Julián Hernández Anaya
Expediente 1024/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julián Hernández Anaya
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de ********en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos****Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto********nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno*****en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición ********Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obre como legalmente corresponda los oficios provenientes de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS Y ACTUARIO ADSCRITO, a través de los cuales rinden su informe justificado, con los mismos y las constancias anexas, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, adviértase que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS Y ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN, a los cuales les reclamó lo siguiente: "1. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- Lo constituye la omisión de acordar el escrito presentado el 05 de junio de 2019, presentado por apoderado legal de la parte actora dentro del juicio laboral, por medio del cual solicita se actualice el crédito laboral a favor de la actora, así como ordene requerir dicho pago a la parte demandada y faculte al fedatario correspondiente para llevar a cabo dicha diligencia, así como substanciar el procedimiento de ejecución forzosa según lo dispuesto en los artículos del 940 al 949, en correspondencia con el artículo 685, y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, en los plazos y términos que refieren los preceptos legales citados. 2. ACTUARIO ADSCRITO A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE - Lo constituye la omisión de designarnos y otorgarnos fecha para realizar la diligencia de requerimiento de pago en los términos establecidos por los artículos 945, 950, 951 Y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo." En ese contexto, de los informes rendidos por la responsable, así como de las constancias a él anexas, se aprecia el acuerdo dictado el cinco de agosto de dos mil diecinueve en el expediente laboral 01/696/15-I, por el cual, en atención a la promoción presentada por el apoderado de la parte actora el cinco de junio del año en curso, dictó auto de requerimiento de pago y embargo, comisionando al actuario para que se constituya en el domicilio de la parte demandada a practicar la diligencia de requerimiento de pago y/o en caso de que exista negativa a realizar el pago, proceda a embargar bienes suficientes que cubran el crédito laboral obtenido a favor de la parte actora, asimismo lo comisiona para llevar a cabo la diligencia de reinstalación; debiendo la parte actora acudir con el actuario y obtener cita para la diligencia correspondiente. De lo cual la parte actora (quejosa) tiene conocimiento de dicha determinación, en virtud de la notificación personal realizada el catorce de agosto del año actual. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. De lo anterior, adviértase que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que la autoridad responsable acordó lo solicitado por el quejoso mediante escrito de cinco de junio del año en curso, ya que ordenó los actos tendientes para el desahogo de la diligencia de reinstalación de la parte actora, así como el requerimiento del pago de las prestaciones que tiene derecho la actora mediante auto de ejecución con efectos de mandamiento en contra de la demandada, de cinco de agosto de dos mil diecinueve en el expediente laboral 01/696/15-I. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia. Por las razones antedichas, se llega a la conclusión que la responsable hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que reclamó la parte quejosa; con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. Dicho artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Lo anterior es así, ya que al reclamar un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, en el caso concreto se traduce en la omisión de acordar la promoción presentada el cinco de junio del año en curso en el expediente natural; y por ende, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados a la peticionaria, para ello, impondría a la responsable, en este caso, la obligación de proveer sobre la solicitud de la actora en el juicio laboral de origen, comunicándole su determinación a la parte respectiva. Condiciones que en el particular se satisfacen, pues la autoridad responsable ya se pronunció respecto a la promoción aludida, asimismo, lo hizo del conocimiento a la parte actora (impetrante) de manera personal; restituyéndose así, la garantía constitucional que inicialmente fue violada y, por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia. Apoya la anterior, conclusión la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, encuentra sustento la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Sin soslayar la omisión que en específico reclamó a la actuaria responsable, habida cuenta que ésta no podría actualizarse motu proprio por ésta, sin la existencia previa del mandato en el que se le ordenara practicar la diligencia respectiva, lo que se observa ocurrió hasta el cinco de agosto en curso; esto es con posterioridad a que se presentara la demanda y por ende el mismo resulta inexistente en este juicio; por lo que no podría efectuarse estudio alguno al respecto; haciéndose extensivo en consecuencia el sobreseimiento decretado por cuanto a la citada responsable se refiere. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio proveniente de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, por medio del cual remite copia certificada de las constancias que obran en el expediente 01/696/15-I de su índice, de las que se advierte la personalidad de Iván Ruiz García, como apoderado legal de la parte quejosa JULIÁN HERNÁNDEZ ANAYA; en consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocido tal carácter. Asimismo, ténganse por hechas las designaciones que refiere la autoridad oficiante. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia que antecede, por virtud de la cual IVÁN RUIZ GARCÍA quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de JULIÁN HERNÁNDEZ ANAYA, en cumplimiento al proveído de seis de agosto actual, dictado en el juicio de amparo 1024/2019-I, ratificó el contenido del escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, el cinco de agosto del año que transcurre, registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el folio 25411, por medio del cual en relación al diverso auto de uno de agosto del año en curso, subsana la prevención decretada por este Juzgado, en relatadas consideraciones se procede a proveer lo siguiente: ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, promovida por IVÁN RUIZ GARCÍA quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de JULIÁN HERNÁNDEZ ANAYA, contra actos de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL PROMOVENTE DE AMPARO. Tomando en consideración que el promovente acredita su personalidad de manera indiciaria, en consecuencia, con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo; se requiere a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a IVÁN RUIZ GARCÍA quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de JULIÁN HERNÁNDEZ ANAYA, así como del documento con el que la acreditó dentro del juicio laboral 01/696/15; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así dentro del término concedido o de no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 en relación al 236 de la Ley de amparo. Al respecto resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Junio de 2009, página 297, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA.". DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrán que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PRUEBAS. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la documental que anexó a su escrito inicial de demanda, la que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, mediante oficio emplácese al tercero interesado SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda para que si a sus intereses conviene comparezca a juicio, haciéndole de su conocimiento que se señalaron las nueve horas con cincuenta minutos del diez de septiembre de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia constitucional. Luego, respecto a la manifestación vertida por el impetrante en el sentido que no existe la parte tercera interesada, en virtud de que el juicio laboral de origen se encuentra en la etapa de ejecución; dígasele que no le corresponde al promovente determinarlo, pues ello implicaría a primera vista trasgredir el principio de igualdad e imparcialidad sin haber dado trámite al juicio y poder advertir lo anterior con las constancias respectivas; aunado a ello, este juzgado está obligado a preservar los derechos de quienes pueden verse afectados, en su caso, por el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la Jurisprudencia 1a./J. 90/2010, Novena Época, de la Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 448, que a su rubro dice: TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.". Asimismo, tiene sustento en la tesis del rubro "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO.", sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época. De igual forma, lo antedicho encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 44/96, cuyo registro es 200086, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 85, cuyo rubro es del tenor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.". PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
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