Julian Ávila Anzurez
Expediente 1306/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julian Ávila Anzurez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Jorge.P.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de octubre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Julián Ávila Anzurez, contra actos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento: Sin proveer sobre su admisión, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previamente a su análisis, este Juzgado Federal considera pertinente precisar las siguientes consideraciones: En efecto, el promovente señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye: LA OMISIÓN DE PRONUNCIARSE POR CUANTO A LA RESOLUCIÓN, ACUERDO O DICTAMEN PENSIONATORIO RESPECTO AL EXPEDIENTE NÚMERO CPPYJ/OM/DGRH/PYJ/JP/004/2019, QUE RECAYO SOBRE LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y ANEXOS PRESENTADA EN FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 (Anexo 1), QUE PRESENTE ANTE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS EN EL PRESENTE ESCRITO, ya que es preciso hacer notar y hacer del conocimiento de este H. Juzgado Federal, que al día de hoy, no obstante de que ya han transcurrido en demasía los 30 días hábiles que establece y señala la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en su artículo 15 párrafo segundo, en el cual es claro en señalar el término en el que, el Cabildo Municipal, deberá expedir el Acuerdo correspondiente, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación." Por lo anterior, este juzgado federal considera que el presente juicio no se trata de amparo administrativo, sino que la afectación reclamada atañe a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre la autoridad y la parte quejosa. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente....XX.- "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". De lo anterior, se desprende que en términos de la aludida fracción XX, del ordinal 61, de la Ley en comento, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo. En el caso, el acto reclamado se atribuye a diversas dependencias del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; esto es, el acto tildado de inconstitucional proviene de autoridades distintas a los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, o deban ser revisados de oficio. En la especie, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, prevé un procedimiento para el caso en concreto: ".Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio." "Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones." "Artículo 8.- Esta Ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado o los Municipios con sus trabajadores de base. Los empleados de confianza y los eventuales sólo tendrán los derechos que les sean aplicables de acuerdo con esta Ley y la costumbre." "Artículo 14.- El nombramiento aceptado obliga al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las consecuencias que sean conforme a la buena fe, al uso o a la Ley. Artículo 15.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores aún cuando las admitieren expresamente: I.- Las que estipulen una jornada mayor de la permitida por esta Ley; II.- Las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y menores de18 años o que establezcan para unos u otros el trabajo nocturno; III.- Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la vida del trabajador, para la salud de la trabajadora embarazada o para el producto de la concepción; IV.- Las que fijen un salario inferior al mínimo; V.- Las que estipulen un plazo mayor de 15 días para el pago de los salarios; y VI.- La renuncia del trabajador a cualquier derecho o prerrogativa derivada de los ordenamientos legales aplicables." De la anterior transcripción de los preceptos invocados, se advierte con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama el peticionario de amparo, proveniente de autoridades del Ayuntamiento Jiutepec, Morelos, procede el juicio laboral, que debiera promoverse ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1,2,3, 8, 14 y 15 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, procedimiento en el cual la parte quejosa puede hacer valer lo que en esta instancia reclama; motivo por el cual se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XX, del ordinal 61, de la Ley de la materia. Esto es así, en atención a que si una persona impugna en la vía constitucional un acto de autoridad como el que aquí se analiza, sin acudir previamente al juicio ordinario laboral, opera la causal de improcedencia aplicada en el caso, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Debe mencionarse además, que para que el gobernado esté obligado a agotarlo, sólo se requiere que exista una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Así las cosas, la omisión de las responsables de contestar la solicitud de pensión y de emitir el decreto o acuerdo de pensión, no implica un acto de autoridad para los efectos del amparo en los términos expresados, sino una determinación de carácter laboral derivada del patrón de la parte quejosa, por lo que, cualquier cuestión que surja en relación a los conflictos individuales que se relacionen con pensiones por jubilación, deben ser ventilada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del juicio laboral ordinario, como así se colige del artículo 114 de la Ley de Servicio Civil del Estado, ello porque dichas pensiones son un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral que tiene con el Estado y sus Municipios. Por ello, si la parte quejosa se inconforma con la omisión de las responsables de contestar la solicitud de pensión y de emitir el decreto o acuerdo de pensión, lo procedente es que acuda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a promover demanda laboral ordinaria, por ser esta la autoridad legalmente competente para resolver la controversia que plantea ante este Órgano de Control Constitucional. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia cuyos datos de localización y texto, a continuación se precisan: Décima época Registro: 2014236 Instancia: Plenos de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, mayo de 2017, tomo II Materia: Laboral Tesis: PC.XVIII.L. J/3 L Página: 1426 "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." Así mismo, quien esto juzga, advierte de manera oficiosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En efecto, los precepto legales antes citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". En esa tesitura, se estima que las autoridades que señala como responsables del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, como ente asegurador que sustituyó al patrón del aquí quejoso, no es autoridad para efectos del presente juicio de amparo, en razón de que con tal carácter no dispone de fuerza pública, por tanto, se configura la causa de improcedencia prevista en los preceptos legales citados en el párrafo que antecede. Del análisis relacionado de los preceptos transcritos, se evidencia que la procedencia del juicio de amparo está supeditada al hecho de que los actos, reglamentos o convenciones reclamados provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, promulga, publica, ordena o ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias, que