Julia Yaneth Lopez Hernandez

Expediente 359/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
359/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Julia Yaneth Lopez Hernandez
  • Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO QUE SE ANALIZA, TODA VEZ QUE LAS RESPONSABLES ATENDIERON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO; POR LO QUE, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO

  2. Principal

    MESA II.....SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO, EL PROVEÍDO DE 11 DE MAYO DE 2021, A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO COMPARECIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL CITADO PROVEÍDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:-.....SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO QUE SE ANALIZA, TODA VEZ QUE LAS RESPONSABLES ATENDIERON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO; POR LO QUE, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO.....

  3. Principal

    MESA II.....SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO, EL PROVEÍDO DE 23 DE ABRIL DE 2021, A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO COMPARECIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL CITADO PROVEÍDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:......"...Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y agrega a los autos el escrito presentado por la quejosa Grúas Chontalpa, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su administrador único Tobías Mansuet Molina del Pino, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado en proveído de quince de abril del año actual. CUMPLIMENTO DE PREVENCIÓN.- En ese sentido, se tiene al promovente cumpliendo la prevención de quince de abril del mes y año en curso, en los términos precisados en dicho auto. SEPARACIÓN DE JUICIOS.- Ahora bien, respecto al trámite del presente asunto, resulta conveniente señalar, en inicio, que el amparo por antonomasia es el medio de control constitucional que el Estado mexicano instauró para que el gobernado sea restituido en el pleno goce de los derechos humanos violentados por actos de las autoridades o particulares con potestad legal en contravención de las disposiciones legales y constitucionales. La tutela constitucional de la que se habla, únicamente puede ocurrir en tratándose de un acto de autoridad y, excepcionalmente, de dos o más, empero, para ello, se requiere que entre éstos exista una estrecha relación, de tal forma que pueda ser objeto de análisis en una sola demanda. Expresado lo anterior, es de decirse que de la lectura de la demanda de amparo de cuenta, se puede advertir que la parte quejosa reclama actos que se encuentran desvinculados entre sí, las que por su naturaleza no guardan relación entre sí, lo que permite al suscrito separar juicios de forma oficiosa. En efecto, al analizar de manera integral la demanda, escrito aclaratorio y de sus anexos, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como se dijo en la certificación que antecede, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: De la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, Subdirección de Sanciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco: a) El acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Directora de Normatividad de dicha Secretaría en el procedimiento sancionador derivado del acta de supervisión G 1706/2020, mediante el cual se proveyó lo conducente al escrito de veintitrés de marzo del año actual, por el que la parte quejosa solicitó que se emitiera la resolución que correspondiera a dicho procedimiento, y como consecuencia de ello se liberara la unidad automotriz marca: Dodge, tipo grúa, tipo "B", modelo 2008, placas 038NF7, número de serie 3D6WN56C48G237988; así como su notificación efectuada el veintiséis de marzo de este año. Proveído en el que se acordó que para que se emitiera la resolución respectiva era necesario que se presentara a integrar el citado procedimiento, para lo cual se le reagendó una cita para su comparecencia ante la responsable y derivado de ello se estaría en condiciones de acordar lo conducente respecto a la unidad detenida. b) La omisión de dictar la resolución que corresponda en el procedimiento sancionador derivado del acta de supervisión G 1706/2020, dentro del término previsto en la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco. De la Subdirección de Sanciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco: c) La discriminación de la que aduce fue objeto José Francisco Badillo Sala (persona con discapacidad), apoderado de la empresa quejosa Grúas Chontalpa, sociedad anónima de capital variable, al constituirse en las oficinas de las autoridades responsables para realizar el trámite correspondiente al procedimiento sancionador derivado del acta de supervisión G 1706/2020. De la Subdirección de Sanciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco: d) La retención del vehículo tipo grúa, marca Dodge, tipo "B", modelo 2008, placas de circulación 038NF7, con número de serie 3D6WN56C48G237988, en virtud de que no existe resolución alguna que justifique su detención. