Julian Astudillo Cardoso
Expediente 910/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julian Astudillo Cardoso
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de once de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Julián Astudillo Cardoso, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de junio de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio 1493/2018, del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por el que remite en original el escrito de presentación y demanda de amparo promovida por Julián Astudillo Cardoso, con nueve copias de demanda. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, vista la demanda de amparo de Julian Astudillo Cardoso, por propio derecho, contra actos del Juez Primer Civil de Primera instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con número 910/2018-II. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Máxime cuando como acontece en la especie, este resolutor, estima que en el sumario constitucional en que se actúa, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con numerales 17 y 18, de la invocada ley de la materia. En efecto, los artículos citados establecen lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Así, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Ahora bien, de conformidad con la última disposición legal transcrita el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se contará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución, y c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. Partiendo de la base jurídica expuesta, se estima oportuno puntualizar, que la demanda de amparo constituye un todo, y debe analizarse en su integridad para determinar lo conducente respecto de su procedencia o improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 744, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 501 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD.". En el presente asunto se reclama: La sentencia interlocutoria en la que se resuelve del incidente de nulidad de actuaciones, emitida en fecha cuatro de mayo del año que transcurre, notificada el ocho de mayo del año en curso, por lista. Asimismo, del contenido del libelo que se provee, la promovente expresó lo siguiente: EL HECHO QUE CONSTITUYE LA VIOLACIÓN.- Es la SENTENCIA INTERLOCUTORIA DONDE RESUELVE EL ICIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, SENTENCIA DE fecha 04 de mayo de 2018, la cual me fue notificada el 08 de mayo de 2018, que resulta innecesario volver a transcribir, motivo por el cual solicito en este momento tenerlo por reproducido en todas sus partes, a fin de que surta sus efectos legales correspondientes." (Sic) Establecido lo anterior, debe decirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el particular el término para promover el juicio de amparo comenzó a transcurrir a partir del día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación de la resolución reclamada, al ser la quejosa parte en el juicio natural, además de haber manifestado bajo protesta de decir verdad en que fecha y forma le fue notificada. En tal virtud, si se reclama la resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en los autos del expediente 403/2012, respecto de la cual, la parte quejosa tuvo conocimiento el ocho de mayo de dos mil dieciocho, según refiere en su demanda, por lo que el término de quince días que tuvo, para promover el juicio de amparo contra de la resolución citada, transcurrió del diez al treinta de mayo de dos mil dieciocho. De ahí que, como la demanda que dio origen a este juicio se presentó en la Oficina de Correspondencia del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el cinco de junio de dos mil dieciocho, según se advierte de sello de oficialía de partes del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y, el ocho de junio de dos mil dieciocho, ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, como se advierte de la boleta de turno que obra en autos, se estima que aquella se presentó fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo cual, opera de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento legal citado. Lo anterior, en virtud de que la presentación de la demanda ante dicho responsable no interrumpe el término para promover el juicio de amparo, ya que se ejerció la acción constitucional en la vía de amparo indirecto y, por ello, debía presentarse ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, visible en la página 128, del informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente al terminar el año de 1982, correspondiente a los Tribunales Colegiados y específicamente al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO POR CONDUCTO DE LA RESPONSABLE. NO INTERRUMPE EL TERMINO.". Sin que constituya obstáculo a lo anterior, la existencia de la jurisprudencia 25/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 251 del tomo XXIII, marzo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO.". Ello es así, toda vez que dicho criterio jurisprudencial está inspirado en el principio de buena fe que estriba en el estado de honradez y convicción, cuando el gobernado tiene una verdadera duda, o existe incertidumbre en cuanto a la vía en que ha de promoverse el juicio de amparo; lo que en el caso no acontece, en tanto que el quejoso conocía con exactitud la vía en que promovía el presente sumario constitucional, tan es así que, en la demanda de garantías manifestó: "SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO" Como se advierte de lo anterior, se aprecia que el quejoso tenía conocimiento de la vía que intentaba en contra de la resolución que aquí se duele, esto es, la vía indirecta, es decir, que contra ese tipo de determinaciones debía intentar el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, es así en virtud de que dentro de los preceptos en que fundamenta su demanda, se encuentra el artículo 107 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia y los requisitos de la demanda de amparo indirecto, para mayor claridad, se transcribe dicho precepto: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." De esa manera, el suscrito juzgador estima que el aquí quejoso tenía pleno conocimiento de que en contra del acto que ahora pretende impugnar en la demanda que se provee, procedía el juicio de amparo indirecto. Por tanto, debe tenerse como fecha de presentación de la demanda de amparo, la de recepción en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, pues el quejoso conocía perfectamente la vía en que debía promoverse el amparo correspondiente, de ahí que el error de haberlo presentado ante diversa autoridad, aunque lo sea responsable, le es atribuible al quejoso y, por tanto no se interrumpe el plazo para su presentación y la demanda deba desecharse por extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia 13/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicarse, cuyo rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO.". Criterio que se estima aplicable en el presente asunto, por virtud de que existen circunstancias que evidencian que el solicitante de la protección constitucional sabía cuál era la vía que debía iniciar para controvertir el acto reclamado en la demanda respecto de la cual aquí se provee. Máxime que aún de considerar la fecha de presentación ante la autoridad responsable, el cinco de junio de dos mil dieciocho, también había trascurrido el plazo legal para hacerlo, con base en la propia fecha que bajo protesta reconoció le fue notificado el acto reclamado; esto sin sostener que señalara una diversa fecha a la que refiere tuvo conocimiento del acto; en la medida que no puede quedar a voluntad de las partes el definir el momento en que tomen conocimiento de un acto, cuando como en el particular el propio quejoso reconoce una diversa fecha en la que la autoridad se lo notificó, que además resulta ser lo idóneo al derivar el acto de un procedimiento jurisdiccional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con numerales 17 y 18, de la propia ley, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Tomando en consideración que el promovente de amparo señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia oficial de este Juzgado; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal. Se tiene como autorizados con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas propuestos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.YARIGH*
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