con base en disposiciones legales o de hecho pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, del tomo V, febrero de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, que indica: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De acuerdo con el criterio transcrito, es factible aseverar que el concepto de autoridad debe de concebirse esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En efecto, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en un mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado, impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución Federal. En este orden de ideas, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como base que los promoventes tengan el carácter de gobernados y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto se desprende que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley o decreto, a través del cual se dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir tales actos no requiera de acudir a los órganos jurisdiccionales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte, que esencialmente se reclama de diversas autoridades del Ayuntamiento Municipal de Jiutepec Morelos, la omisión de dar cumplimiento a la pensión que se le otorgó. De lo transcrito, resulta que el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, actúa como ente asegurador por tanto, dicha autoridad, queda obligada a cubrir las prestaciones inherentes a la pensión por jubilación relativa; y por consiguiente, su actuar se conduce en un plano de igualdad con el trabajador pensionado, al tener con ésta una relación de coordinación, que en caso de conflicto, debe ser dirimido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como ya se ha dicho. Por tanto, se concluye que al reclamarse a autoridades del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, como ente patronal asegurador un derecho relacionado con el otorgamiento de la pensión del aquí quejoso, es que no se está en presencia de actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, pues el actuar de dicho Ayuntamiento deriva de una relación en la que actúa como asegurador por lo que debe definirse como un acto entre particulares, cuya característica principal radica en que para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, quedando obligadas ambas partes a acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas que correspondan, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de sus relaciones. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos y tomando en consideración que las autoridades del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, no tienen el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo, es improcedente la demanda de amparo que se intenta, ello en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XX y XXIII, ambos de la Ley reglamentaria del juicio de amparo en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, de la legislación antes invocada, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio citado en su escrito inicial de demanda. De igual forma, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que indica a excepción de José Luis Cruz Manjarez Lamadrid, quien se le tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, ello, en virtud de que no se encuentra registrado en el Registro y Consulta de Cedulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ente el Poder Judicial de la Federación, para ser autorizado con amplias facultades en término de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente. De igual forma, se tienen por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el uno de octubre de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a uno de octubre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Julián Ávila Anzurez, contra actos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento: Sin proveer sobre su admisión, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previamente a su análisis, este Juzgado Federal considera pertinente precisar las siguientes consideraciones: En efecto, el promovente señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye: LA OMISIÓN DE PRONUNCIARSE POR CUANTO A LA RESOLUCIÓN, ACUERDO O DICTAMEN PENSIONATORIO RESPECTO AL EXPEDIENTE NÚMERO CPPYJ/OM/DGRH/PYJ/JP/004/2019, QUE RECAYO SOBRE LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y ANEXOS PRESENTADA EN FECHA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 (Anexo 1), QUE PRESENTE ANTE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS EN EL PRESENTE ESCRITO, ya que es preciso hacer notar y hacer del conocimiento de este H. Juzgado Federal, que al día de hoy, no obstante de que ya han transcurrido en demasía los 30 días hábiles que establece y señala la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en su artículo 15 párrafo segundo, en el cual es claro en señalar el término en el que, el Cabildo Municipal, deberá expedir el Acuerdo correspondiente, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación." Por lo anterior, este juzgado federal considera que el presente juicio no se trata de amparo administrativo, sino que la afectación reclamada atañe a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre la autoridad y la parte quejosa. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente....XX.- "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". De lo anterior, se desprende que en términos de la aludida fracción XX, del ordinal 61, de la Ley en comento, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo. En el caso, el acto reclamado se atribuye a diversas dependencias del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; esto es, el acto tildado de inconstitucional proviene de autoridades distintas a los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, o deban ser revisados de oficio. En la especie, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, prevé un procedimiento para el caso en concreto: ".Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio." "Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones." "Artículo 8.- Esta Ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado o los Municipios con sus trabajadores de base. Los empleados de confianza y los eventuales sólo tendrán los derechos que les sean aplicables de acuerdo con esta Ley y la costumbre." "Artículo 14.- El nombramiento aceptado obliga al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las consecuencias que sean conforme a la buena fe, al uso o a la Ley. Artículo 15.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores aún cuando las admitieren expresamente: I.- Las que estipulen una jornada mayor de la permitida por esta Ley; II.- Las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y menores de18 años o que establezcan para unos u otros el trabajo nocturno; III.- Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la vida del trabajador, para la salud de la trabajadora embarazada o para el producto de la concepción; IV.- Las que fijen un salario inferior al mínimo; V.- Las que estipulen un plazo mayor de 15 días para el pago de los salarios; y VI.