Julian Arrroyo Cetto

Expediente 615/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
615/2014
Año
2014
Actuaciones
13
Última actuación
03/03/2016

Partes del expediente

  • Julian Arrroyo Cetto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    II. Como lo solicita la parte quejosa expídasele copias certificadas que peticiona, sin que tenga que erogar alguna cantidad por concepto de cobro o contribución impuesta por parte de este Juzgado Federal; previa razón de recibo que se otorgue en autos.

  2. Principal

    II. En este contexto, es inconcuso que la responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió; de ahí que al no existir exceso o defecto en su cumplimiento, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales; por lo tanto, se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la nueva Ley de Amparo. Al respecto, en atención a lo manifestado por el quejoso, debe decirse que tal y como se advierte de la constancia de notificación practicada al quejoso el seis de marzo del presente año, se llevó a cabo en el domicilio que señaló en autos del procedimiento administrativo 628/06, siendo éste el ubicado en avenida Ignacio Zaragoza, número doscientos sesenta y siete, entre Madero y Morelos de esta ciudad, y no en el que señaló en el presente juicio de amparo, pues se trata de juicios independientes, y las notificaciones se realizarán en el domicilio designado en cada uno de ellos. Asimismo, contrario a lo que refiere el quejoso, la autoridad responsable precisó en el acuerdo de cinco de marzo del presente año, que no se tenía por actualizada su solicitud de enajenación porque omitió adjuntar los documentos consistentes en su solicitud de enajenación y el resolutivo de las diligencias instauradas en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, para acreditar la posesión del predio denominado "El Puma", para lo cual le otorgaba una prórroga de tres días a efecto de que los exhibiera, explicándole que en caso de no hacerlo se ordenaría el archivo de ese expediente, todo lo cual incluso le fue hecho de su conocimiento por parte de este órgano judicial al quejoso, mediante notificación personal el doce de marzo del año que transcurre; de ahí que no puede argumentar que lo desconoció; al margen de que tales argumentos tendientes a combatir la legalidad de la notificación, no forman parte del cumplimiento, toda vez que son ajenos al mismo, al combatir propiamente el acuerdo de la autoridad responsable, en todo caso se deja a salvo el derecho del quejoso, para que en el momento procesal oportuno, haga valer si así lo estima conveniente el medio de defensa que considere pertinente y por las vías e instancias legales correspondientes, combatiendo la legalidad del auto de cinco de marzo del año en curso y su notificación.

  3. Principal

    II. Se declara que la sentencia en la que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, los actos que haya realizado, tendientes al cumplimiento del fallo protector de mérito, cuyos efectos son los siguientes. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de la Materia, y en relación con los diversos numerales 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del dispositivo 260 de la Ley de Amparo, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, con fundamento en lo estatuido en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, mediante oficio que se libre al efecto, requiérase a la Directora General de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en México, Distrito Federal, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, dentro del mismo término aludido en el párrafo que antecede, ordene a su subalterno cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden respectiva, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 del ordenamiento legal citado; además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables obligadas. Sin que sea óbice para decretar que ha causado ejecutoria la sentencia citada en las líneas que anteceden, el hecho de que no se encuentren glosadas a estos autos las piezas postales correspondientes a los oficios números 3749 a 3751, por medio de los cuales se notificó a las autoridades responsables foráneas la sentencia dictada en el presente juicio, ya que en dicho fallo se sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades; por lo tanto, ello sólo podría causar perjuicio al amparista, toda vez que fue él quien promovió la demanda de amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos humanos, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo contempla para revocar o modificar las sentencias dictadas por las autoridades juzgadoras dentro del juicio constitucional. Por lo que respecta a las autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una resolución en la cual se sobresee en el presente juicio por actualizarse la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la Materia, lo que no implica de ninguna manera que se le haya otorgado el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa de mérito y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan.

  4. Principal

    II. se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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