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados identificados con los incisos a), b), c) y d) antes precisados, se encuentran desvinculados entre sí y, por tanto, no pueden ser estudiados en un solo juicio de amparo. En esas condiciones, al tratarse de actos desvinculados entre sí, no obstante que se promovió una sola demanda de amparo; entonces, lo procedente es decretarse la separación de juicios. En ese tenor, conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aplicados a contrario sentido, PROCEDE LA SEPARACIÓN DE JUICIOS, pues de conformidad con el principio de unidad que rige el juicio de amparo, no es posible resolver las diferentes controversias en una sola audiencia constitucional; quedando únicamente para analizar en este juicio el acto precisado en el inciso a), consistente en el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Directora de Normatividad de dicha Secretaría en el procedimiento sancionador derivado del acta de supervisión G 1706/2020, mediante el cual se proveyó lo conducente al escrito de veintitrés de marzo del año actual, por el que la parte quejosa solicitó que se emitiera la resolución que correspondiera a dicho procedimiento, y como consecuencia de ello se liberara la unidad automotriz marca: Dodge, tipo grúa, tipo "B", modelo 2008, placas 038NF7, número de serie 3D6WN56C48G237988; así como su notificación efectuada el veintiséis de marzo de este año. Proveído en el que se acordó que para que se emitiera la resolución respectiva era necesario que se presentara a integrar el citado procedimiento, para lo cual se le reagendó una cita para su comparecencia ante la responsable y derivado de ello se estaría en condiciones de acordar lo conducente respecto a la unidad detenida. Derivado de lo anterior, por lo que hace a los diversos actos reclamados consistentes en: b) La omisión de dictar la resolución que corresponda en el procedimiento sancionador derivado del acta de supervisión G 1706/2020, dentro del término previsto en la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco; c) La discriminación de la que aduce fue objeto José Francisco Badillo Sala (persona con discapacidad), apoderado de la empresa quejosa Grúas Chontalpa, sociedad anónima de capital variable, al constituirse en las oficinas de las autoridades responsables para realizar el trámite correspondiente al procedimiento sancionador derivado del acta de supervisión G 1706/2020; y, d) La retención del vehículo tipo grúa, marca Dodge, tipo "B", modelo 2008, placas de circulación 038NF7, con número de serie 3D6WN56C48G237988, en virtud de que no existe resolución alguna que justifique su detención; obténgase copia certificada del escrito de demanda inicial y demás actuaciones, a fin de remitirlas a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO; para que proceda conforme a sus atribuciones de turno respectivas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.- Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así también, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en jurisprudencia visible bajo el número V.2o. J/75 en la página 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." y la del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X Septiembre de 1999, página 730, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."; ha establecido cuáles son las condiciones necesarias que deben concurrir en una demanda para que sea desechada, pudiendo éstas resumirse en que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto y, finalmente, que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, como se dijo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, en el presente asunto se tienen como autoridades y acto reclamado lo siguiente: De la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, Subdirección de Sanciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco: a) El acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Directora de Normatividad de dicha Secretaría en el procedimiento sancionador derivado del acta de supervisión G 1706/2020, mediante el cual se proveyó lo conducente al escrito de veintitrés de marzo del año actual, por el que la parte quejosa solicitó que se emitiera la resolución que correspondiera a dicho procedimiento, y como consecuencia de ello se liberara la unidad automotriz marca: Dodge, tipo grúa, tipo "B", modelo 2008, placas 038NF7, número de serie 3D6WN56C48G237988; así como su notificación efectuada el veintiséis de marzo de este año. Proveído en el que se acordó que para que se emitiera la resolución respectiva era necesario que se presentara a integrar el citado procedimiento, para lo cual se le reagendó una cita para su comparecencia ante la responsable y derivado de ello se estaría en condiciones de acordar lo conducente respecto a la unidad detenida. Una vez establecido el acto reclamado, este juzgador determina que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, incisos a) y b) de la legislación citada. Al respecto, es conveniente señalar que el seis de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se configuró la reforma constitucional en materia del juicio de amparo, que comenzó a tener vigencia a partir del cuatro de octubre de dos mil once. En el artículo segundo transitorio de ese decreto, se estableció que el Congreso de la Unión expediría las reformas legales correspondientes, dentro de los ciento veinte días posteriores a la publicación de aquella reforma constitucional. Asimismo, en el artículo tercero transitorio del decreto relativo a la reforma constitucional, se estableció que los juicios de amparo que fueran instados antes de la entrada en vigor de dicha reforma, se tramitarían y resolverían conforme a las disposiciones legales que fueran aplicables y vigentes al inicio del procedimiento. En el caso, la demanda de amparo fue