Julia Otilia Mendez Dzul

Expediente 866/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
866/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/08/2018

Partes del expediente

  • Julia Otilia Mendez Dzul

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos el oficio 5946 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de Decimocuarto Circuito en Estado de Yucatán, mediante el cual confirma la resolución de dos de agosto del año en curso, dictado en estos autos, y acepta la competencia declinada por este Juzgador, para conocer de la demanda promovida por GASPAR FRANCISCO MENDEZ MENDEZ, contra la sentencia de segunda instancia de cuatro de junio del presente año, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca de apelación 1217/2017. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que este expedientillo siga en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. Por otra parte, y a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental en términos de lo establecido en el punto Décimo primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, así como de documentos originales; por tanto, realícese la anotación que corresponde en la carátula del mismo. Asimismo, toda vez que el presente expedientillo de mérito se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, por lo que este deber ser DESTRUIDO; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio número 5665 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, mediante el cual informa que fue recibido el oficio 19768/2018 de dos agosto del año en curso, con el que se remitió, por motivos de incompetencia legal, el expediente relativo a los autos originales del presente juicio de amparo; formándose por tal motivo el expediente número 462/2018.

  3. Principal

    MESA VI. Vista la demanda de amparo indirecto promovida por GASPAR FRANCISCO MENDEZ MENDEZ y JULIA OTILIA MENDEZ DZUL, contra actos que reclama del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; al efecto, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. De la revisión de la demanda de mérito se advierte que los peticionarios de amparo reclaman la resolución de cuatro de junio del año en curso, emitido por la Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del toca 1217/2017 de su índice, en la que se confirmó la sentencia definitiva de tres de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero Mixto de Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, dentro del expediente 243/2016. Por tanto, en criterio de este Juzgador Federal, resulta evidente que al haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natura, la cual confirmó la Sala Colegiada Civil responsable, deviene en que ésta constituya una determinación de las que ponen fin al juicio, en tanto que sus efectos necesariamente son los de una sentencia absolutoria. Ahora bien, al respecto, el artículo 107 de la Constitución General de la República, en sus fracciones III, inciso a), V, inciso a), y VI, dispone que el amparo en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y que éstas no sean reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. A su vez, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por tanto, es claro que el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Como se observa, si el acto reclamado lo constituye la resolución de segunda instancia emitida en el toca civil 1217/2017, que confirmó la sentencia dictada en el juicio de origen; es evidente que dicha determinación constituye una resolución con la que concluye el procedimiento; por tanto, la reclamación correspondiente debe hacerse en vía de amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional, así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo que, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Atento a lo anterior, deberá remitirse el juicio de amparo en cuestión, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y se provea lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible a página 55, del rubro y texto siguiente: AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Por otro lado, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y fórmese el expedientillo correspondiente. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el predio marcado con el número ciento cuarenta y seis letra "C", de la calle veinticinco letra "A", con cruzamientos las calles veintidós y veinticuatro, del fraccionamiento Cipreces de Chuburna de esta Ciudad. Asimismo, se autoriza con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo a los citados para efecto en la demanda de mérito, toda vez que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    MESA VI. Vista la demanda de amparo indirecto promovida por GASPAR FRANCISCO MENDEZ MENDEZ y JULIA OTILIA MENDEZ DZUL, contra actos que reclama del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; al efecto, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. De la revisión de la demanda de mérito se advierte que los peticionarios de amparo reclaman la resolución de cuatro de junio del año en curso, emitido por la Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del toca 1217/2017 de su índice, en la que se confirmó la sentencia definitiva de tres de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero Mixto de Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, dentro del expediente 243/2016. Por tanto, en criterio de este Juzgador Federal, resulta evidente que al haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natura, la cual confirmó la Sala Colegiada Civil responsable, deviene en que ésta constituya una determinación de las que ponen fin al juicio, en tanto que sus efectos necesariamente son los de una sentencia absolutoria. Ahora bien, al respecto, el artículo 107 de la Constitución General de la República, en sus fracciones III, inciso a), V, inciso a), y VI, dispone que el amparo en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y que éstas no sean reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. A su vez, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por tanto, es claro que el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Como se observa, si el acto reclamado lo constituye la resolución de segunda instancia emitida en el toca civil 1217/2017, que confirmó la sentencia dictada en el juicio de origen; es evidente que dicha determinación constituye una resolución con la que concluye el procedimiento; por tanto, la reclamación correspondiente debe hacerse en vía de amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional, así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo que, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Atento a lo anterior, deberá remitirse el juicio de amparo en cuestión, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y se provea lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible a página 55, del rubro y texto siguiente: AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Por otro lado, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y fórmese el expedientillo correspondiente. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el predio marcado con el número ciento cuarenta y seis letra "C", de la calle veinticinco letra "A", con cruzamientos las calles veintidós y veinticuatro, del fraccionamiento Cipreces de Chuburna de esta Ciudad. Asimismo, se autoriza con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo a los citados para efecto en la demanda de mérito, toda vez que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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