Julian Gordillo Bernardo

Expediente 267/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
267/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
21/05/2019

Partes del expediente

  • Julian Gordillo Bernardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, pues si bien no obran en autos los acuses de los oficios por medio de los cuáles se les remitió el citado auto a las autoridades responsables que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello, no causa perjuicio alguno a las mismas, sino únicamente al directo quejoso, en virtud de que en la resolución de referencia se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    III. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, y anexo que acompaña, del que se advierte que la responsable por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, acordó lo conducente respecto del exhorto enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015; del que se aprecia que comisionó al Actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio de la parte demandada Fabricaciones Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y requiera el pago de la cantidad de $495,517.44 (Cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos diecisiete pesos, con cuarenta y cuatro centavos, moneda nacional); cuya omisión se duele aquí la parte quejosa Julián Gordillo Bernardo. Ahora bien, tomando en consideración de la revisión del escrito de demanda, que la materia del asunto es, por una parte, la denegación de justicia de que está siendo objeto la parte quejosa consistente en la omisión de la responsable de no dar cumplimiento al exhorto librado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015, siendo el caso que de las constancias que remitió la responsable en su informe justificado, se advierte que por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, acordó lo conducente al exhorto del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015, en el que comisionó al Actuario de su adscripción, para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada Fabricaciones Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y requiriera el pago de la cantidad de $495,517.44 (Cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos diecisiete pesos, con cuarenta y cuatro centavos, moneda nacional), lo que no se pudo realizar por los motivos asentados en la constancia actuarial; de lo que actualmente se duele la parte quejosa, en su acto reclamado; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio por cuanto a dicha responsable, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, en dar cumplimiento al exhorto librado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015; sin embargo, de las constancias que remitió la responsable, se advierte que por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, acordó lo conducente respecto de la comunicación del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015, y anexó constancia de la razón levantada por el Actuario de su adscripción de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en la que hace constar los motivo por los cuales no pudo llevar a cabo la diligencia ordenada. En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable, por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, acordó lo conducente respecto del exhorto del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015, mismo que comisionó al Actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio de la parte demandada Fabricaciones Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y requiera el pago de la cantidad de $495,517.44 (Cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos diecisiete pesos, con cuarenta y cuatro centavos, moneda nacional) y anexo constancia de la razón levantada por el Actuario de su adscripción de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, por lo que ve a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por otra parte, por lo que ve al diverso acto reclamado, consistente en la denegación de justicia que está siendo objeto la parte quejosa consistente en la omisión de la responsable, Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, de no realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo el auto de requerimiento de embargo y/o ejecución a fin de requerir de pago a los terceros interesados, en el juicio laboral 80/2015, el suscrito considera, que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo en su fracción XI, por existir cosa juzgada. Lo anterior debido a que previamente a la presentación de la demanda radicada con el número de expediente 267/2019, la parte quejosa promovió el diverso juicio de amparo indirecto 940/2018 contra las mismas autoridades y acto reclamado, el cual fue resuelto por resolución de diez de septiembre de dos mil dieciocho. Esto es así, pues en el juicio de amparo que ahora funge como antecedente, se reclamó también la omisión de la responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, de no realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo el auto de requerimiento de embargo y/o ejecución a fin de requerir de pago a los terceros interesados, en el juicio laboral 80/2015. En ese sentido, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones X y XI, prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] La Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar ese supuesto de improcedencia ha indicado las premisas a partir de las cuales debe ser analizado, entre las que destacan las siguientes: - La improcedencia del juicio de amparo por cosa juzgada exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos siguientes: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Que los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. - Por regla general esta causa de improcedencia no se actualiza en casos de sobreseimiento en el juicio, ya que en éstos no se decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, y por eso no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general. - Sin embargo, debido a que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, existen excepciones y opera siempre que la determinación de sobreseimiento se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercible nuevamente la acción de amparo de modo absoluto o de manera insuperable, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional. - De manera que la condición para que opere la cosa juzgada