Julia Ramírez Morales y Otros.

Expediente 10/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
10/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2019

Partes del expediente

  • Julia Ramírez Morales y Otros.
  • Julia Ramírez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Ha causado estado el proveído dictado el siete de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra el acto y autoridades responsables que enseguida se precisan: Acto reclamado. i) Orden de traslado a diverso centro penitenciario. Autoridades responsables. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito" Almoloya de Juárez, Estado de México (ordenadora). Director General de Prevención y Readaptación Social, en el Estado de México (ordenadora). Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México (ordenadora). Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ordenadora). Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ordenadora). Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ordenadora). Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (ordenadora). Jefe del Departamento de la Secretaría de Gobernación (ordenadora). Comisionado del Órgano Administrativo (ordenadora). Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, Ciudad de México (ordenadora). Secretaria de seguridad Ciudadana del Estado de México (ordenadora). Secretaria General de Gobierno del Estado de México. Secretaria General de Gobierno de la Ciudad de México (ordenadora). Subdirección de Prevención y Readaptación Social del Estado de México (ordenadora). Secretaría de Gobierno del Estado de México (ordenadora). Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" de Almoloya de Juárez, Estado de México (ejecutora). Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez (ejecutora). Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 10/2019-IV y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Desechamiento Este juzgado advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 18, párrafo segundo, desentrañado en sentido contrario, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sustentarlo, se parte del contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concomitancia con el precepto 18, párrafo segundo, interpretado contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyo contexto se obtiene que es improcedente el juicio de amparo cuando no se sigan las directrices establecidas para el sistema penitenciario que se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del inculpado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para e´l prevé la ley; y, que está a cargo del juez de ejecución, cuyo mecanismo debe agotarse previamente, con base en la tesis jurisprudencial 1a./J.79/2018 (10a.), del epígrafe "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", en el que se desarrolla el alcance del artículo constitucional invocado. Sobre el sistema penitenciario, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, establece el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, según corresponda, en tanto que se obtiene: 1) La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esa ley. 2) El desarrollo de los procedimientos dentro del sistema penitenciario debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. 3) La autoridad penitenciaria tiene como funciones básicas, en lo que interesa, ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. 4) En sus competencias, el juez de ejecución deberá, en lo que interesa, garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esa ley, además de todas aquellas que establezca la ley. 5) Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando su proceso; asimismo, que las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de su libertad en el centro de reclusión más cercano a su domicilio, sin que sea aplicable en los casos de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas de seguridad especiales. 6) Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operaran cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación de acuerdo con el artículo 18, párrafo tercero, de la constitución, casos en los que no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo de dicho precepto legal; de igual forma, al existir interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor y no procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas que estén sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 7) El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de personas sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 8) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: i) en caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) en caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 9) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 10) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 11) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 12) Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, que se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales, mientras que la autoridad penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del centro o de la persona que ésta designe, quien podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuencia de un derecho fundamental. 13) En los procedimientos ante el juez de ejecución podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia: i) la persona privada de la libertad; ii) el defensor público o privado, iii) el ministerio público; iv) la autoridad penitenciaria, el director del centro o quien lo represente; v) el promovente de la acción o recurso; y, vi) la víctima o su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 14) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 15) Una vez recibida la solicitud se registrará la causa y se turnará al juez competente, el juez de ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para admitir, prevenir o desechar; en caso de prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud y en caso de no hacerlo se desechara de plano; admitida la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata, sin que pueda exceder el término de veinticuatro horas, en caso de que no se notifique se entenderá que fue admitida la solicitud, pudiéndose acumular en el auto admisorio las solicitudes que tengan un mismo objeto total o parcial y el auto que admite o niegue la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. 16) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 17) Previo a cualquier audiencia el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, esta será presidida por el juez de ejecución y se realizará en términos de ley. 18) La audiencia se desarrollará sujetándose a las siguientes reglas: i) el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora señalados, declarará abierta la audiencia y dará una explicación breve del motivo de la misma; ii) el juez de ejecución verificará que las partes conozcan sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario se les hará saber; iii) el juez de ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; iv) las partes discutirán sobre la admisión de los medios de pruebas o apelar su admisión; v) el juez de ejecución admitirá los medios de prueba y procederá a su desahogo; vi) las partes formularán alegatos finales; vii) el juez declarará cerrado el debate; y, viii) emitirá su resolución y la explicará a las partes. 19) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. 20) Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. 21) La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme, transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el juez de ejecución de oficio, o bien, a petición de parte requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma; cuando la autoridad penitenciara manifieste haber cumplido, el juez notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga al respecto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución el juez de ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad en el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre su cumplimiento o no, cuando la autoridad informe que la resolución fue cumplida parcialmente, o que es de imposible cumplimiento, el juez si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento, de no hacerlo se aplicaran las medidas de apremio que correspondan. Cuando la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el juez de ejecución escuchando a las partes fijara un plazo razonable para el cumplimiento. En el caso de que la autoridad penitenciaria no cumpliera dentro del plazo establecido, el juez requerirá su cumplimiento a sus superiores jerárquicos aplicando las medidas de apremio conducentes. También es importante destacar la naturaleza del juez del sistema penal acusatorio (jueces de control y ejecución), que se encuentra delimitada con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, establecida en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal; en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete; y, en el dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete. En ese sentido, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos, en lo que interesa, de los indiciados cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. Además, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también, en todos los casos señalados debe resguardar los derechos de los imputados. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o compartimientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales, en lo que interesa del inculpado. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso, o bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. De esa manera, los jueces de control, quienes a su vez fungirán como ejecución, estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, sirven como base para establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad de que se trata, porque la parte quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, ante el juez de control o ejecución, quien es garante de garantes, debió agotar primero el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, esto es, la orden de traslado y su ejecución, situación que el promovente del amparo omitió realizar; es más, si lo considera y de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, puede combatir mediante recurso de apelación los traslados involuntarios de las personas privadas de la libertad, en su carácter de procesadas o sentenciadas, ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. En efecto, ante la latente orden de traslado involuntario que hace patente el quejoso, es inconcuso que cuenta con un medio de defensa, porque no sólo bajo la posible emisión o ejecución del mismo sino mediante la incitación de una controversia ante el juez de control o de ejecución puede hacer patente que están a punto de cambiar sus cuestiones de internamiento, entre éstas, el lugar de su reclusión. Sin que se soslaye que existe el pronunciamiento sostenido en la ejecutoria emitida el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en la contradicción de tesis 154/2016, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que surgió, por cierto, la tesis jurisprudencial 1a./J. 58/2016 (10a.), del epígrafe: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA"; pero tal criterio, en el caso no es aplicable, con lo cual, no se contraviene lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en tanto este órgano jurisdiccional con la postura jurídica asumida no está resolviendo contra jurisprudencia. Es así, porque el posicionamiento en cita sostenido por el Supremo Tribunal del País, surgió con motivo de los actos arbitrarios que se suscitaban fuera de todo procedimiento porque carecían de la vigilancia o revisión de un juez y, por ende, atentaban contra la libertad en contravención al artículo 22 constitucional; y, en ese momento aún no entraba en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que tutela el sistema penitenciario, en el cual se encuentran comprendidos, en lo que interesa, las cuestiones de internamiento de las personas privadas de la libertad (sean inculpados o sentenciados) y los traslados voluntarios o involuntarios. En efecto, en ese criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando el precepto 22 constitucional, se contrae a un acto que constituya un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, se refiere a las actuaciones que pueden desplegar las autoridades que no revisten un carácter jurisdiccional, es decir, se trata de actos a través de los cuales cualquier otra autoridad que ostente diversa naturaleza pretenda afectar la libertad a una persona, pero sin que medie un debido procedimiento. Además de que ahí también se externa la