Julian Hernández Carrillo
Expediente 1183/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julian Hernández Carrillo
Actuaciones
- Principal
MESA III C "... Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en la especie, en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo... se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente..."
- Principal
...Vista la demanda de amparo promovida por la demanda de amparo promovida por Julián Hernández Carrillo, promoviendo por su propio derecho y con el carácter de Magistrado de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1183/2021. Desechamiento En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 6° y 7º de dicho cuerpo normativo, dado que el quejoso carece de legitimación, en su calidad de funcionario público, para acudir ante esta instancia constitucional. Dichos ordinales dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.). Artículo 7°. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes. En efecto, el solicitante de amparo en su calidad de Magistrado de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, reclama destacadamente la omisión de dar respuesta a la petición formulada por escrito de dos de marzo de dos mil veinte, ante el Congreso del Estado de Oaxaca, en la que, solicitó la reelección o ratificación de su nombramiento, así como, la falta de notificación de la respuesta recaída. Como se puede ver, el aquí quejoso en realidad comparece al presente juicio de amparo, en su calidad de funcionario público, pues se duele de la omisión de dar respuesta a su petición, en la que solicitó la reelección o ratificación de su nombramiento como Magistrado Titular de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. Por ello, el amparo es improcedente, pues no se aprecia que el quejoso, en su calidad de funcionario público, se duela de algún perjuicio patrimonial. En efecto, el mencionado artículo 7 de la Ley de Amparo, en lo de interés dispone que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, excepción dentro de la cual no se encuentra la parte quejosa. Ahora, la Segunda Sala del Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la ejecutoria que analizó el artículo 7 de la Ley de Amparo y que dio formación al criterio jurisprudencial de rubro "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN"; y que más adelante se cita, estableció: Que la excepción contenida en el precepto normativo aludido: No resulta de interpretación amplia, sino estricta; y, Constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan interponer amparo, por lo que de no actualizarse sus hipótesis fácticas-jurídicas, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación en tal medio de control constitucional. Que la excepción contenida en el artículo 7° de la Ley de Amparo obedece a la teoría de la doble personalidad del Estado, según la cual, los entes públicos pueden ser considerados como entidades dotadas de imperio, o bien, en su carácter de sujetos de derecho privado. Que bajo la fase de derecho privado -es decir, como sujeto colocado en el mismo plano jurídico que los particulares-, el Estado como persona moral, "capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otras", entre ellos, precisamente, el juicio de amparo. Siendo que, como entidad pública en sentido estricto, "no puede ejercer ninguno de esos medios sin desconocer su propia soberanía", dando lugar, por ende, a que se soslayara "todo el imperio, toda la autoridad, o los atributos propios del Estado". Además no es posible conceder a los órganos del Estado el juicio de amparo por actos emitidos por el propio Estado a través de otro de sus órganos, "porque establecería una contienda de poderes soberanos, y el juicio de garantías no es más que una queja del particular, que se hace valer contra abusos del poder". En otras palabras, el Estado, en unos casos puede obrar como autoridad "haciendo uso de los atributos propios de su soberanía, encargado de velar por el bien común por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria", y en otros casos, como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecuta actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales". Por ende, resulta inconcuso que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual, lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el referido medio de control constitucional. Pues indicó, que si la finalidad del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos, es claro que dicho objeto no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla -cuando el ente público obra como cualquier particular-, pues, de lo contrario, se traduciría en un desconocimiento del propio imperio del cual se encuentra investido la autoridad, al tiempo que modificaría al juicio de amparo a un simple medio de resolución de conflictos entre poderes públicos. En consecuencia, si bien el artículo 7o. de la Ley de Amparo autoriza a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados cuando actúa como cualquier particular, lo cierto es que "no capacita a las oficinas públicas o departamentos de Estado para entablarlo con objeto de protegerse contra otros departamentos de Estado". En esa tesitura, siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad, se encontrarán excluidas de la posibilidad de interponer el juicio de amparo, con entera independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. Siendo que, como se ha reiterado, el requisito indispensable para acreditar la legitimación ad causam de las personas morales oficiales en el juicio de amparo, es que "la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado"; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas, el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. Sirve de apoyo, el criterio siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 7 de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley dictada, procede desechar de plano la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, así como el correo electrónico, el que indica; y por autorizados, en los términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, Jorge Eduardo Franco Jiménez, Edna Georgina Franco Vargas y Nicolás Gopar Cortes, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, por así solicitarlo. Por otra parte, en términos de los artículos 3, 24 y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como, 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza al usuario ednafranco, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Por otra parte, como es parte en el presente juicio de amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos, en el expediente en que se actúa. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, (...) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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