presentada el seis de abril de dos mil veintiuno, esto es, posterior de que entrara en vigor la reforma constitucional; en consecuencia, para la resolución del presente asunto se aplicarán las disposiciones constitucionales y legales conducentes con vigencia al inicio del juicio de amparo de que se trata. De ahí, que sea indispensable remitirse a los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa respecto del acto reclamado. En esas condiciones, de una interpretación sistemática de los artículos 1o, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte claramente que a partir de la reforma constitucional en materia del juicio de amparo, que comenzó a tener vigencia a partir del cuatro de octubre de dos mil once, los tribunales de la federación como en el caso es este Juzgado de Distrito, resolverán las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí, las controversias que establece el artículo 103 citado, deben sujetarse a los procedimientos que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En ese tenor, cabe señalar que conforme al artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, el juicio de control constitucional ante Juez de Distrito es improcedente: a) contra actos que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, distintos de la resolución definitiva; y, b) cuando se reclamen actos en el procedimiento que no sean de imposible reparación. En relación con el primer supuesto es menester precisar que por procedimiento debe entenderse aquella secuencia de actos realizados por una autoridad concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado. Este proceder ordenado y sistematizado puede ser impulsado ya de manera oficiosa por la propia autoridad, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos vigentes, o bien, a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa cuando el particular eleve una petición a la autoridad y que requiere, para ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas subsecuentes hasta la obtención de un resultado final, es decir, de una resolución definitiva. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en los procedimientos seguidos en forma de juicio quedan comprendidos aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como los procedimientos mediante los que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la prerrogativa de audiencia. Lo anterior, atiende a que es propósito constante del legislador evitar que los juicios de amparo se multipliquen innecesariamente y, por lo mismo, que sean reclamables por la vía constitucional todos y cada uno de los actos autoritarios que integran un procedimiento; por ello, la única resolución combatible en amparo es la última, es decir, la que en definitiva ponga fin al asunto, ya sea que se impugne por vicios propios que radiquen en su texto, o bien, por violaciones cometidas durante el procedimiento. En el segundo supuesto jurídico el precepto en cita prevé que no es posible acceder al reclamo constitucional contra actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio cuando no se afecten materialmente derechos sustantivos. El legislador secundario con base en la disposición anterior proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, dicha premisa general admite como excepción que el hecho que se pueda reclamar en sede constitucional actos que no siendo la resolución que pone fin al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sean de imposible reparación, esto es, que la sola emisión o aplicación de un acto u omisión provoque en el gobernado una afectación a su esfera fundamental que por su simple aplicación, sus efectos se consumen irreparablemente, por lo que la lesión causada al justiciable no podría retrotraerse ni aun y cuando la resolución que en su caso se emita en dicho procedimiento le fuera favorable. En ese sentido, el juicio de amparo será procedente cuando dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se emita un acto u omisión que trasgreda los derechos humanos del peticionario de amparo. Ahora bien, como se dijo, el acto reclamado por la parte quejosa en este asunto, atribuido a la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, Subdirección de Sanciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y Dirección de Normatividad de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, consiste en: a) El acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Directora de Normatividad de dicha Secretaría en el procedimiento sancionador derivado del acta de supervisión G 1706/2020, mediante el cual se proveyó lo conducente al escrito de veintitrés de marzo del año actual, por el que la parte quejosa solicitó que se emitiera la resolución que correspondiera a dicho procedimiento, y como consecuencia de ello se liberara la unidad automotriz marca: Dodge, tipo grúa, tipo "B", modelo 2008, placas 038NF7, número de serie 3D6WN56C48G237988; así como su notificación efectuada el veintiséis de marzo de este año. Proveído en el que se acordó que para que se emitiera la resolución respectiva era necesario que se presentara a integrar el citado procedimiento, para lo cual se le reagendó una cita para su comparecencia ante la responsable y derivado de ello se estaría en condiciones de acordar lo conducente respecto a la unidad detenida. Al respecto, a fin de establecer si el procedimiento sancionador constituye un procedimiento seguido en forma de juicio, resulta oportuno transcribir los artículos 194, 196 y 197 