en relación con ese tipo de determinaciones consiste en que en el juicio previo se haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado. Con base en lo anterior, es posible sostener que el principio de cosa juzgada opera como causa de improcedencia cuando existe una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, en el cual, generalmente, se dictó una sentencia de fondo que decidió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados y se promueva un nuevo juicio en el que haya identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones sean diversas. Pero, como excepción, esa causa de improcedencia se actualiza en algunos supuestos en que la resolución del juicio previo no es de fondo sino que obedece a la actualización de una causa de improcedencia, pero siempre que esa decisión (sobreseimiento) haya provocado que la acción constitucional no pueda ejercerse nuevamente de modo absoluto, de tal manera que no sea posible combatir el acto reclamado a través de un nuevo juicio de amparo. Es así que, para determinar la actualización de la cosa juzgada como causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto será necesario analizar: 1. Si existe identidad de los quejosos, autoridades responsables y actos reclamados; y 2. Si las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo provocaron la inejercibilidad de la acción de amparo de modo absoluto, esto es, la inatacabilidad del acto reclamado a través de un juicio constitucional posterior. Esto es así porque solamente cuando concurren ambas circunstancias la improcedencia decretada en el juicio de amparo indirecto previo provocará imposibilidad para reclamar el acto en nuevo juicio constitucional, porque con aquella decisión insuperable se impide analizar el fondo del asunto. Dicho lo anterior, se procede a efectuar el estudio correspondiente a fin de acreditar por qué se considera improcedente el estudio de fondo respecto del acto reclamado en este juicio constitucional. De las constancias que obran en autos del juicio de amparo 940/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte lo siguiente: - El mencionado juicio de amparo indirecto 940/2018 fue promovido por Julián Gordillo Bernardo, contra el acto reclamado consistente en la denegación de justicia por parte de la responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, relativa a la falta de omisión de dictar el auto de ejecución y embargo, en autos del expediente 80/2015. - En dicho amparo se señaló como responsables al Presidente por sí y como representante, de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. - Por resolución de diez de septiembre de dos mil dieciocho, se determinó sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, toda vez que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, autoridad responsable adjuntó a su informe con justificación, la omisión de dictar el auto de ejecución y embargo, en autos del expediente 80/2015, dando contestación al memorial de la parte aquí quejosa de fecha veintinueve de agosto del año inmediato anterior. Ahora bien, de las constancias que obran en el sumario que ahora se resuelve se advierte lo siguiente: - El presente juicio de amparo indirecto fue promovido también por Julián Gordillo Bernardo, contra el acto reclamado consistente en la omisión de la responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, de no realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo el auto de requerimiento de embargo y/o ejecución a fin de requerir de pago a los terceros interesados, en el juicio laboral 80/2015. - En este juicio de amparo, también se señaló como responsables al Presidente por sí y como representante, de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. De lo anterior se sigue que existe identidad de la parte quejosa, autoridades responsables y acto reclamado, porque ambos juicios de amparo indirecto fueron promovidos por Julián Gordillo Bernardo, contra el Presidente por sí y como representante, de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, respecto de la omisión de realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo el auto de requerimiento de embargo y/o ejecución a fin de requerir de pago a los terceros interesados, en el juicio laboral 80/2015. Por tanto, se considera que el primer requisito para acreditar la cosa juzgada se encuentra colmado. Ahora bien, a fin de acreditar que las razones que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo provocaron la inejercibilidad de la acción de amparo de modo absoluto, debe tenerse en cuanta lo siguiente: En autos del juicio de amparo 940/2018, del índice de este Juzgado, y de las constancias que integran el mismo, se advierte, que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dio contestación al memorial de fecha doce de marzo del año dos mil dieciocho, y con fecha veintinueve de agosto de la referida anualidad, despachó exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo para su correspondiente diligenciación, ordenando se requiriera de pago a la demandada en el procedimiento de origen. Es por lo anterior, que al reclamar en este asunto, la misma omisión a la responsable, sin haber formulado nueva solicitud de requerimiento de pago a la demandada, es que, dicho sobreseimiento provoca la inejercitabilidad del juicio de amparo, máxime que como ya se señaló en líneas precedentes, el exhorto que libró la junta local derivado de la emisión del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, y cuya omisión de diligenciar reclamó el quejoso de igual modo en esta vía, ha cesado sus efectos, como se acreditó en este acuerdo. Razones por las cuales el suscrito considera que se actualiza el segundo requisito necesario para decretar la actualización de la cosa juzgada respecto del acto reclamado en este juicio con la consciencia de que deba sobreseerse en el mismo con fundamento en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.5º.T1K (10ª) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, pertenenciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y con número de registro 2016156, que a la letra dice: COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EN UN JUICIO PREVIO, EN EL QUE SE IMPUGNÓ UN ACTO OMISIVO, SE SOBRESEYÓ POR NO ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO, AL NO APORTARSE PRUEBAS PARA ELLO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aisladas 1a. XCV/2016 (10a.), de título y subtítulo: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA." y 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de rubro: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", indicó que el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un amparo previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; que por regla general, esa figura se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, y excepcionalmente en casos de desechamiento de la demanda o sobreseimiento en el juicio, siempre que esa determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto o de manera insuperable (inatacabilidad del acto reclamado). Por otra parte, acorde con los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, el interés jurídico constituye un presupuesto de la acción de amparo contra actos/resoluciones que derivan de la actuación de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Así, en términos del artículo 61, fracción XII, de la ley citada, la improcedencia del juicio por falta de interés jurídico puede obedecer a: 1. Ausencia de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley o inexistencia de agravio personal y directo porque el acto reclamado no incide en la esfera jurídica de la quejosa; o, 2. Imposibilidad para determinar si el acto reclamado afecta la esfera jurídica de la quejosa, ya sea por: a) Insuficiencia o falta de idoneidad de las pruebas aportadas para acreditar el interés jurídico; o, b) Ausencia de pruebas al no haber allegado alguna para acreditarlo. De lo anterior, se concluye que cualquiera de los primeros tres supuestos (falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley, ausencia de agravio personal y directo, o falta de idoneidad de pruebas concretas) constituyen razones que hacen inejercitable la acción de amparo por falta de interés jurídico, e impiden promover un nuevo amparo contra el mismo acto de autoridad por existir cosa juzgada, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, aludido, debido a que ya existe un pronunciamiento jurisdiccional sobre ese tema concreto; sin embargo, esa causa de improcedencia no se actualiza en el último de los supuestos, esto es, cuando se sobresee en el juicio por no acreditar el interés jurídico, al no aportar pruebas para ello, lo que se considera así en atención a que esa determinación de sobreseimiento no contiene un pronunciamiento en cuanto a la inexistencia del derecho subjetivo tutelado en la ley, o de agravio en su esfera jurídica, o por insuficiencia probatoria de ciertas pruebas en específico; de ahí que proceda un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto reclamado y autoridades responsables, cuando no exista plazo para promover juicio de amparo por tratarse de un acto omisivo el que se impugna y el sobreseimiento obedeció a la falta de interés jurídico determinada ante la ausencia de medios probatorios que acreditaran sus elementos (titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley y existencia de agravio personal y directo). Sobreseimiento que impide al suscrito pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas dentro de los conceptos de violación hechos valer por el peticionario del amparo. Por lo anterior queda sin efecto la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, y anexo que acompaña, del que se advierte que la responsable por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, acordó lo conducente respecto del exhorto enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015; del que se aprecia que comisionó al Actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio de la parte demandada Fabricaciones Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y requiera el pago de la cantidad de $495,517.44 (Cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos diecisiete pesos, con cuarenta y cuatro centavos, moneda nacional); cuya omisión se duele aquí la parte quejosa Julián Gordillo Bernardo. Ahora bien, tomando en consideración de la revisión del escrito de demanda, que la materia del asunto es, por una parte, la denegación de justicia de que está siendo objeto la parte quejosa consistente en la omisión de la responsable de no dar cumplimiento al exhorto librado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015, siendo el caso que de las constancias que remitió la responsable en su informe justificado, se advierte que por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, acordó lo conducente al exhorto del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015, en el que comisionó al Actuario de su adscripción, para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada Fabricaciones Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y requiriera el pago de la cantidad de $495,517.44 (Cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos diecisiete pesos, con cuarenta y cuatro centavos, moneda nacional), lo que no se pudo realizar por los motivos asentados en la constancia actuarial; de lo que actualmente se duele la parte quejosa, en su acto reclamado; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio por cuanto a dicha responsable, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, en dar cumplimiento al exhorto librado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015; sin embargo, de las constancias que remitió la responsable, se advierte que por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, acordó lo conducente respecto de la comunicación del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015, y anexó constancia de la razón levantada por el Actuario de su adscripción de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en la que hace constar los motivo por los cuales no pudo llevar a cabo la diligencia ordenada. En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable, por auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, acordó lo conducente respecto del exhorto del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el juicio laboral 80/2015, mismo que comisionó al Actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio de la parte demandada Fabricaciones Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y requiera el pago de la cantidad de $495,517.44 (Cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos diecisiete pesos, con cuarenta y cuatro centavos, moneda nacional) y anexo constancia de la razón levantada por el Actuario de su adscripción