Julia Veronica Solis Salazar
Expediente 1176/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julia Veronica Solis Salazar
Actuaciones
- Principal
MESA V B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA IIIB "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número "3" Noreste", con sede en Matamoros Tamaulipas, por medio del cual, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio, informa que quedó notificado de la determinación de traslado del quejoso, del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", al Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-DURANGO", emitida por el Coordinador General de Centros Federal en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social con sede en la ciudad de México. De lo que se toma nota para los fines legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por JULIA VERONICA SOLIS SALAZAR, contra actos de los INTEGRANTES DE LA JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1176/2018. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala esencialmente, como actos reclamados, los siguientes: "1.- La omisión de dictar y notificarme el acuerdo mediante el cual proceda al dictado de la calificación de pruebas, en el que se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica consignada en el artículo 82, de la Ley de Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado; dentro del expediente 188/2017, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En cuanto a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del precepto 107, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.;" En efecto, se actualiza la citada causa de improcedencia que refiere que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, para que se produzca tal afectación, las consecuencias de los actos reclamados deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegará a trascender al resultado del fallo. Luego, como en el caso, se advierte que la quejosa reclama violaciones al artículo 17 Constitucional, con motivo de la omisión de las responsables, traducida ésta en la dilación de la calificación de pruebas y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica consignada en el artículo 82 de la Ley de Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado; dentro del expediente 188/2017, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Sin embargo, la parte quejosa señala que el siete de agosto del año en curso, solicitó ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se procediera al dictado del auto de calificación de pruebas, en la que se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica, y por tanto, tal acto no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, dado el corto tiempo que ha transcurrido desde la emisión de dicho acuerdo y la fecha en que se presentó la demanda de amparo, por lo que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, y que no actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, por los motivos que la conforman, la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto, siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por tanto, se concluye que es improcedente el juicio de amparo que contra los actos ya mencionados promueve JULIA VERONICA SOLIS SALAZAR, en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Téngase a la parte promovente señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para tal efecto a la persona que refiere. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
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