- La renuncia del trabajador a cualquier derecho o prerrogativa derivada de los ordenamientos legales aplicables." De la anterior transcripción de los preceptos invocados, se advierte con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama el peticionario de amparo, proveniente de autoridades del Ayuntamiento Jiutepec, Morelos, procede el juicio laboral, que debiera promoverse ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1,2,3, 8, 14 y 15 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, procedimiento en el cual la parte quejosa puede hacer valer lo que en esta instancia reclama; motivo por el cual se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XX, del ordinal 61, de la Ley de la materia. Esto es así, en atención a que si una persona impugna en la vía constitucional un acto de autoridad como el que aquí se analiza, sin acudir previamente al juicio ordinario laboral, opera la causal de improcedencia aplicada en el caso, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Debe mencionarse además, que para que el gobernado esté obligado a agotarlo, sólo se requiere que exista una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Así las cosas, la omisión de las responsables de contestar la solicitud de pensión y de emitir el decreto o acuerdo de pensión, no implica un acto de autoridad para los efectos del amparo en los términos expresados, sino una determinación de carácter laboral derivada del patrón de la parte quejosa, por lo que, cualquier cuestión que surja en relación a los conflictos individuales que se relacionen con pensiones por jubilación, deben ser ventilada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del juicio laboral ordinario, como así se colige del artículo 114 de la Ley de Servicio Civil del Estado, ello porque dichas pensiones son un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral que tiene con el Estado y sus Municipios. Por ello, si la parte quejosa se inconforma con la omisión de las responsables de contestar la solicitud de pensión y de emitir el decreto o acuerdo de pensión, lo procedente es que acuda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a promover demanda laboral ordinaria, por ser esta la autoridad legalmente competente para resolver la controversia que plantea ante este Órgano de Control Constitucional. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia cuyos datos de localización y texto, a continuación se precisan: Décima época Registro: 2014236 Instancia: Plenos de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, mayo de 2017, tomo II Materia: Laboral Tesis: PC.XVIII.L. J/3 L Página: 1426 "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." Así mismo, quien esto juzga, advierte de manera oficiosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En efecto, los precepto legales antes citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". En esa tesitura, se estima que las autoridades que señala como responsables del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, como ente asegurador que sustituyó al patrón del aquí quejoso, no es autoridad para efectos del presente juicio de amparo, en razón de que con tal carácter no dispone de fuerza pública, por tanto, se configura la causa de improcedencia prevista en los preceptos legales citados en el párrafo que antecede. Del análisis relacionado de los preceptos transcritos, se evidencia que la procedencia del juicio de amparo está supeditada al hecho de que los actos, reglamentos o convenciones reclamados provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, promulga, publica, ordena o ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias, que con base en disposiciones legales o de hecho pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, del tomo V, febrero de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, que indica: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De acuerdo con el criterio transcrito, es factible aseverar que el concepto de autoridad debe de concebirse esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En efecto, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en un mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado, impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución Federal. En este orden de ideas, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como base que los promoventes tengan el carácter de gobernados y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto se desprende que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley o decreto, a través del cual se dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir tales actos no requiera de acudir a los órganos jurisdiccionales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte, que esencialmente se reclama de diversas autoridades del Ayuntamiento Municipal de Jiutepec Morelos, la omisión de dar cumplimiento a la pensión que se le otorgó. De lo transcrito, resulta que el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, actúa como ente asegurador por tanto, dicha autoridad, queda obligada a cubrir las prestaciones inherentes a la pensión por jubilación relativa; y por consiguiente, su actuar se conduce en un plano de igualdad con el trabajador pensionado, al tener con ésta una relación de coordinación, que en caso de conflicto, debe ser dirimido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como ya se ha dicho. Por tanto, se concluye que al reclamarse a autoridades del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, como ente patronal asegurador un derecho relacionado con el otorgamiento de la pensión del aquí quejoso, es que no se está en presencia de actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, pues el actuar de dicho Ayuntamiento deriva de una relación en la que actúa como asegurador por lo que debe definirse como un acto entre particulares, cuya característica principal radica en que para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, quedando obligadas ambas partes a acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas que correspondan, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de sus relaciones. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos y tomando en consideración que las autoridades del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, no tienen el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo, es improcedente la demanda de amparo que se intenta, ello en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XX y XXIII, ambos de la Ley reglamentaria del juicio de amparo en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, de la legislación antes invocada, en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio citado en su escrito inicial de demanda. De igual forma, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que indica a excepción de José Luis Cruz Manjarez Lamadrid, quien se le tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, ello, en virtud de que no se encuentra registrado en el Registro y Consulta de Cedulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ente el Poder Judicial de la Federación, para ser autorizado con amplias facultades en término de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente. De igual forma, se tienen por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos.
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