de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, por lo que ve a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por otra parte, por lo que ve al diverso acto reclamado, consistente en la denegación de justicia que está siendo objeto la parte quejosa consistente en la omisión de la responsable, Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, de no realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo el auto de requerimiento de embargo y/o ejecución a fin de requerir de pago a los terceros interesados, en el juicio laboral 80/2015, el suscrito considera, que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo en su fracción XI, por existir cosa juzgada. Lo anterior debido a que previamente a la presentación de la demanda radicada con el número de expediente 267/2019, la parte quejosa promovió el diverso juicio de amparo indirecto 940/2018 contra las mismas autoridades y acto reclamado, el cual fue resuelto por resolución de diez de septiembre de dos mil dieciocho. Esto es así, pues en el juicio de amparo que ahora funge como antecedente, se reclamó también la omisión de la responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, de no realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo el auto de requerimiento de embargo y/o ejecución a fin de requerir de pago a los terceros interesados, en el juicio laboral 80/2015. En ese sentido, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones X y XI, prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] La Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar ese supuesto de improcedencia ha indicado las premisas a partir de las cuales debe ser analizado, entre las que destacan las siguientes: - La improcedencia del juicio de amparo por cosa juzgada exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos siguientes: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Que los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. - Por regla general esta causa de improcedencia no se actualiza en casos de sobreseimiento en el juicio, ya que en éstos no se decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, y por eso no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general. - Sin embargo, debido a que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, existen excepciones y opera siempre que la determinación de sobreseimiento se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercible nuevamente la acción de amparo de modo absoluto o de manera insuperable, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional. - De manera que la condición para que opere la cosa juzgada en relación con ese tipo de determinaciones consiste en que en el juicio previo se haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado. Con base en lo anterior, es posible sostener que el principio de cosa juzgada opera como causa de improcedencia cuando existe una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, en el cual, generalmente, se dictó una sentencia de fondo que decidió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados y se promueva un nuevo juicio en el que haya identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones sean diversas. Pero, como excepción, esa causa de improcedencia se actualiza en algunos supuestos en que la resolución del juicio previo no es de fondo sino que obedece a la actualización de una causa de improcedencia, pero siempre que esa decisión (sobreseimiento) haya provocado que la acción constitucional no pueda ejercerse nuevamente de modo absoluto, de tal manera que no sea posible combatir el acto reclamado a través de un nuevo juicio de amparo. Es así que, para determinar la actualización de la cosa juzgada como causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto será necesario analizar: 1. Si existe identidad de los quejosos, autoridades responsables y actos reclamados; y 2. Si las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo provocaron la inejercibilidad de la acción de amparo de modo absoluto, esto es, la inatacabilidad del acto reclamado a través de un juicio constitucional posterior. Esto es así porque solamente cuando concurren ambas circunstancias la improcedencia decretada en el juicio de amparo indirecto previo provocará imposibilidad para reclamar el acto en nuevo juicio constitucional, porque con aquella decisión insuperable se impide analizar el fondo del asunto. Dicho lo anterior, se procede a efectuar el estudio correspondiente a fin de acreditar por qué se considera improcedente el estudio de fondo respecto del acto reclamado en este juicio constitucional. De las constancias que obran en autos del juicio de amparo 940/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte lo siguiente: - El mencionado juicio de amparo indirecto 940/2018 fue promovido por Julián Gordillo Bernardo, contra el acto reclamado consistente en la denegación de justicia por parte de la responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, relativa a la falta de omisión de dictar el auto de ejecución y embargo, en autos del expediente 80/2015. - En dicho amparo se señaló como responsables al Presidente por sí y como representante, de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. - Por resolución de diez de septiembre de dos mil dieciocho, se determinó sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, toda vez que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, autoridad responsable adjuntó a su informe con justificación, la omisión de dictar el auto de ejecución y embargo, en autos del expediente 80/2015, dando contestación al memorial de la parte aquí quejosa de fecha veintinueve de agosto del año inmediato anterior. Ahora bien, de las constancias que obran en el sumario que ahora se resuelve se advierte lo siguiente: - El presente juicio de amparo indirecto fue promovido también por Julián Gordillo Bernardo, contra el acto reclamado consistente en la omisión de la responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, de no realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo el auto de requerimiento de embargo y/o ejecución a fin de requerir de pago a los terceros interesados, en el juicio laboral 80/2015. - En este juicio de amparo, también se señaló como responsables al Presidente por sí y como representante, de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. De lo anterior se sigue que existe identidad de la parte quejosa, autoridades