Julián Gómez Benitez
Expediente 2541/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2541/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Julián Gómez Benitez
Actuaciones
- Principal
MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, autoridad responsable mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.
- Principal
mesa 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. TERCEROS INTERESADOS Ahora, en el caso no se ordena emplazar a la parte tercero interesada que señala la parte quej osa, porque aun cuando sea su contraparte en el juicio natural, no tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que éste es una omisión. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA DELEGADA Y AUTORIZADA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO LOS ACUERDOS DE NUEVE Y TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. FOLIO 17408 Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ****, mediante el cual informa que fue parte de los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, requeridos en el cumplimiento del fallo protector concedido en el presente asunto en su carácter de Directora de Administración; asimismo, que con motivo de su renuncia causó baja de dicho ayuntamiento, a partir del dieciséis de febrero del presente año, por lo que anexa las documentales respectivas que acreditan su dicho. Asimismo, señala como domicilio para citas y notificaciones el ubicado en ******. Ahora, de dichos anexos, se advierte que ******, es quien actualmente funge como Director de Administración al servicio de dicho cabildo. De lo antes expuesto este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento a la ocursante de cuenta que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte y 198 penúltimo y último párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, mismos que a la letra dicen: Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. [.] Artículo 198. [.] Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria. En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior. [.] Finalmente, de la certificación de cuenta se desprende que se encuentra en vías de notificación el oficio girado al tribunal responsable; por lo anterior, se reserva hacer requerimiento alguno hasta en tanto dé cumplimiento a lo solicitado o una vez fenecido el término concedido acuérdese lo que en derecho corresponda. ".VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. EFECTOS DE LA SENTENCIA Por sentencia de veinte de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa PEDRO RAMÓN ACOPA CASANOVA, NATIVIDAD PEREGRINO GONZÁLEZ y HERMINIO DÍAZ JIMÉNEZ, para los efectos siguientes: ? Realizar con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trámites conducentes y hacer uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 18/2002 de su índice, adoptando para ello las medidas necesarias y eficaces en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. Resolución que no fue recurrida por las partes, y por ello, causó ejecutoria mediante proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve. De autos se desprende que a los quejosos PEDRO RAMÓN ACOPA CASANOVA, NATIVIDAD PEREGRINO GONZÁLEZ y HERMINIO DÍAZ JIMÉNEZ, se les realizó el pago total de la suma condenada en el laudo respectivo, tal como se desprende de las constancias que obran a fojas 246 a 250. Atento a ello, se dio vista a la parte quejosa en relación a dichas constancias y con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, se determinó no declarar cumplido el fallo protector, ya que si bien, se habría realizado el pago total de la suma adeudada a cada uno de los quejosos de mérito, dicha autoridad municipal no acreditó haber cumplido con las demás prestaciones que de igual forma fueron materia de la condena (fojas 293 a 296), como son: Reconocimiento de los quejosos PEDRO RAMÓN ACOPA CASANOVA, NATIVIDAD PEREGRINO GONZÁLEZ y HERMINIO DÍAZ JIMÉNEZ, como trabajadores de base. Constancias de Inscripción al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Constancia de pago de las aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Otorgamiento de seguro de vida de amplia cobertura. Constancia de entrega de cuatro uniformes por año. Por auto de veintiuno de septiembre del presente año, se tuvo al tribunal responsable, remitiendo copia certificada del proveído emitido en el sumario laboral, en el que el ayuntamiento constitucional vinculado, exhibió las pólizas de seguro de vida vigente a nombre de los quejosos NATIVIDAD PEREGRINO GONZALEZ, PEDRO RAMÓN ACOPA y HERMINIO DIAZ JIMÉNEZ, acreditando el otorgamiento de dicho seguro, y uno de los efectos del fallo otorgado. FOLIO 17570 Luego, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Ady Daniela García de la Cruz, Delegada representante del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de trece de octubre actual, remite copia certificada de las constancias relativas a las gestiones realizadas para cumplir con el fallo protector: a) Oficio DAM/708/2023, de dieciocho de octubre del presente año, signado por el Director de Administración, en el que requiere al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el procedimiento a seguir para el reconocimiento de antigüedad y entrega de aportaciones a los aquí quejosos NATIVIDAD PEREGRINO GONZALEZ, PEDRO RAMÓN ACOPA y HERMINIO DIAZ JIMÉNEZ. b) Oficio DAM/768/2023, de seis de noviembre del presente año, por el cual el Director de Administración, remite al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, veintinueve nombramientos entre los que destacan los de los quejosos citados. c) Respecto de la entrega de uniforme informa que en un convenio entre el Sindicato y la entidad demandada, acordaron que la dotación de uniformes se realizará en la primera quince de diciembre de cada año. De lo anterior se toma conocimiento y se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento en términos de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, se les tiene cumpliendo con el requerimiento realizado el trece de octubre pasado, por lo que se dejan sin efectos el requerimiento y apercibimiento decretados en el mismo, respecto de dicha municipalidad. REQUERIMIENTO AL AYUNTAMIENTO RESPONSABLE. En consecuencia de lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192 y 193, requiérase a los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, por conducto de su delegada ******, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de su notificación: * Remita las constancias de las cuales se desprenda del seguimiento a los trámites solicitados a través de los oficios DAM/708/2023 y DAM/768/2023, dirigidos al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, a fin de que se realicen los trámites de reconocimiento de antigüedad y pago de aportaciones a los quejosos ******. * Remita las constancias de las cuales se advierta la continuación de los trámites para que se realice el reconocimiento de los quejosos como trabajadores de base. Asimismo, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del quince de diciembre del presente año, fecha en que se acordó la entrega de la dotación de uniformes en favor de los trabajadores de ese ayuntamiento, cada año, remita: * Copia certificada de las constancias con las que se acredite la entrega de dichos uniformes a los quejosos ****. *De ser el caso, manifieste la imposibilidad que tengan para dar cumplimiento a lo antes solicitado. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD REQUERIDA Apercibiendo a los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, y a la delegada *****, que de no hacerlo así sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se le impondrá una multa en lo individual de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $*******, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés. En la inteligencia de que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la sanción referida se debe imponer al titular, es decir a la persona física que ejerce el cargo de la autoridad requerida. Cabe resaltar que si al momento de recibirse el requerimiento respectivo, el ayuntamiento vinculado se encuentra integrado por persona distinta a la antes referida, será su sustituto quien deberá cumplir con el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entenderá dirigido a él. De la misma manera, infórmese a dicha autoridad que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis 2a. VIII/2014 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1520, intitulada "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS". Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". EFECTIVO APERCIBIENTO DE MULTA AL ISSET POR INCUMPLIMIENTO Por otra parte, de autos se desprende que por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintitrés, se requirió al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del oficio 34237/2023, para que en TRES DÍAS HÁBILES: ******* Sin que en el caso cumpliera con dicho requerimiento, no obstante de encontrarse notificado desde el veinticinco de octubre del presente año; en consecuencia, al encontrarse manifiesta la resistencia de la autoridad responsable a dar cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DE MULTA, decretado en proveído de trece de octubre del año en curso y se impone a ******, Encargado del Despacho del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, MULTA de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de *******, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés. RESERVA Ahora, se reserva girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Tabasco "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Tabasco, para el respectivo cobro de la multa impuesta, hasta en tanto quede firme el presente acuerdo. REQUERIMIENTO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 193, 258 en relación con los arábigos 238 y 239 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo: a) ******* Para lo anterior se le hace de su conocimiento los datos proporcionados por la autoridad municipal respecto de los quejosos referidos: ? ******* Por lo antes expuesto, se apercibe a la autoridad requerida que de no hacerlo así sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Décimo Circuito en turno, para seguir el TRÁMITE DE INEJECUCIÓN, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Cabe resaltar que si al momento de recibirse el requerimiento respectivo, la autoridad responsable encuentra integrada por persona distinta a la que actualmente ocupa el cargo, será su sustituto quien deberá cumplir con el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entenderá dirigido a éste. De la misma manera, infórmese a la responsable que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte de la Ley de Amparo, el titular requerido seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo; y que también es responsable en los términos indicados la persona física que ocupe el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. En la inteligencia de que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tal sanción se debe imponer al titular, es decir a la persona física que ejerce el cargo del órgano responsable. Sirve de apoyo a la anterior, la jurisprudencia VI.2o.T. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo IV, página 2579, Décima Época, registro 2008044, de rubro y texto siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria". Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 107/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, agosto de 2022, Tomo III, página 2494, Undécima Época, registro 2025144, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. De igual manera, la jurisprudencia P./J.56/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 13, Décima Época, registro 2007915, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo". Así también, la tesis P. VIII/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 223, Décima Época, registro 2005880, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL HECHO DE QUE LO HAYA LLEVADO A CABO EL NUEVO TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO EXIME DE RESPONSABILIDADES AL ANTERIOR QUE INEXCUSABLEMENTE DESACATÓ EL FALLO. El artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé consecuencias de naturaleza excepcional para el servidor público que incumpla una ejecutoria emitida en un juicio de amparo, consistentes en la separación de su cargo así como su consignación ante el Juez de Distrito para que sea juzgado por la desobediencia cometida conforme a lo previsto en la ley penal aplicable en materia federal. Ahora bien, el hecho de que el nuevo titular de la autoridad responsable acredite haber dado cumplimiento al fallo protector, no implica que se condone la contumacia del anterior titular que inexcusablemente entorpeció o retardó el acatamiento de la sentencia de amparo -esto es, aquel cuya conducta revele la intención de eludir dicho cumplimiento-, ni que se le exima de responsabilidades ante el correcto actuar de quien lo relevó en el cargo, pues el efecto de ese cumplimiento se limita únicamente a que no se aplique a éste lo señalado en el citado precepto constitucional. Esto es así, ya que la finalidad de las sanciones aludidas en el referido precepto no es sólo punitiva, sino además, ejemplar y preventiva, por lo que no es dable que queden impunes las conductas de los anteriores servidores públicos tendientes a evadir el debido acatamiento a tales sentencias. Admitir lo contrario, implicaría burlar el riguroso sistema que la Constitución General y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, lo que explica que cuando el titular de una autoridad, cualquiera que sea, haya desacatado una sentencia de amparo, proceda consignarla ante el Juez respectivo para que sea sancionada, independientemente de que ya no ocupe el cargo y de que quien lo suceda cumpla el fallo protector. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Atendiendo a que el cumplimiento de las sentencias de amparo debe ser total, y a los principios de exhaustividad y congruencia, de conformidad con la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 649, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se cita en lo conducente, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". También sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 144, Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo". Finalmente, se reserva requerir al Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco, en virtud de encontrarse transcurriendo diverso requerimiento, tal como se desprende de la certificación de cuenta; por lo anterior, se está a la espera de las constancias que remita, o en su caso, en un término prudente acuérdese lo que en derecho corresponda. Notifíquese y personalmente a la Delegada y autorizada del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco. *
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- Julián Montejo Broca1172/2021
- Julián Montejo Broca2203/2022
- Julian Montero Broca708/2018
- Julian Monterosas Monterosas47/2019
- Julian Niorge Drullet Larrondo751/2022