Julian Adolfo Ponce de León Pérez

Expediente 530/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
530/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Julian Adolfo Ponce de León Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido únicamente para que obre como corresponda el oficio de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco a través de su Presidente, con el cual informa el estado procesal que guarda el juicio laboral J4/830/2019; lo anterior, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido legalmente de José Roberto Rodríguez Martínez, Secretario que firma y da fe. *lic Nondehui Lila Miranda Gutiérrez/Eduardo.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de que el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de destrucción. Notifíquese: por oficio a la autoridad responsable y por lista al resto de las partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con el cual en cumplimiento al requerimiento de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, remite copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Atento a lo anterior, se tiene por recibido el oficio y constancias que acompaña la autoridad responsable; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de las documentales que anexa y las que obran en autos se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto destacado por la parte quejosa lo constituye: La omisión de la Junta responsable para llevar a cabo el desahogo de la prueba consistente en el informe que rinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la integración del juicio laboral J.4/380/2019. Ahora, conforme a lo informado por la autoridad responsable, se advierte que mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en los autos del juicio laboral J.4/380/2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social rindió el informe que le solicitó la Junta, en cumplimiento a lo ordenado el uno de octubre de dos mil veinte, y se tuvo por desahogada la prueba aportada por la demanda en el juicio de origen. Asimismo, el propio veintiuno de junio del año en curso, giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que remitiera el informe que le fue requerido en los autos del juicio natural, como se advierte del acuse de recibo correspondiente de la constancia de la notificación del oficio girado a la autoridad en mención a través del sistema electrónico SIARA. Razón por la cual se estima que sobreviene la causa de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo, en donde se provea en relación a la omisión de la Junta responsable para llevar a cabo el desahogo de la prueba consistente en el informe que rinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la integración del juicio laboral J.4/380/2019, cuando en la especie ya lo realizó. Por lo anterior, se estima que sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por identidad jurídica la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos correspondientes del caso. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del trece de septiembre de dos mil veintidós. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se INSTRUYE a la Oficial judicial "A" (SISE), para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por oficio a la autoridad responsable y por lista al resto de las partes.

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