Julia Sanchez Flores

Expediente 1114/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1114/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Julia Sanchez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de queja Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa ********************, en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número ********************, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Vieyra*

  2. Principal

    A las nueve horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Julia Sánchez Flores, el contenido del proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: Apizaco, Tlaxcala, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de queja. Agréguense los escritos segados por la quejosa Julia Sánchez Flores, en atención al primero de ellos, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado Tribunal Colegiado. Vinculación de expediente. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial "A" en cargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, para que haga disponible el expediente electrónico, formado con motivo del presente asunto, a fin de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso hecho valer, pueda consultarlo y/o vincularlo. Se autorizan copias certificadas. En atención al segundo de los escritos signado por la quejosa Julia Sánchez Flores, en atención a su contenido, como lo solicita con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase, a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos. En ese sentido, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias de mérito, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1308 (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    A las nueve horas del seis de septiembre de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Julia Sánchez Flores, el contenido del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: En Apizaco, Estado de Tlaxcala, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Julia Spanchez Flores, a través del cual, desahoga la prevención formulada por auto de veintidós de agosto del año que transcurre; y al efecto precisa lo que se advierte de las siguientes imágenes: Se desecha demanda. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio constitucional, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. De esta forma, lo manifiesto se da si el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que si se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En este sentido, de la lectura integral del escrito de demanda y de los escritos aclaratorios, presentados por Julia Sánchez Flores, se advierte que reclama de la Secretaría del Trabajo y Competitividad y otra autoridad el despido del que fue objeto, trayendo como consecuencia la retención de su salario quincenal a partir del uno de julio de dos mil veintitrés; así como actos de acoso laboral, derivado del estado de gravidez que cursa la quejosa. Ahora bien, con base a las premisas señaladas por la parte quejosa, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, deriva del hecho de que señala como autoridad responsable a la Procuraduría del a Defensa del Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Competitividad y a la propia Secretaría; sin embargo, para efectos del juicio de amparo, dichas dependencias no son autoridades responsables cuando se les atribuye actos que derivan de una relación laboral. Por lo tanto, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1, fracción I, y el artículo 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El tercero de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa mutuo propio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió los aspectos distintivos del concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, la cual es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a dicha jurisprudencia, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que tenga características de órgano público; c) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, d) Emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, el acto que reclama la parte quejosa se hace consistir en el despido del que fue objeto, trayendo como consecuencia la retención de su salario quincenal a partir del uno de julio de dos mil veintitrés; así como actos de acoso laboral, derivado del estado de gravidez que cursa la quejosa. Como se puede apreciar, los actos que la parte quejosa señala como reclamados en el presente juicio, derivan de la relación laboral que sostuvo con las autoridades que señala como responsable; actos que no reúnen los elementos necesarios para ser considerados como provenientes de autoridad y estimar que en su contra resulta procedente el juicio de amparo. De ahí, que esas cuestiones, se vinculan con una relación laboral, esto es, los actos de los que se duele la parte quejosa, quedan comprendidos en la relación patrón-empleado que los vincula, relación que será regida por ordenamientos de derecho laboral, lo que significa que las controversias que se susciten deben ser ventiladas mediante los procedimientos ordinarios conducentes y no a través del juicio de amparo, ello en virtud de que, el juicio de amparo constituye un medio de defensa extraordinario para que los gobernados puedan hacer proteger sus derechos constitucionales de las violaciones que al respecto cometan las autoridades. Se afirma lo anterior, en virtud de que si bien de acuerdo a su naturaleza jurídica, las autoridades responsables, son organismos pertenecientes a la Administración Pública Centralizada del Estado, no por ese sólo hecho, todos sus actos u omisiones resultan susceptibles de considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues de acuerdo a las consideraciones vertidas en párrafos que anteceden, concretamente, que el acto del que se duele la parte quejosa, tiene su origen en una relación laboral patrón-trabajador. De ahí que se torne improcedente el presente juicio por parte de este órgano jurisdiccional, en virtud de tal carácter particular. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en realidad, no deriva de una relación de supra-subordinación entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables, sino de una de coordinación, en tanto deriva de la relación de trabajo equiparada existente entre éstas y la promovente, en virtud del contrato laboral que celebraron, constituyendo derechos y obligaciones recíprocos en un plano de igualdad, en el que surgió un conflicto laboral; por ende, cualquier controversia que se suscite con motivo de dicha relación contractual debe ser resuelta por el tribunal laboral competente y no en esta vía Corroboran lo anterior las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los actos realizados por los órganos del Estado, en su carácter de patrones, en los que han establecido: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." (Jurisprudencia 2a./J. 111/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXII, agosto de 2010, página 444, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." (Jurisprudencia 2a./J. 38/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXV, marzo de 2007, página 275, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto." (Jurisprudencia 2a./J. 97/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 152, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Julia Sánchez Flores. Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano de amparo, las manifestaciones hechas valer por la parte promovente, relativas a la discriminación laboral por razón de género y condición de salud (estado de gravidez); solicitando el otorgamiento de seguridad social. Al respecto, toda vez que en la presente determinación, ha quedado clarificado que el acto del que se duele la parte quejosa, tiene su origen en una relación laboral patrón-trabajador, es dicha autoridad laboral, quien durante la tramitación del juicio laboral respectivo, esta facultada para proveer lo conducente y decretar las providencias cautelares necesarias, oportunas y suficientes a fin de asegurar la salud de la mujer embarazada, pudiendo extenderse dichos beneficios de seguridad social, hacia sus beneficiarios o dependientes económicos. Apoya lo anterior, la tesis III.5o.T.6 L, consultable en la página dos mil novecientos tres, del Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de febrero de dos mil veintiuno, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "PROVIDENCIAS CAUTELARES SOLICITADAS EN UN JUICIO LABORAL CON MOTIVO DEL EMBARAZO. CON EL ALUMBRAMIENTO NO CESAN LOS EFECTOS DE SU NEGATIVA, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: La quejosa reclamó en amparo indirecto la resolución que declaró improcedentes las providencias cautelares consistentes en que el patrón proporcionara la atención médica, hospitalaria y suministros necesarios de manera oportuna, suficiente y bastante con el fin de garantizar el buen curso del embarazo y el alumbramiento sano y normal del producto de la concepción, solicitadas durante la tramitación del juicio laboral promovido con motivo del despido injustificado por razón de su embarazo. El Juez de Distrito consideró que el acto reclamado cesó en sus efectos, debido a que a la fecha de presentación de la demanda de amparo ya había ocurrido el alumbramiento, por lo que sobreseyó en el juicio, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, determinación que constituye el acto reclamado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegido de Circuito determina que con el alumbramiento no cesa en sus efectos la resolución negativa de providencias precautorias (seguridad social) solicitadas en el juicio laboral que versa sobre el despido injustificado por razón del embarazo, ya que la necesidad de seguridad social a cargo del patrón, y sus beneficios, como la atención médica en su concepción más amplia, son requeridos por la trabajadora después del parto, y constituyen el medio para asegurar su derecho a la integridad personal, en relación con su derecho a la salud (en razón del embarazo), máxime que el juzgador debió considerar que se encontraba frente a un caso de derecho a la estabilidad laboral reforzada de aquélla, que lo obligaba a un escrutinio estricto del acto reclamado en relación con los derechos humanos de la quejosa; de ahí que no se actualice la causa de improcedencia referida. Justificación: El reclamo de una resolución que niega la providencia cautelar, consistente en seguir gozando de los beneficios de la seguridad social, como es la atención médica, hasta en tanto se resuelve el juicio laboral en el que demandó al patrón por despido injustificado por razón del embarazo, debe resolverse bajo la perspectiva de género y el principio de estabilidad laboral reforzada, que permiten advertir que asegurar la salud de la mujer embarazada obliga a tomar medidas especiales, no sólo durante el embarazo sino también después de éste, a fin garantizar el derecho a la salud sin discriminación de la mujer trabajadora y que, incluso, en muchos casos los beneficios de seguridad social con motivo del trabajo se extienden hacia sus beneficiarios o dependientes económicos. Lo anterior encuentra fundamento en los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en sus dos apartados establece el derecho de las mujeres embarazadas a conservar su empleo; 11, numeral 2, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que reconoce expresamente el derecho de la mujer a no ser despedida con motivo de su embarazo; así como los artículos 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", en cuanto a la relación entre el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud cuando se trata de la atención a la salud de la mujer embarazada." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Quejosa intenta desahogar prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Julia Sanchez Flores, mediante el cual intenta desahogar la prevención formulada en auto de quince de agosto del año en curso. Ahora bien, visto el contenido del escrito de cuenta, no se tiene cumplimentada en su totalidad la prevención del auto de referencia, toda vez que las manifestaciones las efectuó sin la protesta de decir verdad. Es aplicable al anterior argumento la tesis P./J. 127/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.... Lo anterior, pues si bien precisa cada uno de los puntos requeridos, no lo hace bajo dicha solemnidad, es decir, manifestar los antecedentes "bajo protesta de decir verdad"; siendo que constituye requisito en término de lo dispuesto por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Asimismo, del escrito de cuenta, también se advierte que incorpora como autoridad responsable, al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sin especificar que actos le atribuye. Atento a lo anterior, requiérase a la parte promovente para que dé cumplimiento total a lo ordenado en el auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, y manifieste dichos requerimientos bajo protesta de decir verdad. Asimismo, toda vez que al momento de intentar desahogar la prevención que le fue formulada, requiérase a la promovente a fin de que bajo protesta de decir verdad, aclare los siguientes puntos: Señale que acto o actos reclama al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala; y, manifieste bajo protesta de decir verdad los antecedentes de dichos actos. Aclare si fue despedida o no de su centro de trabajo. Lo anterior, toda vez que del escrito inicial de demanda en el punto señalado como "IV.- NORMA GENERAL QUE SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE"; refirió lo que se advierte de la siguiente imagen:... Es decir, refirió haber sido despedida con motivo de su condición de gravidez, y en el escrito aclaratorio refiere que no ha sido notificada de despido alguno. Por lo tanto, deberá aclarar tal contradicción a fin de acordar lo conducente, apercibida que de no ser clara en este punto, e incurrir en la conducta a que alude el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a la sanción dispuesta en dicho ordenamiento, que establece lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)." 3. Manifieste las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que le fue expedida la incapacidad médica a que alude en su escrito aclaratorio, asimismo informe quien o que dependencia se la otorgó. 4. Refiera si aún se encuentra de incapacidad, pues refirió que ésta se encontraba vigente hasta el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés; o bien, refiera su estatus a la fecha. 5. Informe si la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Competitividad, ya dio contestación a su escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés y recibido en dicha dependencia el dieciocho siguiente, de ser afirmativo informe el sentido. Apercibimiento Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el presente proveído, en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se procederá a realizar el análisis del escrito de demanda conforme fue planteado inicialmente, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe.

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