Julian Echavarria Flores

Expediente 978/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
978/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Julian Echavarria Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ********************, no interpusieron el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el nueve de agosto del año en curso (fojas 15 a 22), en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por la parte agraviada, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signada por ********************, a través del cual comparecen ante este órgano de control constitucional solicitando la protección de la Justicia Federal, contra de los actos y autoridades que ahí mencionan; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 978/2023-I, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este Tribunal. Ahora bien, de la lectura integral de dicho libelo, este juzgador advierte que es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, el que en su parte conducente dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el juez de Distrito podrá decretar el desechamiento de una demanda de amparo siempre y cuando encuentre que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; así, los conceptos "manifiesto" e "indudable", el Diccionario de la Real Academia Española los define de la siguiente manera: "Manifiesto. Adj. Descubierto, patente, claro." "Indudable. 1. adj. Que no se puede poner en duda. 2. adj. evidente (claro, patente)." De las citadas definiciones se infiere, que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables, las siguientes: Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, actualmente Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas; y, Coordinador de la Central de Actuario adscrito del Cuarto Distrito Judicial. Todos con asentamiento en esta ciudad. Asimismo, como actos reclamados: "C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, actualmente Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas se reclama el ilegal emplazamiento y/o falta de emplazamiento realizado a los suscritos quejosos dentro del juicio Reinvindicatorio, con número de expediente 755/1995 promovido por los señores ANTONIO ZAMORA AMAYA MARÍA DEL SOCORRO RODRIGUEZ, pues nunca fuimos notificados en forma personal según lo establecido dentro de la normativa legal, para que en su momento oportuno haber comparecido a deducir los derechos que nos correspondía dentro del juicio, tramitándose dicho juicio a nuestras espaldas sin darnos la oportunidad de haber sido oídos y vencidos en juicio, por lo que al dictarse la sentencia todo lo demás actuado dentro del expediente nos dejaron en un total de indefensión originando que tales mandamientos transgredieran gravemente nuestros derechos humanos fundamentales, las garantías individuales de audiencia, de defensa, de seguridad, certeza jurídica y de la exacta aplicación de la ley que protegen los artículos 14 y 16 de la Constitución. Razón por el cual comparecemos a demandar el Amparo y Protección de la Justicia Federal"(sic). Mientras que, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, se dijo la fecha de conocimiento de los actos: "PRIMERO.- (.). TERCERO.- En fecha 1 de junio de 2023 solicite al Instituto Registral Catastral de Estado me expidiera copia certificada del oficio número 990/995 dictado dentro del expediente 755/995, del Juzgado Primero Civil del Quinto Distrito Judicial de fecha 24 de agosto de 1995 el cual quedo registrado los siguientes datos número 4853, legajo 98, sección IV, y en fecha 12 de junio de 2023 se me expidió copia certificada de dicho oficio en donde nos pudimos percatar que los señores ANTONIO ZAMORA AMAYA MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ habían acudido a demandar de los suscritos quejosos el juicio reivindicatorio del inmueble de nuestra propiedad, sin que nos hayan emplazado a juicio. Como lo acreditamos con la documental consistente con la copia certificada del referido oficio."(sic. Lo marcado con negrita es por parte de este órgano de control constitucional). Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de derechos fundamentales que se intenta, como ya se dijo es notoriamente improcedente, por lo que debe desecharse, en atención a las siguientes consideraciones. En el caso, la parte quejosa se duele en esencia en la violación en su perjuicio del derecho humano de garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la relación jurídica del juicio ordinario civil sobre nulidad del contrato de compraventa y cancelación de su inscripción en el registro público de la propiedad, así como la reivindicación del inmueble número 755/1995, del índice del juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, actualmente Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con asentamiento en esta ciudad, así como la ejecución ordenada en el mismo. Esto es, ********************, se duelen de la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil sobre nulidad del contrato de compraventa y cancelación de su inscripción en el registro público de la propiedad, así como la reivindicación del inmueble; acto que puede ser definido como aquél en el que el juzgador da a conocer a una persona la admisión de una demanda enderezada en su contra y le concede un plazo para que pueda contestarla, de tal manera que sólo puede ser referido a la contraparte del actor; es decir, al demandado. Al respecto, los dolientes en el presente asunto, como se adelantó, aducen esencialmente y bajo protesta de decir verdad, que dentro del juicio ordinario