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco. De los numerales trascritos se advierte -en lo que interesa- que la Secretaría de Movilidad, al tener conocimiento de la comisión de infracciones o violaciones a esa Ley, su Reglamento o demás normativa jurídica aplicable, realizadas por los choferes u operadores, concesionarios o permisionarios, en la explotación de los servicios de transporte público y privado en todas sus modalidades, aplicará contra quien o quienes resulten responsables cual quiera de las sanciones ahí previstas (apercibimiento, cuando la infracción no aplicación de multa u otra sanción; multa; suspensión temporal o cancelación de concesiones y permisos). Asimismo, que la Secretaría a instancia de parte o de oficio, está facultada para investigar y sancionar las irregularidades en que incurran los concesionarios, permisionarios o particulares con motivo de la prestación del servicio de transporte público y privado. De igual modo, que la Secretaría se allegará de los elementos necesarios para sancionar las infracciones cometidas en contravención de lo previsto en Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco por los concesionarios y permisionarios, o sus representantes, choferes u operadores, empleados o personas relacionadas directamente con el transporte público y privado en todas sus modalidades, garantizando el derecho de audiencia al denunciado, conforme a lo dispuesto por dicha Ley y su Reglamento. Que el Reglamento determinará un procedimiento sumario y de pronta resolución de las sanciones o, en su caso, de solución amistosa; asimismo establecerá las sanciones que habrán de aplicarse para el caso en particular, en los términos de esa Ley. La Secretaría deberá tomar en cuenta la gravedad de la infracción y las condiciones socioeconómicas del infractor en los casos que lo amerite y en los términos del Reglamento. Además, de que todo prestador del servicio de transporte público y privado que cometa infracciones a la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, su Reglamento o demás disposiciones aplicables, deberá, en un plazo de cinco días hábiles, con el acta que al respecto se levante, acudir a desahogar el procedimiento de resolución de sanciones establecido en el Reglamento para que proceda a realizar el pago respectivo por dicha sanción; una vez realizado el citado pago deberá acudir al departamento de sanciones de la Secretaría a recoger la documentación que, en su caso, le haya sido retenida y tramitar la liberación de la unidad, si ésta fue detenida. También, que en caso de no estar conforme el infractor con la sanción que le fue impuesta, podrá interponer los recursos establecidos en dicha Ley. De lo anterior, se aprecia que lo reclamado se emitió dentro de un procedimiento sancionador; sin embargo, no constituye la resolución definitiva que lo da por concluido, pues no se trata de aquella con la culmina, sino de una determinación tomada durante su substanciación, lo que hace improcedente el juicio de amparo dado que éste solo procede hasta que se dicte la resolución que pone fin a la instancia, momento en el que se puede reclamar tanto ésta como las violaciones cometidas en la secuela de aquél; ello, a fin de no obstaculizar injustificadamente la resolución que determine si se infringió o no lo dispuesto por la legislación aplicable Máxime que no se está en el caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra determinaciones emitidas en un procedimiento seguido en forma de juicio, dado que lo reclamado no constituye un acto de imposible reparación. Para explicar lo anterior, es menester señalar que la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio de imposible reparación está regulada en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de dos mil trece. De los preceptos constitucional y legal reproducidos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación, los que para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Ahora, si en el caso se reclama el acuerdo en el que se acordó que para que se emitiera la resolución respectiva en el procedimiento de origen era necesario que se presentara a integrarlo, para lo cual se le reagendó una cita para su comparecencia ante la responsable y derivado de ello se estaría en condiciones de acordar lo conducente respecto a la unidad detenida; es inconcuso que tal determinación sólo produce efectos meramente formales, dado que la consecuencia de la referida determinación es únicamente la continuación del juicio a fin de concluirlo, de ahí que sus efectos pueden desaparecer si resulta favorable al quejoso la resolución que ponga fin al procedimiento, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, debido a que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, incisos a) y b), de la legislación citada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo..."

  4. Principal

    "..Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se agrega a los autos, el oficio signado por el 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del proveído de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; así como, las constancias de notificación a las partes de la contienda laboral 5406/2019, actuaciones que se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que, de no hacerlo, el suscrito, tomando en consideración los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable, resolverá respecto de dicho cumplimiento..."

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