responsables y acto reclamado, porque ambos juicios de amparo indirecto fueron promovidos por Julián Gordillo Bernardo, contra el Presidente por sí y como representante, de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, respecto de la omisión de realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo el auto de requerimiento de embargo y/o ejecución a fin de requerir de pago a los terceros interesados, en el juicio laboral 80/2015. Por tanto, se considera que el primer requisito para acreditar la cosa juzgada se encuentra colmado. Ahora bien, a fin de acreditar que las razones que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo provocaron la inejercibilidad de la acción de amparo de modo absoluto, debe tenerse en cuanta lo siguiente: En autos del juicio de amparo 940/2018, del índice de este Juzgado, y de las constancias que integran el mismo, se advierte, que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dio contestación al memorial de fecha doce de marzo del año dos mil dieciocho, y con fecha veintinueve de agosto de la referida anualidad, despachó exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo para su correspondiente diligenciación, ordenando se requiriera de pago a la demandada en el procedimiento de origen. Es por lo anterior, que al reclamar en este asunto, la misma omisión a la responsable, sin haber formulado nueva solicitud de requerimiento de pago a la demandada, es que, dicho sobreseimiento provoca la inejercitabilidad del juicio de amparo, máxime que como ya se señaló en líneas precedentes, el exhorto que libró la junta local derivado de la emisión del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, y cuya omisión de diligenciar reclamó el quejoso de igual modo en esta vía, ha cesado sus efectos, como se acreditó en este acuerdo. Razones por las cuales el suscrito considera que se actualiza el segundo requisito necesario para decretar la actualización de la cosa juzgada respecto del acto reclamado en este juicio con la consciencia de que deba sobreseerse en el mismo con fundamento en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.5º.T1K (10ª) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, pertenenciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y con número de registro 2016156, que a la letra dice: COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EN UN JUICIO PREVIO, EN EL QUE SE IMPUGNÓ UN ACTO OMISIVO, SE SOBRESEYÓ POR NO ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO, AL NO APORTARSE PRUEBAS PARA ELLO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aisladas 1a. XCV/2016 (10a.), de título y subtítulo: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA." y 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de rubro: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", indicó que el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un amparo previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; que por regla general, esa figura se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, y excepcionalmente en casos de desechamiento de la demanda o sobreseimiento en el juicio, siempre que esa determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto o de manera insuperable (inatacabilidad del acto reclamado). Por otra parte, acorde con los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, el interés jurídico constituye un presupuesto de la acción de amparo contra actos/resoluciones que derivan de la actuación de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Así, en términos del artículo 61, fracción XII, de la ley citada, la improcedencia del juicio por falta de interés jurídico puede obedecer a: 1. Ausencia de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley o inexistencia de agravio personal y directo porque el acto reclamado no incide en la esfera jurídica de la quejosa; o, 2. Imposibilidad para determinar si el acto reclamado afecta la esfera jurídica de la quejosa, ya sea por: a) Insuficiencia o falta de idoneidad de las pruebas aportadas para acreditar el interés jurídico; o, b) Ausencia de pruebas al no haber allegado alguna para acreditarlo. De lo anterior, se concluye que cualquiera de los primeros tres supuestos (falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley, ausencia de agravio personal y directo, o falta de idoneidad de pruebas concretas) constituyen razones que hacen inejercitable la acción de amparo por falta de interés jurídico, e impiden promover un nuevo amparo contra el mismo acto de autoridad por existir cosa juzgada, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, aludido, debido a que ya existe un pronunciamiento jurisdiccional sobre ese tema concreto; sin embargo, esa causa de improcedencia no se actualiza en el último de los supuestos, esto es, cuando se sobresee en el juicio por no acreditar el interés jurídico, al no aportar pruebas para ello, lo que se considera así en atención a que esa determinación de sobreseimiento no contiene un pronunciamiento en cuanto a la inexistencia del derecho subjetivo tutelado en la ley, o de agravio en su esfera jurídica, o por insuficiencia probatoria de ciertas pruebas en específico; de ahí que proceda un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto reclamado y autoridades responsables, cuando no exista plazo para promover juicio de amparo por tratarse de un acto omisivo el que se impugna y el sobreseimiento obedeció a la falta de interés jurídico determinada ante la ausencia de medios probatorios que acreditaran sus elementos (titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley y existencia de agravio personal y directo). Sobreseimiento que impide al suscrito pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas dentro de los conceptos de violación hechos valer por el peticionario del amparo. Por lo anterior queda sin efecto la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    III. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, y siendo que hasta la presente fecha las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y su Presidente, ambos del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca; no han rendido sus correspondientes informes justificados, ni obran en autos la tarjeta de acuse de recibo de los oficios con el cual se les solicitó que lo rindieran; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe

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