preocupación por cumplir con la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, a fin de administrar justicia; en tanto, se hace patente que un acto de traslado no tiene una revisión judicial más la existente en el juicio de amparo indirecto; cuyo presupuesto ya no existe, porque ahora la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 50 y 51, establece la figura de los traslados voluntarios o involuntarios en los que necesariamente para determinar o avalar su legalidad debe conocer un juez especializado del sistema penal acusatorio (de control o ejecución, según corresponda). Con lo cual se garantizan los principios pro homine e in dubio pro actione que invoca también la Primera Sala a fin de salvaguardar el derecho humano de la libertad personal. Y algo muy importante que también establece la citada Sala y que constituye el referente para resolver de la forma en que se plantea en la presente determinación, es que de manera expresa índica que siempre para resolver sobre la procedencia del amparo y suspensión debe hacerse "sin soslayarse los presupuestos esenciales de su procedibilidad"; siendo así, entonces no se pasa por alto que previo a acceder al amparo debe cumplirse con el principio de definitividad, con base en las razones sostenidas en supralíneas. Lo anterior, sin que tampoco se contravenga lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 1a./J. 83/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", en el cual se determinó que cuando en un juicio de amparo se reclama como acto destacado una orden de traslado, debe admitirse al encontrarse acreditada tal situación con el dicho del promovente del amparo. Ello, tomando en consideración que dicho criterio fue emitido con base en los elementos jurídicos existentes en esa temporalidad -diciembre de dos mil quince-; sin embargo, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, de la cual se desprende la existencia del sistema penitenciario que contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual, las personas privadas de su libertad, pueden hacer reclamo sin mayores formalismos ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo; cuyo mecanismo de control, como ya se estableció, constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, porque se inicia con la presentación formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio y en el caso de que el acto sea urgente, puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, éste puede ordenar las acciones previstas necesarias para que cese; aunado a que, en caso de constituir una omisión se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria puedan ser impugnadas a través del recurso correspondiente. En esta virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Por tanto, es dable concluir que antes de acudir al juicio de amparo, debe agotar dicho mecanismo de control (medio de defensa), lo cual se encuentra en armonía con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, así como lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en su tesis 1a.LXXV/2011, del epígrafe: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", la cual establece en esencia que se debe tener presente que la entrada en vigencia de las normas procesales cabe señalar que son de aplicación inmediata a todas las contiendas que se inician o que están pendientes al tiempo en que entren en vigor. Pero esto no implica retroactividad, porque la aplicación de las leyes procesales mira a un hecho existente en la actualidad, esto es a la litis, no a un hecho pasado, cual es el negocio jurídico, y menos a la acción que se ejercita. De ahí que debe de aplicarse la norma procesal de manera inmediata; siendo dicho ordenamiento de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto de los internos en los centros de reclusión, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local. Por tanto, se colma la causal de improcedencia de que se trata y para sustentarlo se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE". Consecuentemente, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta del expediente vía Internet Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, para lo cual únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, conforme a los pasos que ahí se precisan. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio procesal y personas autorizadas Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en que se encuentra recluida la parte quejosa; asimismo, se advierte que no designó personas autorizadas. Vista a la fiscalía ante posibles actos graves Se informa a las partes que, si durante la tramitación del presente juicio se actualiza alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, se ordenará dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, como al efecto lo dispone la tesis jurisprudencial P./J. 13/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Presentación de promociones Sin que se desconozca la tesis jurisprudencial 1a./J. 3/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN", se recomienda a las partes que, para una mayor celeridad en la identificación de sus promociones, éstas deberán contener el número de expediente al que están dirigidas y, de ser posible, el de la mesa de trámite correspondiente. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Documentos originales exhibidos En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría pública, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Notificaciones En virtud de que la parte quejosa está privada de su libertad personal, el presente auto debe notificársele personalmente, en términos del numeral 26 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, se instruye al actuario judicial para que los subsecuentes que se lleguen a presentar, cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Además, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley de Amparo, así como 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Digitalización Ahora, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Jurisprudencia Conviene indicar que las tesis se invocan en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, porque no contravienen lo dispuesto en ella. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se desecha

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 6,755 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano