Julia Pano Solís
Expediente 880/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Julia Pano Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Gustavo Vega Ascencio, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con esta misma fecha hace constar la siguiente: CERTIFICACIÓN Número de promoción: 14376. Expediente: Principal 880/2019. Promovente: Autoridad Responsable. Motivo: Acusa Recibo; mismo que se ordena agregar a los autos para constancia legal. Doy fe.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el Punto Vigésimo Primero fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE HACE CONSTAR que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de cinco años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, de autos se advierte que obra por separado un tomo de pruebas relativo a las copias certificadas del juicio contencioso administrativo número 152/18-14-01-7, del índice de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; en virtud de lo anterior, devuélvase las citadas documentales a su lugar de origen, toda vez que resulta innecesario que continúe formando parte de este juicio de amparo.
- Principal
citatorio: notifico por list a la quejosa el acuerdo de 27/09/"019 que dice: Visto; el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Magistrada de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en suplencia por ausencia del Presidente de la Sala, con sede en esta ciudad, al que en apoyo al mismo anexó copia certificada del juicio contencioso administrativo número 152/18-14-01-7 de su índice, entre las que obran los acuerdos de cuatro de junio y trece de agosto, ambos de dos mil diecinueve. En este contexto, de las documentales que exhibió la autoridad responsable se advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia tal como se precisará más adelante. En efecto, toda vez que las causales de improcedencia son de estudio oficioso por considerarse de orden público, lo que implica la obligación del Juzgador de amparo de verificar la operancia de cualquier hipótesis de improcedencia en los juicios que se someten a su jurisdicción, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para poder invocar algún motivo de improcedencia dentro de la substanciación del juicio, se requiere que la citada causa goce de dos cualidades, que sea manifiesta, por lo que se entiende que se debe advertir en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En ese tenor, como quedó precisado este juzgador advierte de oficio que en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la diversa XIV, de la Ley de Amparo; basada en el diverso 217 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, la identificada bajo el consecutivo 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 12, del siguiente tenor: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." En efecto, los supuestos que deben darse para que dicha causal opere, según se advierte de la diversa tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo 217-228, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.", son: a) La existencia de un acto anterior consentido. Esta exigencia se cumple, pues basta imponerse de las constancias que integran el expediente 152/18-14-01-7, para advertir que el trece de agosto de dos mil diecinueve, el Presidente de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, archivó dicho expediente como asunto total y definitivamente concluido, en virtud de que por acuerdo de cuatro de junio anterior, declaró cumplida la sentencia dictada en ese procedimiento. b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Requisito éste que también se reúne en la especie, pues con motivo de lo determinado en el citado auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, en el acto ahora combatido el Presidente de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, archivó el asunto como total y definitivamente concluido. Partiendo de esa base, la causal de improcedencia en estudio, se justifica en razón de que no pueden abordarse los motivos de inconformidad que la quejosa plantea en contra del acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve, sin ocuparse obligadamente del estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un aspecto que no combatió en su oportunidad; y que por tanto, constituye cosa juzgada, pues el acto reclamado constituye una consecuencia directa de lo previamente determinado en el auto de cuatro de junio anterior, que como se dijo, es en donde se declaró cumplida la sentencia emitida en la mencionada contienda administrativa, situación que se notificó a la impetrante por el Actuario adscrito a la Sala responsable mediante correo electrónico enviado el cinco de junio de dos mil diecinueve y publicación realizada en el boletín jurisdiccional el once de junio de este año (foja 296 del primero tomo de pruebas). Luego, si el acto reclamado consiste en el proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve, a través del cual, en los autos del expediente 152/18-14-01-7, el Presidente de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, archivó dicho expediente como asunto total y definitivamente concluido, pero de autos se advierte que ello es consecuencia directa de lo previamente decidido en una actuación anterior (cuatro de junio de dos mil diecinueve), que es donde se declaró cumplida en sus términos la sentencia definitiva, la cual, no fue combatida en su oportunidad a través de la vía correspondiente, es inconcuso que, se insiste, el mismo deriva de uno consentido. Es así, pues considerar lo contrario, ocasionaría que la peticionaria pudiera reclamar cualquier determinación sin sujeción a principio temporal alguno, lo cual no sería lógico ni jurídico, ya que debió combatir el auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, puesto que fue ahí donde se determinó que la sentencia estaba cumplida, de ahí que al no haberlo hecho, precluyó su derecho para insistir sobre el aspecto decidido, con lo cual se configura la causa de improcedencia relativa a que se reclamen actos consentidos, ya que si el amparo no es procedente contra actos de esa naturaleza, tampoco lo será para aquellos que deriven de los propios actos que se consintieron. Ilustra lo expuesto, el criterio aislado emitido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 13, Volumen 205-216, Cuarta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que sobre el particular establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en vinculación con la XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, procede decretar el sobreseimiento del juicio, fuera de audiencia, en términos del numeral 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, no se llevará a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con cuarenta minutos del quince de octubre de dos mil diecinueve.
- Principal
Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Magistrada de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en suplencia por ausencia del Presidente de la Sala, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada del expediente 152/18-14-01-7 de su índice, en apoyo a su informe; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia; con el mismo y con las constancias de que se trata, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, visible en la página 594, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Ahora bien, tomando en consideración lo voluminoso de las copias certificadas del expediente que remite la autoridad responsable, fórmese por separado un tomo de pruebas relativo al juicio en que se actúa, el cual estará a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado cuando así lo soliciten. Finalmente, por cuanto hace al informe justificado que rinde el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, no ha lugar a tenerlo por rendido, toda vez que dicha autoridad no fue señalada como autoridad responsable en el presente juicio de amparo.
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