Julián Bonilla Gutiérrez
Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julián Bonilla Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Julián Bonilla Gutiérrez, contra actos del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León, Guanajuato, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 521/2022-V y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desprende de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; toda vez que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal. Por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, también se consideran como autoridades responsables a aquellos particulares que realicen actos similares a los de las autoridades -ya relatados-; lo anterior, siempre que su actuar esté debidamente reglamentado en algún ordenamiento legal vigente. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Por ello, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. I. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado - civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. II. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales (derechos humanos). La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales; los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y, los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional por medio del juicio de amparo. III. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Así, en la demanda de cuenta, el quejoso reclama del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León, Guanajuato, la falta de respuesta a la petición formulada por escrito recibido el cinco de abril de dos mil veintidós (mediante el cual el quejoso, solicita el pago y la entrega de las cuotas extraordinarias y sus correspondientes actualizaciones a razón de $435,344.08 (cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 08/100 M.N.), o bien el pago de la cantidad que corresponda al 100% de un día de salario de todos y cada uno de los agremiados al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUAS E INDUSTRIAS CONEXAS DE LEÓN, GTO. Así como el pago del interés legal a razón del 6% anual computado desde que legalmente la hoy denominada autoridad responsable debió realizarle la entrega de dichas cantidades reclamadas). Pues bien, como quedó precisado, para que un acto pueda considerarse como de autoridad para efectos del amparo, son requisitos indispensables que el acto surja dentro de una relación de supra a subordinación entablada entre el ente de hecho o de derecho con el particular que se dice afectado y que dicha relación tenga su nacimiento en la ley, de forma tal que el referido ente se encuentre dotado de una facultad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Dichas características están ausentes en el acto que aquí se tilda de inconstitucional, ya que la omisión atribuida a la autoridad señalada como responsable se dio dentro de una relación de coordinación que no tuvo su nacimiento en ley, pues reconocen como su origen una relación de naturaleza laboral, de ahí que no puede considerarse que el ente al que se atribuye estuviera dotado de una facultad administrativa cuyo ejercicio era irrenunciable. En efecto, la omisión de que dice ser o haber sido objeto el quejoso ocurrió dentro del contexto de la relación laboral que se genera por el vínculo jurídico entre agremiado-sindicato, en la que ambos actúan en un mismo plano, es decir, perteneciente a la categoría de las relaciones de coordinación. En conclusión, el acto reclamado carece de las notas características de aquellos que se consideran como de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que el procedimiento de derechos fundamentales que en su contra se intenta resulta notoriamente improcedente. De ahí que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano el libelo constitucional. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Hidalgo, número 212 interior 307, de la Zona Centro de esta ciudad. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA CONSULTAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Asimismo, como lo solicita, se autoriza al usuario "DAVIDN.LIRA", para que realice la consulta del expediente electrónico a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en los términos amplios a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Emma Noemí García Martínez y David Núñez Lira, pues demuestran estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, ya que tienen registradas las cédulas profesionales números 7139225 y 7139164, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juana Fabiola Hernández Arredondo, por no contar con el citado registro. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalando su usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma, las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquéllas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través del uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), ampliaciones de demanda, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones que se ordenen de manera personal durante la substanciación del procedimiento, deberán desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
LA SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia por la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de control constitucional; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia********************Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido.********************VALORACIÓN DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados.
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