Julián Danisai López Martínez

Expediente 1831/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1831/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Julián Danisai López Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Julián Danisai López Martínez, contra actos que atribuye al juez calificador del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, y otras autoridades. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con cuarenta y un minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dichos informes copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se les reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá a la omisa en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe con justificación, comuniquen si el quejoso ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o haya cesado el efecto del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la legislación reglamentaria. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Representación social de la adscripción. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete. 10. Terceros interesados. Debido a la naturaleza de los actos reclamados no existen terceros interesados en el presente juicio de amparo. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se solicita a las autoridades responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se le tiene al quejoso proporcionando como medio de comunicación no procesal, el correo electrónico que refiere. 12. Incidente de suspensión. Tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado. 13. Domicilio. Téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 14. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 15. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico al quejoso, con nombre de usuario "********************", para el efecto de su consulta. 16. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. 17. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 18. Comunicación a las responsables de cuales resoluciones se les notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10ª), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 19. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 20. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 21. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 22. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 23. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 24. Copias de constancias del expediente electrónico. Conforme a lo previsto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción, por oficio a las autoridades responsables y por lista al quejoso. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    ********************2. Fecha de la audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia incidental. ********************3. Informe previo. Pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que reciban el oficio de notificación correspondiente; enviándoles para ese efecto, copia simple de la demanda de amparo. ********************Apercíbaseles que, en caso de no hacerlo dentro del lapso señalado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 142 y 260, fracción I, de la ley de la materia, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se presumirán cierto los actos que se les atribuyen y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización.********************4. Precisión de los actos reclamados. En principio se destaca que el quejoso reclama lo siguiente: ********************Al oficial de Policía Julio Octavio García, adscrito al Departamento de Tránsito Municipal de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal:********************?La boleta de infracción IS334498 de dieciocho de noviembre de dos mil veintitrés. ********************?La sanción económica impuesta al quejoso por el monto de $10,374.00, moneda nacional, en relación con la boleta de infracción IS334498 de dieciocho de noviembre de dos mil veintitrés. ********************Al Juez Calificador del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, adscrito al Dispositivo Preventivo de Alcoholemia Coordinación de Jueces Calificadores:********************?Las actuaciones del procedimiento administrativo de calificación e infracción a la Ley de Tránsito en el Estado de Sonora e individualización de la sanción********************? La sanción económica impuesta al quejoso por el monto de $10,374.00, moneda nacional, en relación con la boleta de infracción IS334498 de dieciocho de noviembre de dos mil veintitrés. ********************A la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo: ********************? El cobro de la boleta de infracción de folio IS334498 de dieciocho de noviembre de dos mil veintitrés, por la cantidad de $10,374.00, moneda nacional, y el certificado médico por la cantidad de $207.00, moneda nacional, por parte de la Tesorería del Ayuntamiento de Hermosillo, pagos efectuados el ********************. ********************Asimismo, solicita la suspensión de dichos actos, para efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo del que emana el presente incidente.********************5. Suspensión provisional. Ahora, a fin de determinar sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, resulta pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.), fijó importante criterio respecto de la técnica que debe seguir el juzgador para el estudio de la suspensión del acto reclamado. ********************En efecto, señaló que el análisis de la concesión de la medida cautelar, debe realizarse conforme al orden lógico siguiente: ********************a) Expresamente la solicite el quejoso; ********************b) Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; ********************c) Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; ********************d) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo y; ********************e) Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho.********************Requisitos que siempre deben concurrir en su totalidad para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, pues de no satisfacerse alguno de ellos, haría jurídicamente imposible la concesión de la referida medida cautelar.********************Así las cosas, se advierte, que en el caso paticular los actos reclamados no son susceptibles de ser suspendidos. Se explica:********************Por lo que refiere a los actos del oficial de agente de policía, estos se circunscriben a actuaciones sin ejecución atribuible a esa autoridad, ya que tanto la boleta, como la sanción de las que se duele, no las hace efectiva dicha autoridad. ********************Abunda a lo anterior, la tesis IV.3o.A.9 K, que establece:********************"ACTOS DECLARATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. No procede conceder la suspensión contra el acto reclamado en el juicio de amparo, si éste reviste el carácter de positivo con efectos meramente declarativos, sin actos de ejecución atribuibles a la autoridad que los emitió, como en el caso de que la responsable al dar contestación a una petición se constriña a informar al particular la instancia a que debe acudir para realizar la gestión que requiere, pues en ese supuesto las consecuencias de tal acto se reflejarán en la conducta que a posteriori despliegue el particular al acudir o no ante la instancia que se le informó es competente para decidir sobre su solicitud, pero éstas de ninguna forma serían imputables a la autoridad que emitió el acto reclamado." ******************** Por otro lado, en cuanto a los actos reclamados al juez calificador, si bien, bajo la apariencia del buen derecho, este juzgador, para determinar respecto de su certeza, debe atenderse a las propias manifestaciones del quejoso realizadas bajo protesta de decir verdad, esto son los únicos elementos con los que cuenta el juez para resolver sobre la solicitud de concesión. ********************Y a pesar de que el accionante de tutela constitucional no refiera con certeza si se inició o no el procedimiento administrativo, lo cierto es que no es factible suspender su prosecución y conceder la medida cautelar para que queden las cosas en el estado que guardan.********************Ya que, cualquier procedimiento jurisdiccional resulta ser de orden público.********************Si bien, el orden público resulta ser un concepto jurídico abstracto, es decir, de imposible definición general, lo cierto es que este se circunscribirá dependiendo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración.********************En el caso, este operador jurídico, atiende que para el desarrollo de una sociedad donde se garantice la gobernabilidad y la paz, la garantía constitucional de acceso y preservación de la justicia, el cual se materializa en los procesos judiciales, es indispensable su cuidado y promoción.********************Razonamiento que no se sustenta en meras apreciaciones de este juzgador, sino en garantías contenidas en el artículo 17 constitucional, lo cual, restringirla, se interpretaría como una afectación a la comunidad.********************Resulta ilustrativa la tesis I.3o.A. J/16, que señala:********************"SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." - Lo resaltado es de este Juzgado -.********************Por último, lo concerniente al acto reclamado a Tesorería Municipal, no puede suspenderse el cobro de una infracción que fue autoliquidado.********************Ello con independencia de que dicha autoridad goza de la posibilidad de instaurar un procedimiento administrativo de ejecución, que se traduce en medios coactivos para obligar al pago de la multicitada boleta y/o sanción.********************Empero, tal circunstancia ya no se efectuará, en razón de que fue acreditado el interés fiscal ante dicha autoridad exactora, tal cual se dilucida en las documentales anexas a su escrito inicial de demanda, en lo que interesa, el recibo de pago con folio ********************, de la estadística del Ayuntamiento responsable.********************Así las cosas, el quejoso no corre el riesgo de que se le cobre o haga efectiva una boleta o infracción que ya fue pagada, por lo que resulta inoficiosa la concesión de la medida cautelar provisional solicitada ante un acto que a la fecha ha sido ejecutado.********************Lo anterior, de conformidad a los efectos por los que fue solicitada la suspensión en estudio.********************Por las relatadas consideraciones, se niega la suspensión provisional peticionada. ********************Notifíquese; por oficio a las responsables y personalmente al quejoso.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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