Julia Muñoz Marcelino
Expediente 51/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Julia Muñoz Marcelino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos en que se actúa el oficio 207, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 3871/2019, del índice de este tribunal, por el que se le remitieron los autos originales del toca civil 449/2018 y el expediente 189/2018-3, constantes de ochenta y ocho (88) y doscientas ochenta (280) fojas útiles, según su folio.
- Principal
Visto la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos en que se actúa, de los que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de siete de febrero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto que DESECHÓ la demanda de amparo promovida por ********************, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido....
- Principal
Agréguese a los autos en que se actúa, el escrito original y cuatro copias, suscrito por la quejosa ********************, y anexos que acompaña, por medio del cual refiere desahogar la prevención formulada en auto de veintinueve de enero del año en curso.********************Atento a lo solicitado, dígasele que se proveyó lo relativo en proveído de siete de febrero en curso....
- Principal
Vista la certificación de cuenta, téngase a la parte quejosa por desahogada en tiempo la prevención de diecisiete de enero del año en curso. Por otra parte, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el escrito signado por Julia Muñoz Marcelino y anexos con firmas autógrafas y simples que acompaña, consistentes en original de la demanda de amparo y cuatro copias de la misma. Ahora, la suscrita estima que al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y (.)." De la literalidad de los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el caso, la parte quejosa se duele de la resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, dentro de los autos del toca civil 449/2018, en la que declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria por razón de materia, opuesta por la parte demandada (Rocío Vélez Guzmán), dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 189/2018. De la resolución reclamada misma que obra dentro del tomo de pruebas I, anexo a este juicio de amparo se desprenden los resolutivos siguientes: "Primero. Esta Sala Civil es competente para conocer y resolver la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción por razón de materia. Segundo. Se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción por razón de materia, opuesta por la demandada Rocío Vélez Guzmán, en contra del Juez de Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, en el expediente 189/2018-3, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por Julia Muñoz Marcelino, en contra de Rocío Vélez Guzmán. Tercero. Se ordena al juez de origen, se abstenga de seguir conociendo del presente asunto; y, a su vez, remita el original del expediente 189/2018-3, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con residencia en la ciudad de Iguala, Guerrero, quien de aceptar su competencia, lo haga del conocimiento de las partes, teniéndose por presentadas ante él, la demanda y su contestación, así como el desahogo de la misma de las excepciones que hizo la actora Julia Muñoz Marcelino; y se declara nulo todo lo demás actuado ante el juzgador declarado incompetente. Cuarto. No se hace especial condena en costas en esta instancia, ni se impone multa alguna a la excepcionista Rocío Vélez Guzmán, por la tramitación de la excepción que hizo valer. Quinto. Con copia certificada de la presente resolución, devuélvanse los autos del duplicado del expediente al juzgado de su procedencia, y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto totalmente concluido. Sexto. Notifíquese a las partes en términos de ley y cúmplase." Así, para evidenciar la calificativa realizada, conviene traer a contexto las premisas que en el caso interesan, sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014: Se sostuvo que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse el juicio de amparo indirecto, con fundamento en la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo anterior, ya que es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Así, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, citado, sino en el caso de que aquellas se tornen definitivas. Consideraciones que recayeron en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el citado Pleno del Más Alto Tribual del País, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, agosto de 2015, Libro 21, Tomo I, Materia Común, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De lo anterior se obtiene que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse el juicio biinstancial, con fundamento en la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, pues es hasta ese momento en que se tornen definitivas, ello para que sea procedente el juicio de derechos fundamentales. En ese sentido, de la resolución impugnada se advierte que la Sala responsable ordenó al juez natural que se abstuviera de seguir conociendo del asunto del que deriva este juicio y remitiera el original del expediente de origen al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con residencia en la ciudad de Iguala, Guerrero. Corolario de lo anterior, procede desechar por improcedente la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, ya que la competencia reclamada no tiene el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este momento no se ha producido afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita, por encontrarse inscritas en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, excepción hecha de Pedro Landa Moreno, ya que no se encuentra inscrito en el referido Registro, a quien únicamente se le tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del propio numeral, párrafo segundo, última parte.
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