Julian Alonso Cabrera Rodríguez
Expediente 1618/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1618/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Julian Alonso Cabrera Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
I. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia pronunciado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, interpusiera recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la citada determinación, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. II. No obsta que no se cuente con notificación de las autoridades responsables. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación de los oficios girados a las autoridades responsables mediante los cuales se les comunicó el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que no se actualizan los extremos del artículo 87 de la Ley de Amparo, que establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión, contra la sentencia que afecte directamente el acto reclamado de cada una de ellas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". III. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. IV. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del indicado Manual, en razón de que se sobreseyó fuera de audiencia respecto de los actos reclamados. V. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. VI. Oposición de datos personales. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.
- Principal
Agréguense informes únicamente para que obren en autos. Agréguense únicamente para que obren como correspondan los informes justificados que rinden: Encargado de la Oficina Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Actuario de la Oficina Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de veintiuno del mes y año en curso, se tuvieron por recibidos y se acordó lo conducente. No obstante ello, téngase al citado encargado de la citada Oficina, remitiendo diversas constancias relativas al expediente 95/2021 del índice de la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis este órgano de control advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En efecto, se advierte que se actualiza la prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien, porque en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Entonces, si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si el acto que ya no incide en la vida jurídica del impetrante del amparo es constitucional o no. En efecto, la causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, en el caso, la parte quejosa reclama en esencia: 1. La omisión de la Junta Especial Número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua, de elaborar y girar exhortos a la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Durango (ahora Oficina Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje), a fin de emplazar a juicio a las personas morales. 2. La omisión de la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Durango (ahora Oficina Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje) y su actuario adscrito, de diligenciar el exhorto correspondiente, para emplazar a juicio a las morales Servicios Operativos Sierra, sociedad anónima de capital variable y/o Compañía Minera Dolores sociedad anónima de capital variable. Sin embargo, mediante oficio 51-0165/2023 el Encargado de la Oficina Auxiliar Durango de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada de las constancias y diligencias elaboradas con motivo del auxilio prestado a la diversa Junta Especial Número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua, dentro del expediente 95/2021. De las relatadas constancias se advierte lo siguiente: 1. Oficio 110-M5-135/2023 de veintitrés de marzo del año en curso, por el que el Auxiliar de la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, solicitó al diverso Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad de Durango, se sirviera proveer lo necesario para que llevara a cabo el emplazamiento de la demandada Servicios Operativos Sierra, sociedad anónima de capital variable, Compañía Minera Dolores, sociedad anónima de capital variable y Pan American Servicios Administrativos, sociedad anónima de capital variable. 2. El emplazamiento de Servicios Operativos Sierra, sociedad anónima de capital variable, practicado por el actuario de la Oficina Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos, el treinta de marzo del año en curso. 3. Emplazamiento de Compañía Minera Dolores, sociedad anónima de capital variable, llevado a cabo por el actuario de la Oficina Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos, el treinta de marzo del año en curso. 4. Acta de treinta de marzo de la presente anualidad, en la que se hizo constar la imposibilidad para emplazar a Pan American Servicios Administrativos, sociedad anónima de capital variable. Constancias, que tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, toda vez que proviene de un funcionario en ejercicio de sus atribuciones. En esas condiciones, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que como ya se mencionó, se emitió oficio por medio del cual se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, así como también se llevaron a cabo las diligencias correspondientes cuya omisión se reclama en este juicio; de ahí que no se dejó huella alguna en la esfera jurídica del impetrante que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que obste la circunstancia de que no se haya llevado a cabo el emplazamiento de la demandada Pan American Servicios Administrativos, sociedad anónima de capital variable; sin embargo, las omisiones reclamadas únicamente versaron sobre la omisión de generar exhortos y emplazar a las diversas demandadas Servicios Operativos Sierra, sociedad anónima de capital variable y/o Compañía Minera Dolores, sociedad anónima de capital variable, los cuales ya se practicaron, de ahí que este órgano de control constitucional no puede ir más allá de lo estrictamente impugnado. IV. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Nos es óbice a lo anterior, la circunstancia de que aún no obren los informes justificados de las autoridades responsables de la Junta Especial Número 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua y su actuario ejecutor, toda vez que en aras de una pronta impartición de justicia, a nada práctico conduciría esperar la recepción de los mismos, pues no variaría el sentido de la presente determinación. Notifíquese. Así acordó y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ante el licenciado Vicente Israel Figueroa Jiménez, secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
I. Informes justificados. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los informes justificados que rinden: Encargado de la Oficina Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Actuario de la Oficina Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. II. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
I. Estado de autos. Vistos los autos de cuenta, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término concedido a la Junta Especial número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al actuario adscrito a la misma, para que rindan sus respectivos informes justificados. II. Agrega razón actuarial. Por otro lado, agréguese la razón actuarial que antecede de la que se advierte que no fue posible entregar los oficios 11616/2023 y 11617/2023 dirigidos a la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al actuario adscrito a dicha junta, toda vez que el oficial de partes le informó que tenía instrucciones de no recibir oficios. III. Se reexpiden oficios. En ese sentido, toda vez que la denominación de esa autoridad está mal asentada, con inserción del presente acuerdo, reexpídanse los citados oficios pero esta vez diríjanse al Encargado de la Oficina Auxiliar de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta Ciudad (antes Junta 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje) y al actuario adscrito a dicha junta. Asimismo, apercíbaseles que si se niegan a recibir dichos comunicados, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. En el entendido que al rendir su informe de ley, atendiendo a los actos reclamados, deberán informar el estado procesal que guarda el exhorto que debió remitirles la diversa Junta Especial número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, derivado del juicio laboral 95/2021 de su índice, o en su caso, si no se les ha enviado alguna comunicación oficial por parte de dicha junta, si se encuentra en trámite ante ella o si fue remitida a diversa autoridad. IV. Diferimiento de audiencia constitucional. En esas condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se señala como nueva fecha las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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