Julia Mendoza Cruz
Expediente 407/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Julia Mendoza Cruz
- Julia Mendoza Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar perjuicio, así como tampoco las otras partes, hayan recurrido el auto de cinco de junio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que han perdido el derecho que pudieron ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese al presente juicio de amparo sólo para que obre como en derecho corresponda, la intervención ministerial 368/2018, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de Distrito; lo anterior, en virtud de que el cinco de junio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto.
- Principal
Agréguese al juicio de amparo en que se actúa para que obre como en derecho corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Administrador de la Aduana, por conducto del Administrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "4", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad; ahora bien, de las constancias con las que apoya su informe justificado se advierte que se actualiza una causal de improcedencia en este juicio. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se expondrá, resulta necesario dejar establecido que la parte quejosa reclama del Administrador de la Aduana de esta ciudad, el oficio 800-50-00-04-11-2018-03599, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el que declaró no procedente la celebración de las juntas técnicas consultivas que le fueron solicitadas mediante escritos recibidos por dicha responsable el doce de abril del presente año, relativos a los procedimientos administrativos en materia aduanera números 800-50-2018-RECPA/00016, 800-50-2018-RECPA/00014, 800-50-2018-RECPA/00015 y 800-50-2018-RECPA/00013. En relación con lo anterior, tenemos que la autoridad responsable Administrador de la Aduana de esta ciudad, en su informe justificado de cuenta, además de aceptar el acto reclamado, anexó copia certificada de las resoluciones emitidas el dos, tres y cuatro de mayo del año en curso, en los procedimientos administrativos señalados en el párrafo anterior, instaurados en contra de la aquí quejosa, y en donde se determinó fincarle créditos fiscales. Por tanto, se arriba a la conclusión de que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, ya que el suscrito juzgador se encuentra imposibilitado legalmente para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que reclama la parte quejosa, consistente en el oficio 800-50-00-04-11-2018-03599, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el que declaró no procedente la celebración de las juntas técnicas consultivas que le fueron solicitadas mediante escritos recibidos por dicha responsable el doce de abril del presente año, relativos a los procedimientos administrativos en materia aduanera números 800-50-2018-RECPA/00016, 800-50-2018-RECPA/00014, 800-50-2018-RECPA/00015 y 800-50-2018-RECPA/00013. Lo anterior, toda vez que, se reitera, la Aduana responsable emitió las resoluciones relativas a los procedimientos administrativos de donde emana el acto aquí reclamado, en donde como se dijo con anterioridad, se determinaron créditos fiscales, siendo evidente que ha cambiado la situación jurídica en que se encontraba la parte aquí quejosa, acarreando, por ende, la consumación irreparable de dicho acto reclamado en este juicio, pues se estima, tal acto de autoridad ha sido sustituido procesalmente por las resoluciones administrativas a que se ha hecho referencia, las que se considera ahora son las que, en su caso, le causan agravio a la parte quejosa. Ello es así, pues se considera que si se lleva a cabo el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado, se afectarían en cuanto a sus efectos jurídicos las resoluciones que se dictaron en los procedimientos administrativos en comento, las cuales no son reclamadas en este juicio de amparo. Así es, del texto del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, y con posterioridad, se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, como en la especie acontece, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado en amparo, sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Sobre esa tesitura, se reitera, las resoluciones emitidas dentro de los procedimientos administrativos en materia aduanera de que se ha hablado, han sustituido procesalmente el acto reclamado en este juicio de amparo, y en esa virtud, se considera que dichas resoluciones son ahora las que le causan agravio a la parte quejosa, cambiando su situación jurídica en dichos procedimientos administrativos, actualizándose la causa de improcedencia en estudio. En relación con lo anterior, debe decirse que es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, como ya se ha dicho. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad, como en la especie acontece. Claro está, es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por la parte quejosa respecto a los actos que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido (resoluciones administrativas); esto es, si este órgano jurisdiccional analiza el acto reclamado, y declara fundadas las objeciones de la parte quejosa, podría darse el caso de que se revocara el mismo, subsistiendo los actos autónomos posteriores y sus consecuencias, que lo son las resoluciones administrativas de trato, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de amparo, pues la sentencia de amparo no podría restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que estima violados, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por la parte quejosa. Desde esa óptica jurídica, se reitera, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente en el caso concreto es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Incidental
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo 146 de la Ley de Amparo, seR E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Julia Mendoza Cruz, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos legales expuestos en el considerando segundo de esta resolución.
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