civil sobre nulidad del contrato de compraventa y cancelación de su inscripción en el registro público de la propiedad, así como la reivindicación del inmueble promovido por Antonio Zamora Amaya y María del Socorro Rodríguez, se les pretende molestar en la posesión y propiedad de un predio sin haber tenido la oportunidad de defenderse, violándose con ello el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la legislación de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". La interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio biinstancial, relativo a la presentación de la demanda, puesto que se entiende que un acto es consentido tácitamente por la parte quejosa, cuando no se promueve dentro del plazo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso en particular, la tesis aislada del rubro y texto: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En este orden de ideas, el artículo 17 antes transcrito, prevé que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el término para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter heteroaplicativo. Entonces, de no instaurarse el juicio biinstancial dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Cabe precisar que, en ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008, estableció que para poder tener consentido el acto reclamado, debe de existir en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado, lo que fue divulgado a través de la jurisprudencia 115/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la legislación de la materia, toda vez que el acto en estudio no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, es importante destacar que los actos reclamados por los promoventes, consisten en esencia en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil sobre nulidad del contrato de compraventa y cancelación de su inscripción en el registro público de la propiedad, así como la reivindicación del inmueble número 755/1995, del índice del juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, actualmente Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con asentamiento en esta ciudad y como consecuencia de esa irregularidad, también reclama todos los autos, decretos, resoluciones, así como la sentencia o sentencias interlocutorias y definitivas dictados dentro de dicho cuaderno; circunstancia que tuvieron conocimiento el uno de junio de dos mil veintitrés, tal y como lo manifestaron en su tercer punto del capítulo de antecedentes; por lo que es evidente que en esa fecha lo conocieron de manera personal. De ahí que, lo procedente para el caso sometido a la potestad de este Tribunal, es que debe de tenerse como fecha de notificación personal de los actos reclamados por los promoventes, la de uno de junio del año en curso; y como consecuencia, aquella en que tuvieron conocimiento de tal determinación dentro del juicio de origen 755/1995. Luego entonces, con base en los motivos expuestos, es de considerarse que la notificación practicada a los quejosos, la que surtió efectos el día dos de junio de dos mil veintitrés; por ello, el plazo de quince días para interponer la demanda de amparo, les transcurrió del cinco al veintitrés de junio del año que transcurre. En apoyo de lo expuesto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 18/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, que aparece publicada en la página 243, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por "el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones", toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". De ahí que, la referida temporalidad de quince días para la promoción del juicio de amparo, prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del cinco al veintitrés de junio del año que transcurre, descontando de dicho cómputo los días diez, once, diecisiete y dieciocho de junio de la presente anualidad, ya que al ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la mencionada legislación. Luego entonces, resulta evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa se realizó fuera del término que al efecto prevé el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se hizo el ocho de agosto de dos mil veintitrés, según se desprende del sello de la Oficialía de Partes de este órgano de control constitucional, inserto en la primera hoja del escrito génesis de este expediente. Por tanto, si los quejosos no ejercieron en el término legal estipulado para ello, la acción de amparo respecto de los actos reclamados que se analiza, es evidente que lo consintieron tácitamente; en esas condiciones procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo por resultar extemporánea, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 de la ley de la materia. Téngase a la parte agraviada señalando como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Felipe Barajas Rizo, Norma Ausencia Contreras Castro y Miguel Ángel Villavicencio Cano, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, bajo los números de registro 28014, 96811 y 85109, de los cuales se anexan copias simples para los efectos legales a que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    I...hago constar: que notifico a la parte quejosa, el proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio de amparo 978/2023-I, por medio de lista, como lo establece el artículo 27, inciso b) y c) y 29 ambos de la Ley de Amparo, en virtud de no haber acudido a este órgano jurisdiccional a recibir la notificación de referencia de manera personal.

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