales y/o Federales, con número de folio ********************; lo anterior sin manifestación contraria por parte del quejoso en la vista otorgada mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria sin excesos ni defectos. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

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