Julián Bernardino Santiago Salazar y Otros.
Expediente 454/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 128 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 128
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Agente Municipal de los Tejocotes, perteneciente al Municipio de San Juan Mixtepec, Distrito Judicial de Juxtlahuaca, Oaxaca
- Julián Bernardino Santiago Salazar y Otros.
- Julián Bernardino Santiago Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 128.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto por el que se declaró que no existe materia para la ejecución del fallo protector, por imposibilidad legal para ejecutarla; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio de la Secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, por el que remite la constancia recabada al hacer entrega de los oficios "".......""" a las autoridades responsables, por el que se hizo de su conocimiento el contenido del auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, se tiene por notificadas a las autoridades responsables de tal acuerdo, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Aclaraciones y Registros Extemporáneos del Registro Civil en Oaxaca, por el que en atención al requerimiento de veintinueve de octubre del actual, remite copia certificada del acta de defunción del quejoso ....; para que surta sus efectos legales correspondientes. En consecuencia, se procede a analizar las manifestaciones que realizó la responsable Presidente Municipal de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, por las que informó la imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo. De entrada, cabe destacar que en sentencia engrosada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo -que en su oportunidad causó ejecutoria-, para efectos de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: Agente Municipal y Presidente Municipal responsables, se abstengan de aplicar en contra del quejoso la pena de destierro o expulsión de la comunidad de Los Tejocotes, San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, y/o cualquier otra sin importar su denominación que tenga el mismo efecto; así como se abstengan de desposeerlo de su parcela comunal y excluirlo del padrón general de comuneros, medidas que no proceden por ningún motivo, al considerar que son inconstitucionales en sí mismas. Con motivo de ello, el Agente Municipal y la Alcalde Primera de la Comunidad de los Tejocotes, Municipio de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, informaron que no tenían ninguna queja o problema con el quejoso en el caso de despojo o expulsión, así como que en ningún momento han intervenido en favor o en contra del quejoso y su familia para su expulsión de sus propiedades. Posteriormente, en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente Municipal de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, solicitando copia autorizada del auto admisorio, de la sentencia dictada en autos y del proveído por el que se tuvo por ejecutoriada la sentencia, para que estuviera en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada a favor del quejoso ".......""""". Ahora bien, los artículos 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 196. (.) Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Del contenido de dichos preceptos legales se aprecia que la ley prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico o material para el cumplimiento de una sentencia de amparo, que son: La imposibilidad material o jurídica, y La inexistencia de materia para su ejecución. Con relación a la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia "......."""""", en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Precisó que el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Por otra parte, puntualizó que el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos propios de la ejecutoria, lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original. En cambio, señaló, en la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para reestablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. En el caso, como se expuso con anterioridad, al haber fallecido el quejoso ""...........""""""; ha dejado de existir la condición -se abstenga de aplicar en contra del quejoso la pena de destierro o expulsión de la comunidad de los Tejocotes, San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, y/o cualquier otra sin importar su denominación que tenga el mismo efecto, asimismo, se abstenga de desposeerlo de su parcela comunal y excluirlo del padrón general de comuneros, medidas que no proceden por ningún motivo, al considerar que son inconstitucionales en sí mismas- que motivó la concesión del amparo, se estima que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ya que no existe materia para la ejecución de la sentencia. Por lo que, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara que no existe materia para la ejecución del fallo protector, por imposibilidad legal para ejecutarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 172140, cuyos rubro y texto son: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 454/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por lo que se provee en los siguientes términos: Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 18, fracción I, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la propia anualidad; en relación con las directrices plasmadas en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en sus puntos 7.1, 7.1.1 y 2. Destrucción del duplicado, depuración y destino del original Una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que el original, por haberse concedido la suspensión definitiva, fenecido el plazo de tres años y dentro de los noventa días siguientes procédase a su depuración, posteriormente, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
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