Julián Catelán Méndez

Expediente 1001/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1001/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
19/01/2018

Partes del expediente

  • Julián Catelán Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA V. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución de veintiséis de diciembre del año en curso (fojas 114 a 119), que negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvase al Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, el Tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional.

  2. Incidental

    MESA V. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional, así como la definitiva en parte; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓND E VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE...SEGUNDO. SE ORDENA LA CAPTURA DE LA SENTENCIA EN EL SISE...

  4. Incidental

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE,EL AUTO DE CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el quejoso Julián Castelán Méndez no ha comparecido con la finalidad de cumplir con uno de los requisitos impuestos en interlocutoria de veintiocho de noviembre del año en curso (fojas 44 a 46), emitida por el Juez Décimo Tercero homólogo. Ahora bien, el numeral 150 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." Por su parte, el artículo 136 del ordenamiento legal antes citado, en su primer párrafo establece: "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." De los artículos transcritos, se advierte que el juez de Distrito, goza de la más amplia facultad para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión y el acto reclamado se hace consistir en una orden de aprehensión, aunado a que conforme al ordinal 128 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el procedimiento, por tratarse de orden público, no es susceptible de suspenderse; asimismo, que dicha medida tiene como finalidad que el impetrante de garantía sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo y para que no se sustraiga a la acción de la justicia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintiséis, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." De igual manera en la jurisprudencia 4/96, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos setenta y dos, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN. ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. De acuerdo con el contenido de los artículos 124, fracción II, 136 y 138 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito tienen amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que juzguen convenientes a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia ni se suspenda el procedimiento de tipo judicial, cuando se reclame una orden de aprehensión o cualquier acto que restrinja la libertad personal, por lo cual el Juez Federal al conceder la suspensión proveerá que el quejoso quede a su disposición en cuanto se refiere a su citada libertad, de la cual no puede ser privado, pero como medida de aseguramiento, para garantizarla, al conceder ésta se condiciona al otorgamiento adicional de una caución y a que comparezca ante el Juez de la causa dentro del plazo respectivo a fin de sujetarse al procedimiento, pues la sociedad está interesada en que no se entorpezca." En consecuencia, y en virtud de que el peticionario de amparo Julián Castelán Méndez, no se presentó ante el juez responsable para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva, se hace efectivo el apercibimiento decretado en interlocutoria de veintiocho de noviembre del año en curso (fojas 44 a 46), emitida por el Juez Décimo Tercero homólogo, y con fundamento en los artículos 150 y 136, ambos de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida, encontrándose expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto que se le reclama, lo que se deberá hacer de su conocimiento, para los efectos legales correspondientes. "

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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