Julian Armando Sombrerero Garcia

Expediente 628/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
628/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Julian Armando Sombrerero Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismos Acuerdo General. En caso de que existan constancias pendientes en retornar a su lugar de origen por considerar innecesaria su retención, se ordena remitirlas sin formular ulterior acuerdo. Finalmente, en el supuesto de obrar documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente en caso de obrar documentos originales, de lo contrario por lista y mediante oficio a las responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del ocho de octubre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-628/2020-O, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" y por el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remitieron las responsables, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Julián Armando Sombrerero García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, quien el veintiocho de agosto de dos mil veinte, admitió la demanda; se registró con el número III-628/2020-O; se proveyó la suspensión de plano, se solicitaron los informes correspondientes a las autoridades señaladas como responsables; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el territorio en donde ejerce jurisdicción este tribunal. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: a) La incomunicación, así como aquellos actos que pongan en peligro la integridad física, la vida del peticionario de amparo, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; y, b) El traslado del lugar relativo a su reclusión a un diverso complejo penitenciario. Mismos que se sirvió atribuir al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", por sí y en su calidad de Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario de esta ciudad, en su denominación correcta. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados consistentes en la incomunicación y los prohibidos por el artículo 22 constitucional reclamados a las autoridades responsables, toda vez que al rendir sus informes señalaron que en virtud de la realización del traslado del quejoso a un diverso centro de reclusión, no se encontraban en condiciones de materializar dichos actos. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar dicha circunstancia. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso, misma que fue atribuida al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", por sí y en su calidad de Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario de esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas relativas al traslado de quejoso, que enviaron como complemento a sus informes de ley, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". En efecto, la improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Criterio que se sustenta en la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Página: 1491, Novena Época, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En ese contexto, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia en comento, se destacan los siguientes antecedentes del acto: I. Mediante acta extraordinaria del Comité Técnico del Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez emitida el veintisiete de agosto de dos mil veinte, se ordenó en sus puntos resolutivos el traslado del quejoso a un centro de reclusión de la Entidad, por medidas de salud. II. Por oficio CSPEMD/DJ/3660/2020 el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, instruyó en base a la resolución del comité en cita, se efectuara el traslado del impetrante de amparo al centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán. III. Luego por oficio 484/2020-J, de tres de septiembre del año en curso, relativo al expediente POSI-126/2018, la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la región Morelia, declaró nula la decisión emitida el veintisiete de agosto de dos mil veinte, por la que se había ordenado el traslado involuntario del quejoso Julián Armando Sombrerero García. IV. En razón de lo anterior, en data cuatro de septiembre de dos mil veinte se tuvo al quejoso de referencia de vuelta en el centro de reclusión en que se encontraba antes de la tramitación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, para que continúe cumpliendo la sanción de prisión que se vigilaba en el expediente penal 92/2013-III y 223/2013 con sus acumulados. Sentado lo anterior, se desprende que la orden de traslado emitida y ejecutada por autoridades administrativas en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ha sido sustituida por la determinación de la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, Michoacán, de tres de septiembre de dos mil veinte. En consecuencia, la determinación administrativa perdió su vigencia con motivo de la resolución de tres de septiembre de dos mil veinte, dictada por la juez de ejecución; por lo que es ésta última es la que ahora cuenta con esa vigencia y ejecutividad, ya que se convierte en el medio que rige la situación jurídica actual del quejoso. En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos del traslado reclamado a las autoridades administrativas, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del inicialmente reclamado. Por lo tanto, el traslado emitido por la autoridad administrativa correspondiente ya no puede ser analizado a través del juicio de amparo indirecto, como lo pretendió la parte quejosa; dado que no podría estudiarse la legalidad del mismo, sin afectar el nuevo pronunciamiento hecho por la Juez de ejecución, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sin que este juzgado se encuentre en condiciones de pronunciarse en torno a la calificación del traslado administrativo, dado que esa forma de pronunciarse, no es materia de litis de este juicio constitucional, sino únicamente la orden de traslado por parte de las autoridades administrativas, misma que quedó sustituida con el pronunciamiento al respecto que realizó la juez de ejecución. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Por los motivos expresados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Julián Armando Sombrerero García, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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